Se ponía el sol sobre el acceso al Puerto de Ingeniero White y los vecinos nos mostraban el camino con cortes intermitentes, por segundo día consecutivo, exigiendo lo que les corresponde: el pago de los subsidios prometidos tras la inundación del 7 de marzo y el inicio de las obras estructurales largamente postergadas.

A casi tres meses del desastre, unas 300 familias aún no han recibido ni un peso de la ayuda nacional ni provincial. Lo que debía ser una asistencia inmediata frente a una emergencia, terminó siendo una burla para quienes lo perdieron todo. Los subsidios, de entre 2 y 3 millones de pesos por parte del Estado nacional y de $800.000 por parte de la provincia, siguen sin llegar a gran parte de los damnificados. Las promesas de los gobiernos se diluyen entre excusas burocráticas, correos que dicen que “recién se habilitan” y declaraciones que apuntan a deslegitimar la protesta.

En ese marco, la ministra de Seguridad Patricia Bullrich volvió a hacer lo que mejor sabe: amenazar y perseguir. Esta vez acusó al Partido Obrero de “meter la política” en la protesta. No sorprende: Bullrich ya lo hizo con los jubilados, con los docentes y con los trabajadores de la salud. Ahora amenaza a vecinos inundados que reclaman por el agua, la salud y la vivienda, con temor de que sus reclamos se desparramen como reguero de pólvora por toda la ciudad.

Con lucha se conquistan reivindicaciones y los vecinos de White lo saben. Solo cuando ocuparon el acceso al puerto comenzaron a aparecer respuestas tibias: el titular de Concejo deliberante, Mauro Reyes (LLA), rápidamente anunció que ahora se habilitaría el correo para corregir errores.

El conflicto de White no es aislado. Es parte del emergente de luchas que atraviesan el país de punta a punta, con los metalúrgicos en Tierra del Fuego, los docentes en Catamarca, los trabajadores del Garrahan en CABA, el sector discapacidad marchando a Plaza de Mayo. La crisis estalla y los gobiernos a menudo responden los reclamos con la represión policial.

Mientras tanto, funcionarios del Consorcio del Puerto que son dirigentes del PJ buscan judicializar la protesta, siguiendo el libreto represivo del gobierno liberfacho. Pero el pueblo está tomando nota: hay un límite al ajuste, a la desidia, al desprecio. White se cansó de esperar.

“Estuvimos tres días durmiendo en los techos, entre desechos cloacales”, recordó en el Concejo Deliberante uno de los vecinos. Allí también pidieron que la comunidad pueda elegir a su delegado municipal, y no que sea designado a dedo, como ocurre hoy con Lucía Velaustegui.

La protesta sigue porque la necesidad sigue

Si no fuera por los piquetes, los subsidios seguirían estancados y los funcionarios seguirían tomando café en sus despachos.

Lo que está en marcha no es solo un reclamo por dinero. Es un reclamo por las condiciones de vida en una comunidad que sufre a diario la contaminación del Polo Petroquímico y que tiene una rica historia de lucha, como se vio en 2001 ante el escape de cloro. Y como tantas veces en la historia argentina, el pueblo trabajador, en la calle, es el que abre el camino hacia una salida cuando los poderes económicos y políticos descargan el ajuste sobre sus espaldas.

Esto es muy viejo en nuestro país, los vecinos reclaman tierra para construir y les mandan la policía en vez de atender la demanda.

Si no contara con la complicidad de todos los partidos del régimen en el parlamento y con las direcciones sindicales traidoras de la CGT y las CTAs que no convocan al pueblo a luchar, este ajuste inviable ya se habría terminado, y con él este gobierno antiobrero.

El Partido Obrero apoya y se solidariza con los vecinos que reclaman la reparación de los bienes que han perdido y que frente a las promesas incumplidas de los funcionarios de los gobiernos nacional, provincial y municipal salen a luchar. Los vecinos de Ingeniero White son un ejemplo para todo Bahía Blanca y para el país.

Crecen las luchas

Editorial de 14 Toneladas T2 E17. -

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