El artículo “Un gran equívoco político” de la “Mesa ejecutiva” del grupo que orienta Jorge Altamira es una nueva muestra de la tendencia estatista que está desarrollando y que ya se manifestó en polémicas anteriores. Altamira sostiene que una cosa es una cuarentena con objetivos sanitarios, en la cual el gobierno debe apelar a la coerción en defensa de la salud pública, y otra cosa es el desarrollo de un estado policial.

Que el rol de la izquierda debe ser, en estas condiciones, que “debemos exigirles, no que anulen la coerción estatal, sino que la apliquen en forma consecuente”. Agrega luego que “la necesidad de aplicar esa coerción se ve en los casos numerosos de violación de la restricción de la circulación pública por parte de mucha gente”. Para Altamira, por último, un Estado obrero debería también apelar a la coerción estatal en una situación como esta, aunque “con sus milicias democráticas y mandos revocables, o con el ejército obrero, si fuera el caso”. 

Para Altamira no está en juego en la situación actual el desarrollo de un Estado policial ni de excepción, que estaría bloqueado en la Argentina por las numerosas movilizaciones populares contrarias a la reinserción del ejército en la seguridad interior o el perdón a los genocidas. La denuncia al gobierno debería ser, entonces, exclusivamente, por ir capitulando progresivamente a los reclamos de la burguesía en favor de un levantamiento de la cuarentena.

La naturaleza reaccionaria de estas posiciones salta a la vista. En primer lugar, no es necesario involucrar al ejército, como está haciendo el gobierno, para garantizar ninguna cuarentena, menos aún para el reparto de alimentos, que puede realizarse a través de instituciones estatales, flotas de camiones privadas inactivas, establecimientos educativos, organizaciones sociales o comunitarias. ¿Por qué involucran al ejército? Con dos fines, en primer lugar, blanquear la presencia interna de los militares, un objetivo que vienen intentando desarrollar todos los Gobiernos de los últimos años y un reclamo persistente de la burguesía. En segundo lugar, porque frente a la perspectiva de rebeliones por el cuadro social, la presencia del ejército es un factor disuasorio. ¡No es lo mismo reclamarle una mayor ración de comida a un funcionario del Estado que a un hombre con fusil, aunque ese día no lo traiga! La presencia militar, que Altamira avala, tiene un objetivo reaccionario.

Por lo tanto, la introducción del ejército responde, al menos en parte, a las presiones para reintroducirlo en la seguridad interior, o sea, a una alteración, aunque parcial y limitada, del régimen político. Con la excusa de no confundir la pandemia con un estado de sitio, Altamira oscurece esta cuestión elemental.

“Hablar de la perspectiva de un Estado policial sin una caracterización concreta de la situación política presente, es exponer las aprensiones de uno mismo y los temores propios, pero no sirve para una orientación política.” Ok, pero una caracterización de la situación política deberá concluir que se desarrolla una tendencia agudamente bonapartista como resultado de la crisis. Este bonapartismo se caracteriza por los choques del gobierno con la propia burguesía, pero también por una regimentación extrema de las masas. El bonapartismo cristinista parió a los Milani y Berni mucho antes de la asunción de Bullrich. Los virtuales estados de sitio que se van desarrollando en las provincias refuerzan esta situación represiva y de regimentación. Por otro lado, ¿podemos los socialistas admitir que en algún momento, cualquiera sea, la coerción del Estado pierde su naturaleza de clase? Al contrario, en situaciones extremas, se extrema. De hecho, la cuarentena debutó con cinco muertos en un levantamiento carcelario en Santa Fe. 

En segundo lugar, el hecho de que es necesario aplicar la coerción contra “mucha gente” está escondiendo a quién se le aplica la represión. La coerción no se está aplicando masivamente contra la clase media, más allá de operativos de control de tránsito. La coerción y la represión policial, brutal, se está aplicando en forma masiva y sistemática contra los barrios populares, donde no hay condiciones sociales para permanecer en viviendas hacinadas y con hambre. El gobierno no envía operativos de provisión de lavandina ni alcohol en gel, no presenta ninguna medida para la situación habitacional ni sanitaria, la ayuda social es totalmente insuficiente para los millones que quedaron sin ingresos por la cuarentena. En ausencia de todas estas medidas, recurre al armado de ghettos y a la represión masiva contra la juventud.

Estas medidas tienen motivos de fondo, no solamente el hecho de que la cuarentena no puede cumplirse en condiciones sociales desesperantes, lo más importante es que las fuerzas represivas del Estado burgués no tienen condiciones para cuidar a la población en una crisis sanitaria, son un aparato de opresión contra el pueblo. Esto lo reconoce Altamira e incluso sostiene que debería impulsarse “que los obreros en sus lugares de trabajo y los vecinos en sus barrios pongan en sus propios términos el cumplimiento de la cuarentena, o sea ofrezcan su propio método de coerción social, y organicen masas cada vez más amplias para hacerlas valer”. Tenemos acá una contradicción flagrante. La organización de los obreros y vecinos no será solo para hacer valer la cuarentena decretada por el Estado, sino para reclamarle a este que satisfaga los recursos básicos de alimentación, de cuidado y de atención sanitaria. Y ese reclamo deberá procesarse mediante acciones de lucha contra el Estado que Altamira quiere que aplique la coerción de modo “consecuente”.

En tercer lugar, la comparación de la coerción ejercida actualmente con la que ejercería un Estado obrero no corresponde, porque el Estado obrero es la coerción de las mayorías sobre la minoría, la burguesía o la contrarrevolución. En ese sentido, como lo recordamos en una polémica anterior, el Estado obrero desde su comienzo deja de ser un Estado en el sentido estricto del término. La coerción de la clase capitalista fundamentalmente se aplica a garantizar la permanencia en sus casas o barrios de una población hambreada y sin derecho a las condiciones mínimas de subsistencia. La apología de la violencia contra las masas con una función de control social por parte del “Estado obrero” es una posición propia del estalinismo, no del bolchevismo.

La crisis y la unidad nacional

Altamira caracteriza que la crisis “es indudable que se trata de esto mismo (una crisis capitalista), pero con una salvedad fundamental, que es que fue desatada por un fenómeno de la naturaleza”. Esto no es así, el coronavirus vino a agravar una crisis capitalista preexistente en pleno desarrollo mundial y en agudo desarrollo argentino. Porque uno de los detonantes inmediatos de los grandes derrumbes bursátiles fue el derrumbe en los precios del petróleo, una expresión de la guerra comercial entre China, Rusia y Arabia Saudita, una expresión de la crisis de superproducción a nivel mundial. Además, porque las tendencias recesivas de la economía mundial eran muy anteriores a la pandemia del coronavirus. Si no fuese así, estaríamos ante una crisis circunstancial o pasajera, que se superaría una vez que se controle la situación sanitaria. Una posición de este tipo es la que defienden apologistas del capitalismo como Jorge Castro. Y algunos izquierdistas adscriptos a la teoría de la “crisis orgánica”.

Para Altamira, el coronavirus alteró la naturaleza social de la crisis en forma fundamental, porque tiene que ver con la aparición de una amenaza contra la vida “que no está engendrada directamente por las leyes del movimiento del capital”. Fenomenal, Altamira sacó al coronavirus de la historia, por un lado, y sacó al desarrollo del capital de la naturaleza, por el otro. Se olvidó de que son las “leyes de movimiento del capital” las que requieren las grandes concentraciones que habilitan el contagio, que son las “leyes de movimiento del capital” las que permiten la expansión de una pandemia a nivel mundial en tres meses, que son las “leyes del movimiento del capital” las que condicionan la naturaleza de la atención en los servicios de salud y que son las “leyes del movimiento del capital” y no la carencia de producción para el uso (o sea, la abundancia de capital y no la escasez de producción) las que están generando una cadena de quiebras a escala mundial que está condenando a la desocupación masiva a cientos de millones de trabajadores.

Son las leyes del movimiento del capital las que han puesto en marcha una crisis, que, en base a un virus producto de un murciélago de Wuhan, está provocando la quiebra del capital en La Matanza y los despidos en Tierra del Fuego.

La consideración de que la crisis es sanitaria y está por fuera de las leyes del capital se retroalimenta con el planteo de la coerción, porque se reduce la pandemia a una amenaza externa a las relaciones sociales, que debe ser combatida para volver a la “normalidad” de lucha entre el capital y el trabajo. Por eso, ahora “alentar una rebelión popular en las circunstancias actuales sería más que un error” (Altamira). Pero si “el colapso sanitario y social desnuda los límites del capitalismo y su Estado para defender la salud y la vida de los trabajadores”, entonces ¿por qué no alentar rebeliones? La respuesta viene en esta frase: “el desastre se presenta ante la población como una gran crisis colectiva, que exige un empeño general y unificado para afrontarla”. O sea, el coronavirus viene de afuera de las relaciones sociales, unidad nacional y “empeño general y unificado” para combatirlo. Esta línea lo coloca al borde del apoyo al gobierno, que se presenta como la encarnación general de la sociedad combatiendo el virus en nombre del interés general. Altamira va más a fondo y hasta cuestiona a la izquierda por denunciar que el gobierno cerró el Congreso, reforzando su orientación bonapartista y pactando con la oposición patronal. Altamira vota los “créditos de guerra”… contra el virus, emulando el viejo chovinismo de la unidad nacional.

Pero las cosas no se desarrollan así. A corto plazo se exacerban las contradicciones de clase. El gobierno continúa con gran parte de los pagos de la deuda mientras las patronales despiden y rebajan salarios, con o sin decretos. ¿Llamamos a los obreros despedidos a ocupar las fábricas o le decimos al Estado que aplique la capacidad coercitiva de modo consecuente mandándoles la Gendarmería? La pandemia no ha detenido la lucha de clases, tiende a acentuarla. En el sur de Italia la población amenaza con saqueos y los obreros fueron a la huelga para imponer la cuarentena. La policía de Neuquén encarcela a compañeros por reclamar alimentos frente a un municipio. La crisis capitalista se descarga sobre los trabajadores y la perspectiva de rebeliones populares está más presente que nunca frente a una situación sin salida para las masas. El desarrollo de esta crisis de alcance histórico va a definirse con los métodos históricos de la lucha de clases.