La comisión de Comunicaciones e Informática de Diputados se reunió este miércoles con el secretario de Medios, Francisco Meritello, la secretaria de Innovación Pública, Micaela Sánchez Malcom, y el presidente del Ente Nacional de Comunicaciones (Enacom), Claudio Ambrosini. Pese a no integrar la comisión, Romina Del Plá participó de la misma para interpelar a los funcionarios.

Una vez más la banca del Partido Obrero se destacó por colocar la agenda de los trabajadores, en este caso del ámbito de prensa, redes, telefónicos, de la cultura y de los empleados estatales de la diversas secretarías, como el Enacom –con quienes elaboramos por escrito una serie de preguntas y denuncias que reproducimos al final de esta nota.

El contraste fue notorio, tanto con los diputados oficialistas, que se dedicaron a elogiar -por enésima vez frente a los distintos ministros y funcionarios que desfilan por las comisiones del Congreso- la gestión del gobierno; como con relación a los diputados de Juntos Por el Cambio –que, sin temor al ridículo, dedicaron sendas intervenciones a reivindicar que el gobierno de Macri había sido el paraíso de “la más irrestricta libertad de opinión y expresión”, de la comunicación y de “la transparencia”.

Despidos y precarización laboral en el gremio de prensa

Romina Del Plá planteó la denuncia que hacen tanto el Sindicato de Prensa de Buenos Aires (Sipreba) como la Federación Argentina de Trabajadores de Prensa (Fatpren) sobre la “situación gravísima de los trabajadores de prensa”, con 4.500 despedidos en los últimos años –un proceso que continúa luego del decreto presidencial de supuesta prohibición de despidos “que nadie respeta”, empezando por los medios de prensa. Y enumeró los despidos en  la Revista Pronto y la editorial Atlántida, denunciando que “en muchos casos son cierres fraudulentos y maniobras para precarizar” el trabajo.

Sobre este punto, Meritello afirmó que ven “con absoluta preocupación los despidos que hubo”; le advertimos que mayor es la preocupación entre quienes perdieron su fuente de trabajo. Su respuesta fue que el Estado “está auxiliando a los medios”, no solo en lo que tiene que ver con dinero de pauta publicitaria, sino también a través de la secretaría de trabajo y de la AFIP (es decir: con subsidios patronales y exenciones impositivas). “Con lo cual es poco entendible que se produzcan despidos en esta emergencia”. Meritello, se lo explicamos: los que necesitan auxilio son los trabajadores, no los empresarios que violan todos los derechos y explotan la pandemia para reforzar una ofensiva sobre las condiciones laborales.

El funcionario también afirmó que el dueño de Publi-Express (Revista Pronto) estuvo un mes antes de la cuarentena, reunido en su oficina, “planteando sus ganas de cerrar”. Menos motivos para sorprenderse y más para actuar. Finalmente, falseó la información cuando sostuvo que frente a los despidos masivos en Télam, este gobierno “se dio una política de inclusión y de reincorporación de los trabajadores de la agencia” –porque lo cierto es que las mismas tuvieron lugar tras una enorme lucha que incluyó acciones judiciales de los trabajadores despedidos y se concretaron mayormente antes de que asuma esta gestión.

El Secretario de Medios, por otra parte, omitió referirse a nuestro reclamo para que a los trabajadores de prensa, en gran riesgo mientras sostienen su actividad, se les pague el bono salarial que cobraron otros trabajadores de actividades esenciales.

Los reclamos de los telefónicos

En el curso de la comisión se manifestaron las enormes dificultades e incluso la falta de acceso de la población a la conectividad que se presentan en distintas zonas y regiones del país (se citaron casos concretos en toda la zona del Delta del Tigre, zona sur de GBA, provincia de Neuquén, Misiones, etc.), que afectan en forma más directa a los sectores más pobres y vulnerables de la población -imposibilitando la comunicación, la seguridad, la atención en salud y educación agravadas por el aislamiento social en la pandemia.

El grave cuadro no impidió que los funcionarios elogiaran el papel de las empresas, con las cuales -dijo el presidente del Enacom- estaban “muy contentos”, cuando lo evidente es la falta de inversiones y de control por parte del Estado. Estas corporaciones, por otra parte, acaban de imponer un aumento de casi el 20 % de las tarifas de Internet y telefonía desde el 1 de marzo.

En el escaso tiempo de intervención que le correspondía, Romina Del Plá denunció que la empresa  Telefónica/Movistar suspendió el servicio de información gratuita de la línea 110, que suelen utilizar mayormente las personas mayores, y el servicio HyH para personas hipoacúsicas o impedidas de hablar, lo que constituye una grave vulneración de derechos para este colectivo.

La respuesta de Ambrosini sobre la línea 110 no hizo más que reproducir el libreto de la empresa, que aduce que se puede buscar información mediante un mensaje de texto o buscando por Internet (cuando no toda la población puede acceder – en la reunión se afirmó que uno de cada 3 argentinos no tiene acceso a Internet). Avalan que se imposibilite el acceso gratuito a información necesaria para, por ejemplo, poder comunicarse con usuarios, hospitales, centros de salud o dependencias estatales -en medio del aislamiento actual. Sobre la atención a personas hipoacúsicas afirmó que “me acaba de informar la empresa que tenían un problema de software y ya está funcionando” –algo que todavía deberemos constatar.

No hubo ninguna respuesta en relación a la denuncia formulada por nuestra diputada respecto de que en todas las empresas de telefonía y telecomunicaciones, que han sido declaradas servicios esenciales, se está enviando a los trabajadores a realizar tareas no esencialestrabajadores a quienes se les impuso la modalidad de teletrabajo en distintas compañías “están recibiendo fuertes hostigamientos laborales”, con jornadas que no tienen límites horarios y atropellos de todo orden.   

Al respecto, Ambrosini se limitó a señalar al final de su intervención que “estamos trabajando con todos los gremios y el Ministerio de Trabajo para acordar un sistema mejor para ellos”: una generalidad que no dice nada.

Violencia de género en Enacom

Una denuncia muy importante que realizamos es el caso de Melisa Fernández, trabajadora del organismo que fue despedida en el año 2015, tras un proceso de hostigamiento laboral y acoso por parte de un funcionario. “Durante esta cuarentena tenemos un fenómeno muy tremendo que es el de la violencia contra las mujeres que se sigue expandiendo”, dijo Romina, y denunció que todo el mundo “ha expresado preocupación” por este tema pero que “las cosas siempre deben empezar por casa”. Se hizo así eco del reclamo de Melisa para que se cumpla el fallo judicial a su favor y se le pague la indemnización. “Queremos saber por qué esto no se cumple, siendo una situación muy seria, doblemente agravada durante la pandemia”, increpó.

Ambrosini ignoró impunemente la denuncia, pero afirmó en su cierre que “sobre las múltiples consultas de Romina del Plá, las vamos a contestar por escrito”. Pues entonces estaremos especialmente atentos a una resolución sobre el tema.

Que se liberen los datos para docentes y estudiantes de todos los niveles

Sobre la conectividad en el sistema educativo -que se pone al rojo vivo como problemática ante la suspensión de las clases presenciales, y la política de mantener “la continuidad pedagógica” por la vía virtual- denunciamos que hay enormes dificultades de acceso, tanto de docentes como estudiantes, a los recursos online, y reclamamos la liberación del acceso a datos irrestricto, y no limitado a ciertas plataformas de los distintos establecimientos educativos (que por otra parte es enormemente dispar a lo largo de todo el territorio nacional). No obstante, el cierre de los funcionarios muestra que no hay ningún compromiso de avanzar seriamente en esta dirección. 

El derecho a la comunicación y la información requiere de la dirección de los trabajadores

La intervención de los funcionarios, sin respuestas reales a los reclamos de los trabajadores, expuso todos los límites de la gestión capitalista de los medios y de la comunicación.

La única alternativa para garantizar derechos en esta materia es una salda de fondo: la estatización de todas las grandes empresas de medios y de las telecomunicaciones, bajo control de un comité electo de trabajadores y usuarios, para que se garantice el derecho a los medios y la comunicación para toda la población, y se avance en una real democratización de los mismos. Como se dijo en el final, queda mucha tela para cortar e intervenir por parte de los trabajadores y usuarios en medio de esta enorme crisis que estamos atravesando.