Políticas
26/8/2025
Ana Arias: del ajuste en la universidad pública a las elecciones nacionales
La decana de la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA integrará las listas de Fuerza Patria en las elecciones de octubre, embanderándose de la defensa de la educación pública para promover su candidatura.
Ana Arias junto a Recalde.
La decana de la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA integrará las listas de Fuerza Patria en las elecciones de octubre, presentada por Mariano Recalde como “representante de uno de los sectores más agredidos por las políticas de este gobierno: la universidad pública”. Arias se embandera en la defensa de la educación como carta de presentación electoral. Sin embargo, su trayectoria reciente plantea una contradicción evidente: ¿Qué significa realmente defender la educación pública?
El movimiento universitario del año pasado marcó un hito político. La masiva irrupción de docentes, estudiantes y trabajadores en defensa de la universidad pública logró torcer el brazo al gobierno y forzarlo a mantener abiertas las universidades frente a su plan de desfinanciamiento. Esa victoria parcial abrió una nueva etapa, con todos los sectores intentando capitalizar electoralmente. No solo Arias: también figuras como Lula Levy buscan presentarse como herederos de esa gesta.
Pero lo cierto es que la crisis universitaria no solo no se resolvió, sino que se profundizó. Los docentes y no docentes arrastran más de 45 puntos de pérdida salarial y debieron votar un plan de lucha con paros rotativos y no inicio del cuatrimestre. La ley de financiamiento universitario quedó a merced de un veto presidencial que Milei ya anunció de antemano, en nombre de su política de “superávit fiscal”. La disyuntiva es clara: la defensa de la educación pública no se juega en una candidatura testimonial, sino en la pelea contra un gobierno que quiere destruirla.
Es aquí donde el recorrido de Arias se vuelve ilustrativo. Cuando Milei vetó la ley de financiamiento y estallaron tomas en universidades de todo el país, el rectorado de la UBA, con su voto afirmativo en el Consejo Superior, pactó con el gobierno el levantamiento de la “emergencia presupuestaria”. Ese acuerdo dejó afuera cualquier recomposición salarial o refuerzo presupuestario, es decir, abandonó a los trabajadores docentes y no docentes y a los estudiantes a su suerte. Lo único que se preservó fue la continuidad formal de la institución, aún a costa de aulas vacías por la deserción estudiantil y de trabajadores hundidos bajo la línea de pobreza. Se apagó un conflicto legítimo para que la universidad siguiera funcionando, aunque fuera sobre las espaldas de quienes la sostienen.
No se trató de un episodio aislado. La política de Arias, desde que asumió en 2022, fue siempre la misma: gestionar el ajuste, primero con Alberto Fernández y después con Milei. En el Consejo Superior acompañó cada reducción de presupuesto universitario. Frente a los paros no docentes que cerraban la facultad, ordenó abrirla con trabajadores tercerizados. Y en plena avanzada del gobierno actual, intentó recortar conquistas gremiales elementales, como los kits escolares para los hijos de los no docentes. Lejos de constituir una alternativa al vaciamiento, fue parte activa de su aplicación, asegurándose de que el ajuste no se le fuera de las manos a las autoridades.
La contención del movimiento no se limitó a la gestión. También contó con una pata estudiantil, encarnada en la conducción kirchnerista del CECSo. Fue el centro la que levantó de manera antidemocrática la toma de Sociales, desmantelando una herramienta de lucha que había sido puesta en pie por la base estudiantil. Lejos de organizar a los estudiantes frente al ajuste, se dedicaron a convertir el centro en un kiosco vacío de política. Así, mientras la izquierda convocaba asambleas para enfrentar los atropellos del gobierno —desde el ajuste universitario hasta la persecución política—, el kirchnerismo en Sociales operaba como garante de la pasividad.
La educación pública se defiende enfrentando el ajuste, no gestionándolo
En este marco, hablar de defender la educación pública exige una definición categórica. No se defiende gestionando la miseria ni negociando migajas con un gobierno que amenaza con cerrar universidades; se defiende enfrentando el ajuste hasta el final. Para nosotros, esa defensa no es un slogan electoral, sino una práctica cotidiana que se expresa en la docencia combativa de AGD UBA, en la organización de la comisión interna no docente de Apuba en Sociales, y en cada medida de fuerza que busca recuperar salario, becas y presupuesto real.
La candidatura de Arias no es, como se pretende mostrar, una voz en defensa de la educación pública. Es la expresión política de un entramado de acuerdos con las autoridades universitarias y los gobiernos de turno para aplicar el ajuste sin que estalle la resistencia. Ayer con Alberto Fernández y hoy con Milei, su rol fue idéntico: ser correa de transmisión del vaciamiento y disciplinar a quienes luchan.
Por eso, la conclusión es ineludible. No alcanza con invocar la defensa de la educación pública: hay que enfrentar al gobierno y su ajuste. En las elecciones, las candidaturas que verdaderamente representan esa perspectiva son las de Vanina Biasi, trabajadora no docente de la Facultad, Ileana Celotto, secretaria adjunta de AGD UBA y Gabriel Solano, legislador de CABA. Porque se expresa en las calles, en las aulas y en el Congreso, la lucha consecuente contra Milei y contra todos los que pactan con él. Frente a la adaptación y la complicidad, hay que levantar una alternativa política de independencia que tenga un solo mandato: defender la educación pública enfrentando el ajuste, no administrándolo.
