El gobierno suspendió las exportaciones de harina y aceites de soja, y se espera un pronto aumento de las retenciones a las ventas externas, en momentos en que los precios internacionales de los granos se disparan por la guerra en Ucrania. Las cámaras patronales del agro cuestionaron la medida e insinúan un conflicto, incluso recordando que exactamente hace 15 años atrás se iniciaba “la crisis del campo” en torno a la resolución 125 durante la presidencia de Cristina Kirchner. El acuerdo con el FMI, además de agravar la crisis política, viene preñado de choques porque la propia clase capitalista que lo apoya no quiere pagar la factura de su bolsillo, y el carácter incumplible de las metas pautadas exige medidas excepcionales que tensarán más aún la cuerda.

La intención oficial sería subir de 31% a 33% las alícuotas que gravan las exportaciones de los dos principales productos industriales derivados de la soja. Estos dos artículos explican la mayor parte de los ingresos de divisas por ventas al exterior del complejo sojero-cerealero, y se estima que el incremento en las retenciones redundaría en un crecimiento de la recaudación estatal superior a los 400 millones de dólares.

La cámara que nuclea a las aceiteras cuestionó la medida en un comunicado, alertando que esto desincentiva a las empresas a exportar y por lo tanto hará disminuir el ingreso de dólares al país, a la vez que sentenciaron que entierra los fideicomisos recientemente conformados en torno a las ventas externas de maíz y trigo, además de aceites, con que el gobierno buscaba simular una intervención para contener los precios internos de estos insumos claves de toda la producción alimenticia. En lo inmediato, entonces, anuncia acopio e incluso reamarcaciones que atentarán contra la “mesa de los argentinos”.

El trasfondo de la pulseada es la evidencia de que el plan económico acordado con el FMI es lisa y llanamente una ilusión. Si políticamente nació muerto -porque el intento de encolumnar a todos los bloques detrás se él terminó con una desautorización completa a Martín Guzmán y profundizó la crisis de la coalición oficial-, en términos económicos fue enterrado definitivamente por el impacto de la guerra en Ucrania.

La disparada del precio internacional de los combustibles agudiza el déficit energético del país, con mayor fuga de dólares por importación de gas (además de que obliga a mayores naftazos y tarifazos para reducir los subsidios y cumplir las metas fiscales). Con las reservas internacionales del Banco Central en rojo, a pesar del récord de exportaciones de la campaña de trigo en lo que va del año, se plantea para el gobierno la necesidad de reforzar el torniquete para aprovechar el alza de las commodities para una mayor recaudación.

Esto dejó en off side a Julián Domíguez, que venía de ratificar que estaba fuera de la agenda una suba de las retenciones, tanto en subproductos de soja como en maíz y trigo. Pero incluso desentona con la presencia del gobernador bonaerense Axel Kicillof y el ministro camporista Wado De Pedro en Expoagro, reivindicando la importancia de los agronegocios. Si bien son tiempos de jugosas posibilidades para los pulpos agroindustriales, un choque más profundo podría minar toda la política proexportaciones del gobierno.

Este tironeo es así un síntoma de la afección de todo el programa fondomonetarista. A la inviabilidad del plan de ajuste y remate de los activos nacionales para repagar una deuda impagable, se le suma el hecho de que son las aceiteras y molineras las que se embolsan el grueso de la renta agraria del país. Es lo que refleja que la aceleración de la inflación en los alimentos acusando la suba de los precios internacionales por la guerra, cuando ellos son producidos en Argentina. Que el impacto sea directo en artículos tan elementales como la harina, el pan y los fideos acusa cuáles son las consecuencias de este rumbo de entrega nacional.

Solo la ruptura con el FMI y la nacionalización del comercio exterior bajo control obrero pueden revertir esta situación, y poner la producción alimenticia del país al servicio de las necesidades sociales y económicas para un desarrollo nacional.