El presidente Alberto Fernández manifestó recientemente que “La pobreza sería peor si el Estado no hubiera auxiliado como lo hizo durante la pandemia”. Lo hizo en el marco de la publicación de las cifras del último semestre que arrojan niveles alarmantes en cuanto a pobreza (40,9%), indigencia (10,5%) y desocupación (29%).

Para esto se ufanó de haber casi triplicado las asignaciones presupuestarias respecto a la asistencia alimentaria en relación al presupuesto ejecutado por el gobierno de Cambiemos en 2019. Mientras que el macrismo ejecutó un partida de $28 mil millones, el gobierno de Fernández lleva erogados unos $80 mil millones. De por medio, se omite mencionar una inflación interanual de más del 40% y la crisis amplificada por los efectos de la pandemia. A la vista de estas circunstancias el gobierno se queda más que corto.

Dentro de estos montos se incluyen los 1,5 millones de beneficiarios de la Tarjeta Alimentar, la adquisición de alimentos secos y la provisión de mercadería a comedores, merenderos y otras instituciones. Se trata de los recursos más elementales, por los cuales la población más vulnerable se ha visto obligada a salir a pelear para obligar a que el Estado aumente los montos y mejore la calidad delos mismos.

Por otra vía corre el presupuesto destinado a la cobertura de los Planes de Empleo (o Programas Sociales) cuyo presupuesto ascendería a unos $40 mil millones (hasta agosto inclusive) y unos $28 mil millones destinados a niños. También se omite aquí que los montos de los programa sociales se encuentran totalmente congelados desde el último aumento… bajo el macrismo.

El gobierno trata de presentar todos estos números como resultado de su “política social”, a los cuales podría incluso agregar los tres pagos del Ingreso Familiar de Emergencia a unos 9 millones de beneficiarios, cifra que asciende a unos $270 mil millones. Sin embargo, no logra explicar por qué a pesar de esto la pobreza se ha disparado y la brecha de la desigualdad social se ha ampliado aún más.

 

Mientras el gobierno celebra los $150 mil millones en “políticas alimentarias”, lleva pagados más de $300 mil millones en intereses de las Leliq y gastados unos $176 mil millones en cubrir las cinco ediciones del subsidio a las patronales (ATP), entre otros de los muchos beneficios otorgados a los capitalistas (eliminación de aportes patronales, créditos blandos, moratorias, prorrogas, etc.). A esto ahora se suman beneficios extraordinarios a los exportadores para promover que liquiden las exportaciones retenidas a la espera de una megadevaluación.

Pero el salto en la situación no solo es resultado de lo escaso de los recursos asignados a una población creciente –la asistencia alimentaria pasó de 8 a 11 millones de personas cuando la pobreza alcanza a unos 20 millones- sino del ajuste respaldado por el gobierno nacional: son más de 300 mil los puestos de trabajo registrado perdidos, a los que se suman otros 1,4 millones de no registrados y 900 mil monotributistas. Se estima que dentro del 10% más pobre de la población por cada 100 trabajadores ocupados hay unos 563 sin empleo (Ámbito 24/9).

Cientos de miles de trabajadores y trabajadoras han recibido el cobro parcial de sus salarios -los cuales se encuentran en promedio por debajo de la Canasta Básica Total que mide el Indec- luego del acuerdo dela CGT, las patronales y el gobierno, al tiempo de que se han agravado las condiciones de trabajo y todos los días aparecen nuevos ataques precarizadores. Es lo que ocurre en la docencia donde el propio Estado es el que impulsa un programa (ATR) que vulnera el Estatuto Docente incorporando estudiantes avanzados a cambio de unos míseros $8.000. Lo mismo vale para la jubilación mínima que con unos $18.129 no llega a superar la barrera de indigencia de los $18.792.

Según el Indec los salarios tuvieron un aumento promedio interanual del 32,1%, 10,3% por debajo de la inflación calculada para el mismo periodo. Mientras la caída económica es del orden del 19,1%.

El exponente más claro de esta crisis es la ocupación de tierras de Guernica que ha puesto de manifiesto el agravamiento de las condiciones de vida de la población. El gobierno nacional tiene asignada la suma de $8,5 mil millones para destinar a las 4.400 villas de todo el país, pero no logró ofrecer una respuesta al reclamo de las familias de Guernica que no sea la que ha aplicado en todo el territorio nacional junto a los gobernadores y la Justicia: los desalojos violentos.

El “aporte solidario” que el gobierno trafica como impuesto a las grandes fortunas prevé aportar solo un 15% de una magra recaudación para destinar a viviendas, al tiempo que se propone dirigir gran parte de los recursos a subsidiar a los grupos capitalistas. Necesitamos un verdadero impuesto a las grandes fortunas como el presentado por el Frente de Izquierda, para construir 100.000 viviendas y garantizar un ingreso de emergencia que saque a millones de personas de la pobreza absoluta. Sin embargo, se vuelve indispensable el no pago de la deuda externa y la reorientación social de los recursos nacionales para emprender una salida de fondo a la crisis actual.