El programa Precios Justos, que le otorga a las empresas que adhieren facilidades para importar, nace en medio de un vendaval de remarcaciones y sangría de reservas que anula de antemano la efectividad que pueda tener la medida a la hora de contener la inflación.

En los días previos a que el acuerdo sea anunciado se constataron, en todos los canales de venta, subas de precios de hasta el 10% en los productos de aquellas empresas de la alimentación nucleadas en la Copal (BAE, 10/11). Es decir, que aproximadamente 100 compañías ingresaron al programa con una canasta de 1.500 artículos regulados por 180 días, pero no sin antes incurrir en fuertes remarcaciones; una estafa total. Estas representan el 86% del consumo masivo en Argentina.

A pesar del ardid mencionado, gozarán de un mayor acceso al dólar oficial (al reducirse las restricciones a la importación), y, además, el plan del gobierno, lejos de tratarse de un congelamiento, permite que las empresas adheridas aumenten sus precios este mes 4% más que el promedio de octubre y 4% todos los meses mientras dure la medida.

Ratazzi, el expresidente de Fiat, declaró al respecto que “nunca ha visto funcionar un acuerdo de precios”. Lo cierto es que dichos acuerdos solo cumplen la función de mantener a raya los salarios, mientras los empresarios siguen aumentando.

De todas maneras, la viabilidad del programa está seriamente cuestionada por la acentuada salida de divisas que azota al Banco Central, cuyas reservas líquidas presentan números negativos (el rojo es de U$S 3.000 millones, según el economista Agustín Monteverde). Por lo tanto, la promesa de flexibilizar las trabas para importar parece de difícil cumplimiento.

En ese aspecto se centraron los reclamos de los empresarios industriales hacia Sergio Massa durante la conferencia anual de UIA. Según la entidad, el 74% de empresas encontró dificultades para abastecerse de insumos y un 70% para pagar importaciones. Asimismo, el 32% frenó parte de sus operaciones, mientras que otro 46% considera probable tener que hacerlo en el futuro cercano. Restricciones que recalientan la inflación, puesto que las firmas terminan recurriendo al dólar paralelo para hacer sus compras en el exterior, y, por consiguiente, se referencian en ese tipo de cambio más caro al momento de fijar precios de reposición.

En ese sentido, los importadores exigieron plazos más cortos para acceder al mercado de cambios oficial, sobre todo frente a un crédito internacional virtualmente vedado. A su vez, apuntaron contra el nuevo régimen de importación (Sira), cuya implementación produjo demoras en las autorizaciones.

A modo de respuesta, el ministro de Economía solo ofreció improvisaciones, como reducir los plazos de acceso a divisas para las Pymes, junto con beneficios impositivos para estas, calibrar el Sira para agilizar la autorizaciones e incorporar a un integrante de la UIA a la mesa de trabajo semanal compuesta por autoridades del Banco Central, Afip, Aduana y Comercio. También anunció que garantizaría créditos en dólares para las empresas a través de las sedes del Banco Nación radicadas en Estados Unidos y España y mediante un fondeo financiado por organismos multilaterales.

Sin embargo, confesó que se prevé un cuadro recesivo, al mencionar que “todos aquellos que trabajan con productos vinculados a insumos o bienes intermedios deberán importar un 20% por encima del cierre de 2021, suponiendo que el crecimiento de la economía será un poco mayor al 2% que marca el Presupuesto”. Como vemos, el gobierno pone un freno a las importaciones en función de cumplir con la meta de acumulación de reservas fijada por el FMI, a costa de la actividad económica. Sin dudas, a los trabajadores nos tocará pagar las consecuencias de esta política, con despidos y suspensiones.

La impostura mayor por parte del titular de Hacienda fue cuando expresó que “los dólares que están en las reservas se usarán para la producción y el trabajo, no para la especulación”, cuando se vienen pagando religiosamente todos los vencimientos de intereses con el Fondo a tasas usurarias y prolifera la especulación de las patronales con la brecha cambiaria, bajo las narices del gobierno, entre otros mecanismos de fuga que se mantuvieron intactos. Sin ir más lejos, Massa señaló que “hasta fin de año nos aparecían pendientes pedidos por 39.000 millones y todos saben que ese número no es el que necesita la producción”.

Maniobras que no se detendrán a pesar de que el nuevo sistema haya dado de baja todas las cautelares, puesto que son los capitalistas quienes detentan el control del comercio exterior del país. En el evento, incluso, “los empresarios de las distintas industrias se aconsejaban mutualmente con qué debían stockearse, porque dentro de poco va a faltar o aumentará de precio” (La Nación, 10/11). A todas luces, las patronales importadoras seguirán cubriéndose frente a una eventual devaluación, en detrimento de las reservas.

A su turno, el trato discrecional en materia de importación está a la orden del día: las restricciones menguan cuando los que solicitan los dólares forman parte de la crema de burguesía nacional. Así lo manifestó Madanes Quintanilla (el dueño de Fate y de Aluar) en su alocución, cuando admitió cínicamente que “funcionar por excepción no es agradable, porque uno tiene que ir a molestar a un funcionario, tiene que ir a marcar una situación de angustia”. El mismo que aprovechó la compra de insumos importados a un dólar planchado para fabricar neumáticos y venderlos con ostensibles sobreprecios en el mercado interno, mientras se negaba a conceder el aumento de salario real que exigían los obreros de Fate.

Como vemos, la desorganización económica es total y solo podrá revertirse mediante una planificación al servicio del interés mayoritario. Mientras tanto, defendamos en la calle nuestras condiciones de vida frente al escenario recesivo e inflacionario en el cual nos sumergen los políticos capitalistas y el FMI.

 

https://prensaobrera.com/politicas/con-la-devaluacion-en-el-horizonte-se-agudiza-la-crisis-politica