Políticas
5/9/2025
Auditorias truchas: el gobierno reconoce que mintió para sacarle la comida a los pobres
Otro escándalo que sacude a un gobierno de corruptos, manipuladores y mentirosos al servicio de los capitalistas.
Seguir
Sandra Pettovello.
Un pedido de informe de la Cámara de Diputados acaba de exponer que la auditoría del gobierno a los comedores populares, con la que se “justificó” el desabastecimiento de alimentos a las familias pobres, resultó ser totalmente inexistente y otra de las operaciones del gobierno y sus operadores mediáticos para ajustar a los trabajadores y atacar a las organizaciones sociales y de trabajadores desocupados.
Se trata del informe solicitado por la diputada Natalia Zaracho en referencia a la auditoria supuestamente realizada por el Ministerio de Capital Humano y mencionada en el informe del entonces jefe de gabinete Nicolás Posse, con la cual el gobierno afirmó la inexistencia del 50% del total de los comedores populares, con la intención de justificar la no entrega de alimentos y la estigmatización y persecución contra dirigentes de las organizaciones sociales y piqueteras.
Más de un año después de la solicitud de los documentos producidos por la auditoría informada, desde el gobierno respondieron que tal auditoría nunca existió, sino que se trató de un “control propio” con “supervisiones y/o verificaciones territoriales” que “no se corresponden metodológica ni teleológicamente con los Informes de Auditoría”.
Esto quiere decir que el gobierno no realizó las auditorías, como tanto se repitió de boca de los funcionarios públicos y por parte de los medios de comunicación, sino que lo que hicieron fue un “relevamiento”, atípico y antojadizo, sin ningún protocolo, sobre una porción ínfima de los comedores populares registrados (2.193 espacios que representan el 6% de lo registrado), donde en la mayoría de los casos si quiera se apersonaron en los lugares, revisando tan solo formularios y registros en su poder, con la misma ausencia de toda metodología verificable.
Se trata de otra gran mentira del gobierno nacional, con lo que se intentó montar una campaña de desprestigio contra las organizaciones sociales y piqueteras y los y las organizadoras de comedores populares, tildando a todos de ladrones sobre la base de auditorias inexistentes, de lo cual se derivaron consecuencias legales contra militantes, activistas y dirigentes sociales y piqueteros, que llevaron a causas armadas como la instrumentada contra el Polo Obrero, con otras mentiras de igual tenor.
Estamos ante un modus operandi de este gobierno, donde se afirman mentiras como “verdades" verificadas, que luego son circuladas hasta el cansancio por sus operadores mediáticos ensobrados, y las cuales luego son empleadas para justificar el ajuste -cierre de miles de comedores y desabastecimiento de alimentos- y habilitar nuevas líneas de ataque contra los trabajadores con otras mentiras y campañas de igual tenor.
Con esta misma premisa es con la que actuó el juez Sebastián Casanello, quien tomando este tipo de operaciones como prueba y negando el derecho de defensa de los acusados, mando a juicio en tiempo exprés a los militantes y dirigentes del Polo Obrero, mientras que por otro lado viene del antecedente reciente de archivar una causa contra los dueños de la cuestionada droguería Suizo Argentina, involucrada en el escándalo de las coimas de Karina Milei.
La ministra Sandra Pettovello, investigada por la retención criminal de alimentos, entre otros chanchullos que salieron la luz en su breve gestión, es responsable de encabezar esta campaña de mentiras y operaciones mediáticas para avalar el ajuste. Hay que echarla junto con Javier Milei y todo este gobierno de inescrupulosos, corruptos y delincuentes antiobreros y antipopulares. Y terminar a su vez con todas las causas y procesos armados contra los militantes y luchadores sociales y piqueteros.
