Políticas

1/9/2023

Alquileres temporarios: el Congreso debate una regulación que no afecte el negocio los especuladores inmobiliarios

El gobierno nacional y Juntos por el Cambio impulsan un dictamen unificado “poco invasivo”.

Alquileres.

El gobierno nacional (Unión por la Patria) y Juntos por el Cambio negocian un dictamen unificado en el Congreso de la Nación para establecer un marco regulatorio para los alquileres temporarios: una modalidad que se extiende aceleradamente en el país para evadirse de la Ley de Alquileres, y obtener utilidades y ganancias muy superiores en el mercado. La medida formaliza un registro y pesifica los contratos, pero no ofrece ninguna solución al problema habitacional.

La iniciativa que discuten ambos bloques mayoritarios del Congreso en el Senado pretende avanzar con el establecimiento de un registro nacional para quienes ofrezcan sus propiedades bajo esta modalidad, y dice regular a las plataformas del sector (Airbnb, Booking) estableciendo alquileres en moneda nacional e incorporando sanciones y multas para propietarios y plataformas ante incumplimientos.

Los alquileres temporarios han sido una de la modalidad que escogen propietarios y especuladores del sector para evadirse de la Ley de Alquileres. En solo un año, los contratos bajo esta forma crecieron un 65%, e implican el retiro de propiedades del mercado regular de alquiler de viviendas, agravando aún más la crisis habitacional.

La crisis habitacional, profundizada por el deterioro social, viene superando por todos los flancos a una Ley de Alquileres limitada –que ahora intenta flexibilizarse con modificaciones negativas en el Congreso-, con un mercado de alquileres extremadamente pequeño y con precios y condiciones inaccesibles para la población trabajadora.

Además, la persistencia de un mercado de compra/venta de viviendas totalmente dolarizado y con precios imposibles para los trabajadores, sumada la ausencia de toda política habitacional, incluyendo líneas de crédito hipotecario accesibles, suman lo suyo a esta crisis.

Un ejemplo del retroceso social y habitacional al cual asistimos es el que se desprende de la publicación de un reciente relevamiento privado que habla de la “inquilinización” de la Ciudad de Buenos Aires, pasando en los últimos 30 años de un 10% de porteños que alquilaban a más del 40% actual, con una población total relativamente estable.

Esta situación coloca por una lado una fuerte demanda y por el otro una oferta escasa, que se achica aún más de la mano de los negocios inmobiliarios. Los especuladores privados del sector, incluso, impulsan desarrollos inmobiliarios como edificios específicos para de alquiler temporario, donde se calcula una renta anual de entre el 6% y 8% en dólares, contra menos de la mitad para el sector de vivienda.

La regulación que avanzaría en el Congreso no ofrece muchas soluciones para esta situación. En CABA, por ejemplo, ya existe un registro de alquileres temporarios al cual solo se aviene un 5% del mercado existente.

La normativa en cuestión no establece ninguna prohibición al alquiler temporal de viviendas y departamentos completos que nada tienen que ver con una oferta vacacional de temporada, y que son necesarias para cubrir la demanda habitacional de alquileres.

Tampoco es clara en las sanciones específicas contra las plataformas que promueven este negocio ni cuáles serán los mecanismos de control para garantizar que las mismas cumplan efectivamente con las condiciones de publicación, incluyendo solo propiedades que se encuentren aprobadas e inscriptas en el registro.

El problema habitacional no puede ser superado con modificaciones parciales del régimen existente, y menos si como en el caso de la Ley de Alquileres se realizan en desmedro de los derechos e intereses de los inquilinos. Sino que es necesario un plan habitacional integral que parta de la recomposición general de los salarios, un impuesto a los especuladores inmobiliarios y a la vivienda ociosa, banco de tierras fiscales y plan de vivienda con crédito hipotecario a tasa cero y cuotas que no superen el 25% de los ingresos familiares. Algo incompatible con el ajuste que desarrollan los políticos capitalistas.