Cuando el inminente colapso del sistema sanitario ya era el tema excluyente en cualquier rincón de la ciudad bonaerense de Bahía Blanca, el intendente Héctor Gay realizó una conferencia de prensa junto a los directores de los hospitales locales. Allí alertó a la población sobre la situación límite en la que se encuentra el sistema de salud, aunque tal cuadro ya era harto conocido por todos los bahienses gracias a las numerosas advertencias realizadas tanto por los trabajadores de la salud como por los propios directores de los nosocomios” denunciaba Prensa Obrera un par de días atrás.

Ahora, el intendente Gay declara que el problema radicaría en los pacientes de la zona que son internados -como corresponde- en el Hospital Regional Penna (Diputados Bonaerenses, 22/09).

No contento con eso, Gay agregó que “un sector de la población hace caso omiso a todas las recomendaciones”, en referencia a las medidas preventivas por el coronavirus. De forma paralela, sus concejales han salido a plantear el rechazo al retroceso de fase decretado nacionalmente para Mar del Plata, Tandil y Bahía Blanca. Pero es de público conocimiento que no se han testeados los hogares de adultos mayores, ni funciona el teléfono ante los insistentes llamados de los vecinos para consultar por los síntomas que se manifiestan y hacen presumir el contagio.

El cinismo de pretender hacer pasar la responsabilidad de los contagios comunitarios a la falta de compromiso de los bahienses y del faltante de camas a las internaciones en el hospital Regional de personas de otras localidades, no puede esconder el hecho de que la ciudad tiene menos camas en los hospitales públicos que hace una década atrás. En 2011, la ciudad contaba con 396 camas declaradas, entre Penna y Municipal, mientras que en el 2019 las camas eran 353. Este descenso se explica porque dejaron de contabilizarse las camas del neuropsiquiátrico, cerrado en 2011. Pero estos números son reveladores: en una década han pasado gobiernos pejotistas, massistas, kirchneristas y el propio Héctor Gay, que va por su segundo mandato, y no han incorporado ni una cama y el personal correspondiente al sistema público de salud.

Claramente, la responsabilidad es de estos gobiernos que buscan desviar la atención social hacia las conductas individuales.

Las medidas mínimas que se necesitan con urgencia para salvaguardar la salud de la población y los derechos e integridad del personal de la salud, ya planteadas por el FIT-U desde el comienzo de la pandemia, son la centralización del sistema de salud, el incremento del gasto de acuerdo a la emergencia en infraestructura, aparatología, incorporación de personal y salarios, y los rastreos y testeos masivos.