A más de un año de asumido el gobierno de Milei, algunas promesas de campaña resultaron no ser lo que la población trabajadora esperaba. Entre ellas se encontraba la eliminación de impuestos, algo que las mayorías populares demandan producto de que la mayor parte de los tributos que conforman el principal ingreso del Estado recaen sobre los salarios y los ingresos de la población. Sin embargo, lo que se redujo es la carga tributaria de los capitalistas, mientras los impuestos sobre los ingresos de los trabajadores se incrementaron.

El gobierno viene llevando adelante un brutal ajuste fiscal que, además de recortes presupuestarios sobre esferas públicas fundamentales como salud o educación, también viene cargado de una serie de impuestazos. Entre ellos, se restituyó la cuarta categoría del Impuesto a las Ganancias, la que grava el salario y las jubilaciones y pensiones. Esto significa que cualquier trabajador que perciba un salario neto de 1.693.449,28 o más, es decir apenas superior a una canasta básica (la cual no tiene en cuenta al alquiler), debe pagar dicho tributo.

También incrementó la carga tributaria del monotributo, mientras los topes de facturación no lo hicieron en la misma medida en que los trabajadores necesitan facturar para poder solventar sus condiciones de vida mínimas. El aporte mensual se incrementó un 110,9% mientras la facturación lo hizo solo en un 49%. Es una confiscación indirecta del salario.

A esto se suma el mantenimiento de impuestos sumamente regresivos como el IVA, principal ingreso del Estado. Dicho tributo grava casi todos los artículos que se pueden comprar, inclusive los más básicos como alimentos y elementos de higiene. Dicho gravamen recae sobre el consumidor final, es decir que lo paga tanto el que percibe ganancias extraordinarias como el que vive de un magro salario, y la recaudación fiscal por esta vía se incrementa conforma aumenta la inflación, la cual no es solo un mecanismo para transferir ingresos de los laburantes a los capitalistas, sino también al Estado

Este no es el único impuesto regresivo que se mantiene y por el cual el Estado recauda. Uno de cada cuatro pesos de las boletas de luz y gas son gravámenes, los cuales aumentan en la medida en que lo hacen las tarifas. Lo mismo sucede con distintas alícuotas en los combustibles, los cuales fueron incrementados también por el gobierno, lo que recayó directamente sobre el precio final que pagan los consumidores y de ahí se traslada al resto de los productos por el encarecimiento del transporte. Otros gravámenes que no están fijados al consumidor, como Ingresos Brutos -de donde provienen en promedio tres cuartas partes de los tributos de las provincias-, son trasladados por los empresarios a los precios.

En paralelo, el gobierno otorgó un alivio para los autónomos, es decir aquellos cuya facturación sobrepasa los $82.370.281 anuales, pero restituyó dicho impuesto para los empleados. Esto significa que solo fueron beneficiados aquellos que percibían altos ingresos en carácter de ganancia, los capitalistas.

También derogó el impuesto a la transferencia de inmuebles, en beneficio de los especuladores inmobiliarios; se eliminó la percepción del 30% al dólar tarjeta a cuenta de la rebaja en el impuesto sobre los bienes personales votado por el Congreso en beneficio de los más ricos; se subió el mínimo no imponible al impuesto sobre los bienes en el exterior; se creó un régimen de blanqueo de capitales en beneficio de todos aquellos que tenían bienes en el exterior sin declarar; se eliminó el Impuesto País sobre la compra de divisas; se redujeron las retenciones a las exportaciones agrarias y las economías regionales y se eliminó la alícuota del 20% de impuestos internos sobre autos de alta gama.

Sobre esto último, el argumento es que, reduciendo los impuestos a las automotrices se abaratarán los vehículos, aunque lo anterior no está asegurado ya que bien podrían las empresas absorber ese margen de beneficio en lugar de trasladarlo al precio final.

Incluso, la medida ni siquiera apunta a subsanar la verdadera problemática que atraviesa la industria automotriz, dado que la producción se desplomó un 17% como resultado de un aumento en la importación de vehículos. Las consecuencias de esa caída las pagan los trabajadores por medio de despidos y suspensiones, como viene haciendo Renault, Volkswagen y General Motors. Otorgar exenciones impositivas a los autos de media y alta gama no apunta a revertir este problema, solo busca mejorar las ganancias de las patronales.

Así las cosas, las ventajas fiscales de la gestión libertaria son solo para el capital. En contraste, crece la presión impositiva sobre los trabajadores, además de ser los jubilados y las necesidades sociales la principal variable de ajuste a la hora de alcanzar el superávit fiscal. Frente al carácter absolutamente regresivo del sistema tributario del país, planteamos la eliminación de impuestos al consumo como el IVA y del impuesto al salario, y que el sostenimiento del fisco recaiga íntegramente sobre los capitalistas.

Los aumentos de tarifas no tienen fin

Más aumentos y reducción de subsidios a partir de febrero. -

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