El Indec dio a conocer los datos de inflación correspondientes al mes de febrero. El índice mensual llegó al 4,7%, con lo que el aumento interanual se ubica 52,3%. Si bien la suba superó todas las previsiones, y consiste en la más alta en once meses, “lo peor está por venir” puesto que el impacto de los tarifazos en los servicios, del segundo aumento de los combustibles y de la disparada en los precios del trigo y derivados -fruto de la guerra entre Rusia y Ucrania- repercutirá recién en las cifras de marzo. Habiendo transcurrido solo dos meses del 2022, la inflación acumulada es del 8,8% y el Relevamiento de Expectativas de Mercado del Banco Central prevé que llegará al 55% a fin de año.

Como vemos, el rubro alimentos sigue liderando el ascenso inflacionario, con el 7,5% en esta oportunidad. Los productos que presentaron subas más elevadas fueron: la lechuga (72,7%), el tomate redondo (40,8%), la cebolla (30,8%), la papa (16,3%), la docena de huevos (22,5%), la leche polvo entera (15,8%), el filet de merluza (7,7%) y el pan francés (7,6%). Si bien los precios Estacionales fueron los más encumbrados, con una variación del 8,4%, la Inflación Núcleo -que no contempla estacionalidad ni precios bajo regulación estatal- exhibió un incremento del 4,5%.

Aquí no podemos dejar de mencionar el carácter inocuo de las políticas que sí impulsó el gobierno para contener la inflación, como el Programa Precios Cuidados “ampliado”, considerando además que la categoría “Precios Regulados” se encareció un 3,1%. Tampoco debemos pasar por alto la cantidad de promesas que nunca llevó a la práctica, tal es el caso de la compra adelantada de verduras en conjunto con el Mercado Central o el fideicomiso del trigo, ni hablar de la mentada “empresa nacional de alimentos” que supuestamente tenía en carpeta. Iniciativas que no vieron la luz del sol pero que sin embargo Feletti no se privó de anunciar para que pareciera que estaba tomando cartas en el asunto frente al descalabro de precios.

Por su parte, el informe elaborado por el CEPA arroja que la carne aumentó en promedio un 3,2% en febrero y que se espera un mayor porcentaje para marzo, ya que se trasladaría al mostrador el incremento del 12% registrado el mes pasado en el Mercado de Liniers. A su vez, la suba interanual de la carne del 58,6% -por encima de la inflación general- nos demuestra lo infructuoso que resulta regular la exportación de determinado producto como medida aislada y por un breve período de tiempo. Los datos recientemente publicados por el Indec también destacan saltos muy importantes en cortes populares como la carne picada (11,7%), paleta (7,8%) y nalga (7,7%).

 

El gobierno, a su turno, se encuentra en estos momentos improvisando distintas variantes para lograr que los altos precios internacionales del trigo y el maíz -empujados por el conflicto entre Rusia y Ucrania- se trasladen lo menos posible a las góndolas locales. Aunque queda por ver cuáles serán las resoluciones, podemos adelantar que sin terminar con el dominio privado y monopólico del comercio exterior, cualquier otra determinación circunstancial está destinada al fracaso.

Sin una medida de fondo no habrá forma de evitar que las multinacionales que acaparan el complejo agroexportador de Argentina busquen replicar en el mercado interno las ganancias que les reporta vender esas materias primas en el exterior a precios que hoy se encuentran en alza. Es decir, estos pulpos seguirán sacando un rédito económico de los efectos que produce la guerra en materia de precios internacionales, mientras las familias trabajadoras tienen cada vez más dificultades para llenar la olla.

 

Por otro lado, toda la cadena comercial se valdrá del encarecimiento de las commodities que utilizan como insumo para remarcar sus precios. Sin ir más lejos, se espera un nuevo salto del 20% en el pan, y, a su vez, el sector ganadero amenaza con mayores aumentos en la carne respaldándose en la suba del maíz del cual se alimenta el ganado. En la misma línea, los empresarios ya comenzaron a exigirle al gobierno que la próxima actualización trimestral del Precios Cuidados sea del 12%, con lo que el programa dejaría de tener sentido alguno. Por lo tanto, también aparece la necesidad de abrir los libros de dichos capitalistas a fin de evaluar los costos reales, decisión que Alberto Fernández tampoco tomará debido a su sumisión frente a los intereses patronales.

Lo cierto es que el oficialismo, siguiendo la receta del FMI, solo se apresta a anclar la inflación deprimiendo los salarios mediante techos paritarios y ajustando las partidas sociales bajo el pretexto que estas son las causantes de la emisión monetaria; al mismo tiempo, utiliza la inflación como vía para licuar el gasto público y alcanzar las metas fiscales acordadas con el Fondo. En cambio, el resto de sus políticas -también dictadas por el organismo- son profundamente inflacionarias, como por ejemplo la suba del combustible, el sendero devaluatorio adoptado y los tarifazos programados en la luz y en el gas. En ese sentido, “para Delphos Investment, la suba de tarifas de electricidad y gas de hasta 60% en el AMBA podría sumar 1,5 puntos a la inflación (mensual) por efectos indirectos sobre los precios de otros bienes y servicios” (Ámbito, 15/3).

Frente a este escenario, urge luchar por un salario mínimo de $130 mil y paritarias resueltas por delegados paritarios electos en asamblea que establezcan aumentos indexados a la inflación. La movilización de mañana por parte del Sindicalismo Combativo y la Unidad Piquetera al Ministerio de Trabajo, donde se discutirá un salario mínimo de hambre, defenderá estos planteos, señalando la necesidad de un paro nacional.

Para combatir la inflación, se hace preciso abrir los libros de toda la cadena de valor y someterlos al escrutinio popular, eliminar impuestos al consumo como el IVA y reorganizar la economía sobre nuevas bases sociales, lo cual implica nacionalizar bajo control obrero los recursos estratégicos -banca, industria energética y comercio exterior- poniéndolos al servicio del desarrollo nacional en beneficio de las mayorías. Romper con el FMI y repudiar la deuda usuraria son componentes centrales de este programa.