Políticas
24/10/2026
Bauen Pilay: La trama de especulación, dictadura y complicidad estatal detrás de la megaestafa
El negociado inmobiliario que despojó a miles de familias sacó a la luz la podrida trama que une a los dueños de Pilay con exfuncionarios del PS y personeros del terrorismo de Estado.
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La megaestafa de Bauen Pilay, que dejó a la intemperie a más de diez mil familias santafesinas, no es una simple crisis financiera entre privados, es el resultado de un régimen de expoliación montado a la vista de todos los gobiernos capitalistas, donde confluyen los intereses de las corporaciones del ladrillo, los sótanos de la última dictadura y la complicidad directa del Partido Socialista. La promesa de la casa propia mediante planes de ahorro a 20 o 30 años se transformó en una gigantesca trampa de confiscación de los salarios, mientras los directivos de la firma desviaban fondos, incumplían plazos y ofrecían unidades recortadas en zonas sin servicios.
Detrás de este desfalco aparecen los nombres propios de una clase empresarial parasitaria amparada por la impunidad estatal. A la cabeza del grupo Pilay se encuentra Javier Vigo Leguizamón, un abogado y empresario santafesino de estrechos lazos con la última dictadura cívico-militar, en la que llegó a ocupar cargos ejecutivos. Conocido lobista del militarismo y defensor letrado de represores -ligado al entramado político que hoy referencia Victoria Villarruel-, Vigo Leguizamón comandó durante décadas la captación millonaria de ahorros de familias obreras con contratos leoninos.
A su lado emerge la figura de Marcelo Vorobiof, histórico directivo de la compañía y pieza clave de los gobiernos del Frente Progresista. En 2010, Hermes Binner premió a Vorobiof designándolo presidente del Ente Administrador del Puerto de Santa Fe, cargo en el que fue ratificado luego por Antonio Bonfatti hasta que terminó eyectado y condenado penalmente por defraudación a la administración pública y peculado. El hilo conductor es evidente: los vaciadores de la vivienda popular son los mismos que hicieron carrera en la función pública negociando puertos y negocios inmobiliarios bajo el paraguas del Estado.
La putrefacción de este engranaje adquiere una fisonomía siniestra con los lazos que unieron a la empresa con el aparato criminal de la represión. Los propios damnificados denunciaron que Manuel Antonio Cunha Ferré, exoficial de inteligencia del Ejército y jefe del centro clandestino de detención "Sheraton", estuvo a cargo de la administración de inmuebles y edificios del consorcio Bauen Pilay en Rosario hasta su detención en 2013 por delitos de lesa humanidad, una actividad que su propio hijo continuó gestionando bajo el amparo corporativo.
Esta operatoria privada floreció al calor de una deliberada política de Estado que desmanteló la vivienda social. El retiro del Estado de la construcción masiva y directa de complejos habitacionales -cuyo último hito fueron los planes Fonavi en la década del noventa- abrió el camino a la especulación desenfrenada.
La gestión del socialismo consagró este repliegue con el programa "Mi Tierra, Mi Casa", que se limitó a sortear lotes pelados y trasladó el costo total de la edificación al bolsillo de las familias trabajadoras.
Ese desamparo se agravó drásticamente en los últimos años: el gobierno nacional de Javier Milei eliminó el Procrear y paralizó por completo la obra pública, mientras que el gobernador Maximiliano Pullaro lanzó los denominados "Créditos Nido", una línea bancaria atada a la indexación inflacionaria de las UVAs más un interés usurario que excluye de plano a los trabajadores precarizados y traslada todo el riesgo de la bancarrota a los asalariados.
La vivienda popular bajo el yugo de la especulación capitalista
El resultado de este régimen de ajuste y lucro inmobiliario es catastrófico: más del 34% de los hogares de Santa Fe sufre hoy un déficit habitacional crítico entre problemas de hacinamiento y falta de acceso al techo propio (según datos del Observatorio Federal de Acceso a la Vivienda Argentina, en base al Indec).
Ante esta parálisis habitacional y el colapso del crédito, miles de trabajadores cayeron en las garras de las cuotas confiscatorias de Bauen Pilay. Hoy, mientras la Justicia dilata los expedientes y empuja a los perjudicados a arreglos judiciales humillantes para blindar las ganancias de las empresas, los suscriptores organizan asambleas y reclaman medidas contundentes.
No se puede esperar nada de la mediación judicial ni de las componendas políticas con los empresarios del desfalco. La salida ante esta estafa parte de la movilización independiente de los trabajadores afectados. Apertura irrestricta de los libros contables de Pilay y de los organismos de control, inhibición general de bienes de Vigo Leguizamón, Vorobiof y de toda la mesa directiva para responder con su patrimonio personal, y la expropiación de las tierras e inmuebles necesarios para finalizar las obras pendientes bajo control de los damnificados y de los trabajadores de la construcción. El acceso a la vivienda es un derecho de los trabajadores, no un coto de caza para los especuladores y sus socios del poder político.
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