En una nueva conferencia de prensa, con la participación del presidente Alberto Fernández, el gobernador bonaerense Axel Kicillof y el jefe de Gobierno porteño Horacio Rodríguez Larreta, a pocos días de vencerse el plazo de la continuidad de la cuarentena flexibilizada, volvió a ratificarse el rumbo de pocos cambios y de mayor apertura económica, hasta el 30 de agosto, a pesar del reconocimiento de un crecimiento en la circulación de las personas y, por lo tanto, del coronavirus. Esta vez, Fernández no ignoró por completo el papel de las industrias, solo que, llamativamente, dijo que “todo eso ha funcionado maravillosamente bien” volviendo a responsabilizar de los contagios a los encuentros sociales: algo que se ha manifestado contrario a la realidad. De esta manera, seguimos sin ninguna medida efectiva para detener la curva de contagios y el colapso sanitario.

Los dichos del presidente encubren una verdad a medias, ya que a renglón seguido se refirió a las industrias y comercios “que han respetado los protocolos”, donde no se han producido nuevos contagios; sin embargo, se trata de la excepción y no de la regla: la mayoría de las patronales violan sistemáticamente los protocolos, o siquiera los cumplen parcialmente, siendo estos lugares los principales propagadores del contagio masivo. Es lo que ocurre en las cadenas de hipermercados, en los parques industriales de la provincia de Buenos Aires, en el cordón industrial de Santa Fe, en la industria cordobesa, etc. El dato más interesante lo arroja el crecimiento de la propagación del virus en Tierra del Fuego. Pero no en cualquier zona. Siquiera particularmente en su capital (Ushuaia). Sino en la región de Río Grande, donde se concentra la actividad industrial de la provincia.

El presidente blanqueó en todo momento que la cuarentena ya no era tal cosa y que la actividad económica ya se encuentra, en gran medida, habilitada. El mismo Fernández reconoce que “fuimos abriendo la circulación de la gente y abriendo actividad”. Kicillof fue más lejos y reivindicó las estadísticas que comprueban que en la Argentina la circulación se encuentra en un 75%, en relación al periodo previo a la cuarentena. Con estas cifras sería natural pensar en medidas extraordinarias para controlar la principal causa de circulación: la actividad económica. Y más aún el impacto en sus derivados, como lo es el uso del transporte público y el contacto estrecho en los lugares de trabajo. Sin embargo, de eso no se ha dicho nada.

Fernández volvió a señalar a la juventud y a las supuestas “fiestas clandestinas”, de lo que nadie ya sabe de qué habla. Incluso reivindicó la política del gobernador Schiaretti de sancionar económicamente las reuniones familiares. Y volvió con la tesis del gobernador Gerardo Morales respecto a la propagación del virus en Jujuy por culpa de “dos obreros que compraron hojas de coca en Bolivia y otro que compró mercadería”: un disparate, cuando en el ingenió Ledesma se cuentan más de 221 contagios, 6 muertes y el foco se ha propagado a toda la ciudad de Libertador General San Martin (con casi 4.000 contagios y más de 90 muertes) y su periferia.

El único aliciente para la población fue la presentación de la vacuna -aún de efectividad incierta- que estaría disponible para el primer semestre del año próximo, lo que implica que hasta la fecha solo quedaría esperar que la situación no se desmadre. En Jujuy la saturación del sistema sanitario ya llegó a un 93%, mientras en CABA es del 75% y en el Gran Buenos Aires del 64% (68% promedio en el Amba).

Una actividad (des)controlada

Con unos 276.072 de infectados, 5.362 fallecidos y un mapa de contagios que sigue diversificándose, con un reconocimiento oficial de circulación comunitaria en 14 provincias, es ilógico pensar en seguir como estamos.

Los protocolos existentes son escasos y vulnerados en todos los lugares, ya que a las patronales les es más beneficioso lidiar con los contagios que adaptar sus procesos de producción y su actividad, a las medidas sanitarias y de seguridad requeridas. Una muestra de ello es el propio Estado, donde siguen estallando bombas epidemiológicas en los hospitales públicos, con decenas de trabajadores de la salud contagiados. Ahora a Larreta, en consulta con el ministro Trotta, se le ocurre retomar las clases presenciales para aquellos estudiantes que carezcan de conectividad: un principio de retorno gradual a las aulas para evitarse proveer de computadoras e internet a las familias más necesitadas, con el agravante de que no solo han quedado excluidos sino que ahora son expuestos al contagio por su propia condición de pobreza.

La solución a esta crisis es de fácil implementación y de resultados efectivos: protocolos sanitarios para cada lugar y actividad, elaborados por las comisiones internas y la asamblea general, y por comisiones de seguridad e higiene electas, allí donde no exista organización sindical, que supervisen su efectivo cumplimiento. El gobierno ni siquiera necesitaría de un ejército de inspectores para llegar a cada rincón del país, sería mucho menos de lo que se gasta en desbaratar supuestas “fiestas clandestinas”. Pero sí significaría la afectación de los intereses patronales, quienes no quieren ver disminuidas sus ganancias y su rentabilidad por el entorpecimiento de los procesos productivos. El gobierno omite deliberadamente estas circunstancias, actuando en complicidad con los intereses patronales contra los trabajadores, su salud y sus vidas.

Pongamos en pie la lucha por los protocolos sanitarios de los trabajadores, como lo vienen haciendo los compañeros del Sutna (neumático), el Inti y Aluex, para detener los contagios y evitar una catástrofe sanitaria.

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