A cuatro días de declarada la cuarentena nacional, el gobierno provincial y municipal no ha avanzado un centímetro en el reforzamiento del vaciado y precario sistema de salud. Los hospitales Lucero (Municipal) y Penna (Provincial) han tenido que salir a hacer campañas solidarias para reunir fondos para la compra de insumos y aparatología frente al avance de la pandemia que amenaza a la ciudad. Incluso médicos del Municipal se han visto en la necesidad de procurar conseguir barbijos N95 (técnicamente preparados para tratar con infecciones de transmisión respiratoria) en forma personal, con resultado incierto.

El número de respiradores operativos en Bahía Blanca es incierto, aunque las distintas fuentes coinciden en que su número es escaso para una población de más de 300 mil habitantes. Más aún, el Penna recibe derivaciones de toda la región (más de 700 mil habitantes), ya que la mayoría de los distritos no cuentan con la aparatología requerida. En Cnel Rosales hay un solo respirador en funcionamiento y el hospital Naval está quebrado, lo mismo que el de Darregueira. El de Cnel Suárez, recientemente elevado a la categoría de interzonal, adquirirá uno también a través de la solidaridad de la colecta llevada a cabo por su Cooperadora (La Nueva, 22/3).

En un escenario desfavorable pero no descabellado, 20 mil de esas personas requerirán cuidados intensivos a lo largo de un período corto de tiempo. Esto debe ser sumado a las complicaciones por otras enfermedades, accidentes, etc, y en particular la epidemia de dengue en medio de una ola de mosquitos (La Brújula 24, 23 / 3). Las FF.AA. ya están montando carpas en el patio del Hospital Penna con el objetivo de aislar a los infectados que desborden la capacidad instalada.

Estos números crudos ponen en evidencia la necesidad de medidas duras de aislamiento social. En nuestra ciudad, las filmaciones periodísticas muestran las calles vacías, dando cuenta del alto grado de compromiso social con la cuarentena.

¿Se viene el estallido?

No obstante ello, para una enorme porción de la población es de imposible cumplimiento. Nos referimos a las y los trabajadores informales, desocupados y cuentapropistas que viven al día, y como consecuencia de la reducción de sus ingresos a cero tienen amenazada su supervivencia en forma mucho más cercana que la eventual complicación derivada de la CoViD-19. Según un informe de la consultora IDESA, el 22% de los hogares del país tiene como jefe a un asalariado no registrado, de los cuales el 43% son pobres y, además, un 23% tiene como jefe a un cuentapropista y el 35% de ellos son pobres.

El estado responde con regimentación y brutal represión

Según el secretario de Gobierno Municipal Adrián Jouglard, "el Juzgado Federal N°1 tuvo 149 intervenciones, lo que arrojó 72 detenciones por gente que estaba violando la cuarentena", y el número de detenciones por no acatar la cuarentena va en ascenso, con todas las fuerzas de seguridad abocadas a esa tarea. Según el juez Federal Santiago Martínez, ya hay 400 causas en curso, y el número de causas también va en aumento. El juez advirtió que “En Bahía ya hubo un caso de coronavirus así que nadie sabe si está o no infectado. Por eso el que sale está al borde de cometer el delito de propagación de una enfermedad, que tiene una pena de 15 años" (La Brújula, 22 y 23/ 3).

Esta política represiva va acompañada de todo tipo de abusos policiales, apremios ilegales, que sirven al propósito de amedrentar a la población trabajadora. Como la brutal represión con balas de goma, culatazos y golpes de puño a una familia trabajadora en la noche del sábado 21, con asalto ilegal y destrozos en su propia vivienda de Láinez al 2100. O los vecinos de Zapiola al 400 que llamaron al 911 y terminaron reprimidos y encausados, el domingo 22.

Del “damos vuelta la página” al Plan de contención y militarización

En este marco, el estado ha anunciado un subsidio de $5000 para trabajadores informales no jubilados y que no cuentan con ningún beneficio, ni siquiera la AUH, y acaba de anunciar un “ingreso familiar de emergencia” de $10.000 por única vez para monotributistas A y B. Un monotributista con un ingreso neto mensual de $34200 ya queda fuera de estas categorías.

Aún se desconoce el alcance que van a tener estas medidas, pero ante la evidencia de lo insuficiente, el gobierno prepara un reforzamiento de la represión mediante un plan de militarización de toda la provincia. Se trata del “Plan Operativo de Preparación y Respuesta al Covid-19” que recibieron las FF.AA. para actuar “ante un estallido social” (Diputados Bonaerenses, 21 / 3).

La importancia de los testeos de Corona virus

Otro aspecto que dificulta la eficacia de la cuarentena son las actividades esenciales que no pueden cumplirla, y las no esenciales que no la cumplen por las crecientes presiones de las patronales, que aprovechan la atomización de la clase obrera para ahorrar en medidas de seguridad e higiene y reforzar la tasa de explotación.

Por eso es indispensable, además de medidas para frenar los abusos patronales como prohibir los despidos, una política generalizada de tests para combinar la cuarentena general con políticas dirigidas (aislamiento de los infectados) para poder relajar antes la cuarentena general (y saber cuándo y dónde es conveniente hacerlo).

En lugar de reforzar la represión, urge reforzar el sistema de salud y ponerlo bajo un comando único nacional.