El pasado jueves 8 de junio, en una sesión ordinaria del Concejo Deliberante de la ciudad de Avellaneda, se aprobó el perdón fiscal a todo inmueble radicado próximo a las orillas del Río de la Plata y la laguna La Saladita, en inmediaciones de la reserva ecológica de Sarandí. Se trata de un nuevo obsequio a las patronales contaminantes y los especuladores inmobiliarios.

“El único tema que trajo algún cruce fue la condonación de deudas por tasas a inmuebles de la zona de la Reserva Costera. Aunque se aprobó por unanimidad, desde la oposición advirtieron sobre la falta de documentación y el poco tiempo que habían tenido la semana pasada para estudiarlo” (Avellaneda Hoy, 09/6). Esta política beneficia a importantes empresas como Tri Eco S.A, o al shopping de Sarandí.

El precedente de esta política tuvo lugar en 2017, cuando Jorge Ferraresi dispuso a través de un decreto la mudanza de grandes industrias y curtiembres a terrenos aledaños a la reserva. Con el fin de cumplir con el saneamiento del Riachuelo (tema adeudado hace décadas) pasaron a contaminar nuevas barriadas. Fueron cambios sin ningún tipo de control ambiental. De este modo, habitantes de La Saladita sufren de la contaminación en aire, agua y tierra. Esto se suma al hacinamiento, la crisis habitacional, la ausencia de servicios básicos (redes cloacales, de agua potable, pluviales y el asfalto), el hambre y la pobreza en aumento. Las villas y los asentamientos están en expansión como consecuencia, por ejemplo, de la expulsión de familias laburantes de CABA.

La depredación ambiental en la laguna Sarandí se ve en su color: ha cambiado sus tonalidades marrones y verdes y pasó a ser más blanquecino. También se expresa en la aparición de centenares de peces muertos en las orillas del Río de la Plata. Ambos problemas fueron causados por los desechos industriales, ante lo cual el Estado no hace nada. Tampoco toma medida alguna contra la instalación de basurales a cielo abierto. A menos de media hora de la Casa Rosada, centenares de familias trabajadoras viven en medio de la basura. Comen, beben, pisan y respiran inmundicia.

Una de las firmas contaminantes es Tri Eco S.A, la cual está a cargo del tratamiento final de residuos peligrosos producidos por los centros de salud de la Provincia de Buenos Aires. La empresa incumple los protocolos (chimeneas más bajas de lo que se estipula, descargas de aguas infestadas en tierra y un lago próximo, entierro de desechos sin su tratamiento) vigentes, poniendo en amenaza a los vecinos y los propios trabajadores de la planta, que tampoco reciben las herramientas necesarias para tratar con dichos materiales (solo unos guantes de trabajo, de algodón). La empresa, de capitales internacionales, se encuentra denunciada por ofrecer sobornos al gobierno nacional.

Pero no solo los contaminadores son los grandes beneficiados por dejar de pagar la Tasa de Servicios Generales (TSG). La normativa también incluye al Shopping de Sarandí, ubicado frente a la reserva. Es el monumento a la especulación inmobiliaria y la utilización del predio en el que está situado fue autorizada por el Ejecutivo municipal, mientras 180 familias de la Cooperativa Sol Naciente reclaman poder construir sus hogares en terrenos próximos, que pocos años atrás eran entregados por la Gestión A y hoy quitados sin explicaciones claras.

Los perdones impositivos a especuladores y contaminadores no son una novedad. La misma dádiva reciben empresas como Rizen-Shell y Edesur, bajo la farsa de ser incentivos a la producción. Entretanto, pibes, pibas, embarazadas y adultos mayores de Villa Inflamable poseen el triple de lo normal de plomo en sus venas. La ciudad del sur del conurbano bonaerense como una de las más contaminadas de América Latina y el mundo. Acumar, por su parte, mira para el costado.

Este nuevo regalo deja en evidencia para quienes gobiernan el oficialismo peronista y la oposición macrista y radical. A la hora de ajustar y precarizar al pueblo trabajador, en pos de incrementar las riquezas de los Ceos, la grieta se cierra. Ni desde el bloque oficialista mayoritario (Frente de Todos-PJ) ni desde la oposición (Juntos por el Cambio) han expresado ni solicitado a la gestión municipal un plan de acción para terminar con las paupérrimas condiciones de vida de los vecinos y trabajadores de dicha zona. Solo votaron este perdón fiscal a favor de las patronales.

Hay que reinstalar el pago de las tasas y crear un impuesto real y sostenido sobre las ganancias millonarias de las empresas. Abajo el tarifazo de Ferraresi. Por un serio plan de obras públicas y viviendas populares bajo control de los habitantes de las barriadas. Urbanización de las villas y asentamientos. Para terminar con la contaminación ambiental, es urgente la formación de comisiones de seguridad e higiene, bajo control obrero, que inspeccionen las descargas industriales. Basta de depredación del ambiente.

Desde la izquierda vamos por todo esto.

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