El gobierno nacional mantendrá esta semana reuniones con el staff del FMI, en las que el organismo revisará el cumplimiento de las metas del último trimestre de 2022 y se prevé que aprobará un desembolso de US$5.000 para marzo, dinero que se utilizará para pagar la deuda con el propio FMI.

El Fondo aterrizó en Buenos Aires para revisar si el gobierno del Frente de Todos está realizando los deberes del ajuste. Como se ve, prácticamente digita la política económica del país. El gobierno es un alumno aplicado del Fondo, e implementa los recortes que este le exige. Contra esta orientación, que tuvo en los 160.000 despidos en el Potenciar Trabajo su último episodio, la Unidad Piquetera desenvolvió este martes cortes y movilizaciones en 130 puntos del país.

Con todo, el Ejecutivo sobrecumplió la meta de ajuste fiscal del año pasado, tras reducir el déficit a un 2,4% del PBI -por debajo del 2,5% exigido por el organismo. También consiguió cumplir las metas de acumulación de divisas en el Banco Central, aunque a un altísimo precio.

Los logros que se adjudica el gobierno encierran contradicciones fuertes. El ahorro fiscal fue obtenido gracias a la inflación, que licúa el gasto público (salarios, jubilaciones, educación, salud) y empuja hacia arriba la recaudación impositiva (los gravámenes recaen en su mayoría sobre los consumidores). Esto, sin embargo, es un factor de desquicio de la economía. La aplicación de tarifazos en todo los servicios apenas sirvió para reducir los subsidios significativamente. En cuanto a las divisas, estas se consiguieron a través de más deuda externa, tomada con organismos financieros como el BID o el Banco Mundial, y de incentivos al capital muy costosos, como el dólar soja.

Por eso el FMI le exige al gobierno que vaya más a fondo con el ajuste y avance en mayores subas de tarifas y bajas masivas de programas sociales. Pero el cuadro social es dramático y algunos sectores de trabajadores levantan cabeza, como sucede el movimiento piquetero, o como lo demostraron las movilizaciones que en el norte de Salta hicieron retroceder el tarifazo eléctrico de Gustavo Sáenz.

El FMI presiona para asegurarse de que el gobierno cumpla con las metas fijadas para este año. El organismo exige que el grueso de los recortes se ejecute en el primer semestre y ha fijado que el Ejecutivo no puede registrar en ese período un déficit mayor al 0,8% del PBI. La corrida cambiaria en curso es una muestra de las dudas que genera la explosiva deuda en pesos, con intereses usurarios que paralizan la economía y plazos cortos que no pasan de la fecha de los comicios. A su vez, la sequía tendrá un impacto negativo sobre las exportaciones; algunos analistas estiman que el Estado dejaría de recaudar US$10.000 millones en ingresos.

Este es el telón de fondo del proceso electoral, y de las fricciones políticas que envuelven al Frente de Todos y a Juntos por el Cambio. En medio de las disputas al interior del oficialismo, el kirchnerismo intenta desmarcarse del rumbo del gobierno que él mismo integra. Sin embargo, son los funcionarios K los que están ejecutando el ajuste: el mejor ejemplo es el de Fernanda Raverta, de La Cámpora, quien dirige la Anses atentando contra las jubilaciones y las asignaciones familiares.

Contra la tutela del FMI sobre la economía nacional y el pago de la deuda usuraria a costa del pueblo, es necesario desarrollar una alternativa política de los trabajadores para enfrentar este programa común de todos los políticos capitalistas. Es el papel que debe jugar el Frente de Izquierda Unidad, codo a codo con cada luchar popular.

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