En el primer mes del año, el alquiler de un monoambiente en la Ciudad de Buenos Aires aumentó un 6,3% respecto a diciembre y un 54,5% interanual, 3,6% por encima de la inflación. En promedio alcanza los 34.000 pesos y hay que sumarle expensas equivalentes al 19% del alquiler. Por su parte, el salario mínimo -con el aumento de febrero- llegará a 33.000 pesos.

Al tener hijos se necesita dos ambientes, que tuvo un aumento mayor, 56%, llegando a los 46.890 pesos (55.800 con expensas). Así, a dos cónyuges que cobran el salario mínimo les quedarán 10.200 pesos para pagar servicios, alimentos, viáticos, vestimenta, etc.

Al mismo tiempo, hay la escalofriante cifra de 120.000 departamentos desocupados solo en la Ciudad (Clarín, 10/2).

Este verdadero drama que empuja a los trabajadores a los inquilinatos, a las villas y a los asentamientos es usado cínicamente por el gobierno y la oposición para dar marcha atrás con los pequeños paliativos de la ley sancionada en 2019, que naturalmente no resolvieron el tema de los alquileres y mucho menos el de la vivienda.

Desde la aplicación de la ley, muchos propietarios retiraron las viviendas del mercado, un verdadero boicot que generó un aumento sideral de los nuevos contratos, mientras por otro lado los valores de la propiedad se desmoronaban.

En oportunidad de tratarse el tema en Diputados, Romina Del Plá describió la situación insostenible de millones de inquilinos, que incluye a sectores medios, que terminan expulsados de las grandes ciudades ante la imposibilidad de pagar los alquileres y mucho menos de adquirir una vivienda. Meses antes de la toma de Guernica denunció las condiciones en las que los trabajadores se ven forzados a ocupar tierras y caracterizó como “aspirinas” la intención de regular la especulación inmobiliaria que llega hasta los alquileres de las villas.

Romina planteó que la actualización de contratos debía estar íntegramente ligada exclusivamente al incremento salarial y tener un tope porcentual del ingreso familiar porque “con salarios ya por debajo de la línea de pobreza ¿cómo se hace para decidir entre pagar el alquiler o alimentar a la familia?”. Y concluyó: “Acá hay que tomar medidas de fondo que no se podrán tomar mientras siga imperando el lucro capitalista como criterio de organización social; necesitamos un plan de viviendas populares en forma urgente, para terminar con parte del desempleo y con esta miseria y retroceso social. La satisfacción del acceso a la vivienda será parte de un plan de reorganización integral de la economía y en ese tránsito seguiremos defendiendo el derecho de los inquilinos y el derecho de aquellas familias que han comprado una vivienda con los créditos UVA y que hoy están sometidas a un saqueo sistemático en favor de los bancos” (actas taquigráficas), convocando a profundizar la organización de inquilinos, deudores de los créditos UVA y todos aquellos que luchan por su derecho a la vivienda.

El Partido Obrero en el FIT-U plantea como medidas inmediatas: suspensión de los desalojos por dos años como mínimo. Apertura de los libros de las empresas que viven de la especulación inmobiliaria. Impuestos progresivos a las viviendas de alta gama. Impuesto a la vivienda ociosa. Condonación de las deudas hipotecarias confiscatorias y eliminación de la indexación por UVA. Que el alquiler no exceda el 20% del ingreso familiar, al igual que las cuotas de los créditos hipotecarios. Plan de un millón de viviendas financiado por un impuesto a la especulación inmobiliaria.

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