El presidente Alberto Fernández estuvo en el día de ayer en Tortuguitas, en el noroeste del conurbano bonaerense, donde aseveró que “la principal preocupación del gobierno es bajar la inflación”. Por tanto, luego de referir a la guerra entre Rusia y Ucrania, alegó que este viernes “comienza otra guerra, la guerra contra la inflación”.

Fernández dice que en dos días empieza a llevar adelante lo que fue en realidad una de sus ejes centrales de campaña en 2019, prometiendo hacerle frente a la carestía y prometiendo “la vuelta del asado”. Recargando el nombre para presentarlo como una escalada contra las subas de precios, intentó mostrarse con resolución cuando se conocían las cifras del Indec sobre el Índice de Precios al Consumidor, que reportó un aumento del 4,7% en febrero con los alimentos nuevamente en el podio, quebrando el promedio general, acumulando un 7,5% y pudiendo llegar a consolidar hasta un 14% solo en lo que va del año en el Gran Buenos Aires.

Pero por más que Fernández prometa el inicio de una guerra, apenas se compromete a marcar el paso en el mismo lugar. Hasta el momento, las “batallas” anteriormente libradas fueron políticas de control de precios que demostraron su absoluta ineficiencia. Roberto Feletti asumió en la Subsecretaría de Comercio después del revés electoral del gobierno en las Paso prometiendo poner un coto a las remarcaciones, pero en seis meses ya superó el fracaso de su antecesora Paula Español, con una inflación registrada del 19,8%.

El argumento de que esto es producto de la disparada del precio internacional del trigo y el maíz por la guerra en Ucrania solo encubre los verdaderos motivos de los aumentos en las góndolas, porque Argentina no importa estos alimentos, sino que los exporta. Que las commodities impacten en los precios locales revela a un país cuyo complejo agroexportador amasa fortunas en el mercado internacional, mientras las familias trabajadoras tienen cada vez menos posibilidad de costearse el pan.

Frente a ello, la propuesta de un fideicomiso que abarque a estos granos no pasa de un subsidio a las mismas molineras que dominan el rubro de los fideos secos y las harinas en el mercado interno. El fracaso del previo fideicomiso aceitero, que nunca detuvo la inflación sobre los productos oleaginosos, arroja mucha más claridad de que el gobierno irá a esta “guerra” con las mismas armas de juguete.

Incluso los pulpos agroindustriales prometen boicotear la creación del fideicomiso, tras el cierre parcial de las exportaciones sobre los aceites y las harinas de soja y la inminente suba de las retenciones a las ventas al exterior de estos productos. Es una medida que no tiene la menor incidencia en el mercado local, porque se exporta el 90% de la producción. Solo responde a una necesidad de caja para pagar la deuda. La tensión entre el gobierno y el capital agrario, lo que evidencia, es que el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, cuyas metas son francamente incumplibles, echan leña a los reclamos de los capitalistas y a los choques.

En esencia, una verdadera guerra contra la inflación demandaría nacionalizar el comercio exterior, abrir los libros de las empresas alimenticias y avanzar al control obrero de toda la cadena de valor. El gobierno es incapaz de ello porque todo su programa económico está digitado al servicio de recaudar dólares para pagar la deuda externa, y cuenta para el cometido con los ingresos por la vía de las exportaciones agrarias. El punto de partida de este programa económico no puede estar dado entonces sino por la ruptura del acuerdo con el FMI, telón de fondo de todo el régimen de saqueo nacional.