Alberto Fernández fue a Vaca Muerta a anunciar, finalmente, su Plan Gas. Al día siguiente, el país se anoticiaba del tercer naftazo en tres meses consecutivos, del 3,5% promedio a nivel nacional. Los estímulos a los pulpos de los hidrocarburos, en definitiva, son a costa de los trabajadores.

Los precios de los combustibles ya habían aumentado 4,5% a mediados de agosto y otro 3,5% en septiembre, en promedio -en Capital y el Conurbano las subas llegaron a ser del 6%. De esta manera, comenzó un esquema de naftazos que retroalimentan la aceleración inflacionaria -las consultoras estiman que en octubre superará los 3 puntos. Pero constituye solo un aspecto de lo que se viene.

El objetivo central del nuevo Plan Gas es, como no podía ser de otra manera, evitar que por importación de gas en el próximo invierno se fuguen dólares necesarios para el repago de la deuda. Para lograrlo se establecen jugosos estímulos a las empresas, en función de incitarlas a incrementar la producción. Se fijó que, por el resto del mandato, el precio pagado por millón de BTU en las licitaciones será en torno a 3,7 dólares, aproximadamente un 50% por encima de lo que reciben actualmente (y eso al tipo de cambio oficial actual). Es, además, un 25% más de lo que los pulpos del sector señalaban como piso para invertir.

Parte de ese incremento que se pagará al gas en boca de pozo, es decir a las petroleras que extraen los hidrocarburos, será trasladado por las distribuidoras a las tarifas que pagan los usuarios residenciales. Las familias trabajadoras deberán afrontar nuevos tarifazos. El resto se cubrirá con subsidios, por el orden de unos 1.500 millones de dólares -unas siete veces y media lo que se calcula en la “sarasa” del Presupuesto 2021. Hay que prestar atención a que tanto el monto de estas partidas como el precio del gas haya sido fijado en dólares, un reaseguro ante la inminente devaluación.

Otro punto del Plan es el anuncio de que YPF invertirá en Vaca Muerta unos 1.800 millones de dólares para incrementar la producción de gas en los próximos tres años. De movida, hay que considerar que el punto de partida es un desplome, ya que en el último año su producción de gas cayó un 25% -lo que explica más de la mitad de la contracción total de la producción. Pero, a su vez, esto que según el discurso de Alberto Fernández “significa más trabajo”, en realidad forma parte del “plan de optimización” de la compañía de mayoría accionaria estatal, que consiste en reducir un 30% sus costos operativos.

Es la señal de largada del punto no escrito del Plan Gas: la reforma laboral. YPF viene de anunciar “retiros voluntarios” para un quinto del personal y de firmar un preacuerdo con la conducción del sindicato petrolero que lidera Guillermo Pereyra para volver a flexibilizar el convenio colectivo de trabajo. Las petroleras, de hecho, celebran haber alcanzado casi la misma producción que antes de la pandemia pero con cerca de la mitad del personal.

En conclusión, para abastecer la demanda que fija el gobierno los pulpos se basarán en un incremento sin precedentes de la productividad a costa de los puestos de trabajo, las conquistas laborales, y la seguridad de los petroleros -recordemos que la adenda de 2017 se cobró ocho vidas obreras en menos de dos años.

Se barajan además otros incentivos. Está en estudio aflojar el cepo para las petroleras, de manera que puedan disponer de un cuarto de las divisas que embolsen por exportación. Esto, recordemos, cuando a principio de año se les redujeron las retenciones, por lo cual exportaron con casi nulos gravámenes gran parte del crudo que no pudieron vender en el mercado interno durante la cuarentena.

Los subsidios, sin embargo, agravarán el déficit fiscal. Tanto su costo como la magnitud de los tarifazos están indexados a la devaluación. Es otra de las contradicciones mortales de la deriva de la política económica oficial, por las que la depreciación del peso -impuesta por el fracaso del gobierno- abre seriamente las perspectivas de un Rodrigazo. Todo esto no redundará en desarrollo nacional alguno, como afirma Alberto Fernández, sino en mayores beneficios de las Chevron, y todo solamente para contar con dólares necesarios para cumplir con el FMI y los bonistas.

Solo la nacionalización integral de la industria hidrocarburífera, bajo control obrero, puede dar lugar a un desarrollo en función de los intereses nacionales, como parte de un plan económico discutido y dirigido por los trabajadores.