El nuevo aumento de los combustibles, el octavo desde agosto, sacó a relucir una disputa que muestra las contradicciones de la política económica del gobierno nacional, porque responde a la actualización de los precios de los biocombustibles. Esto cuando el Congreso se ha convertido en un campo de batalla entre el lobby que busca prorrogar los incentivos al sector y otro que pretende abolirlos.

La negativa del bloque oficialista de incluir en las sesiones especiales la prórroga a la ley de biocombustibles ha creado una crisis con el Interbloque Federal, que reclama su inmediato tratamiento, al cual se suman diputados que responden a las patronales de sus provincias antes que a sus propios partidos. A pesar de que la ley ya tiene media sanción del Senado, se ha dilatado su tratamiento en Diputados y si no se sanciona hasta el mes de mayo podría tener consecuencias directas en un negocio que se estima en torno a los 1.000 millones de dólares.

La cuestión enfrenta a dos sectores empresariales de los pesos pesados, los pulpos petroleros con el gran capital agrario, en torno al porcentaje de corte (que debe incluirse en las mezclas de naftas y gasoil) y los precios de los biocombustibles. Se enmarca a su vez en la crisis que atraviesa YPF, y más profundamente en la crisis capitalista mundial que golpea de lleno la industria de los hidrocarburos aún en los países imperialistas.

Todos quieren un pedazo de la torta

Al día de hoy existe la obligatoriedad para las petroleras de mezclar las naftas y el diésel con un 12% y el 10% de bioetanol y biodiésel respectivamente. Las petroleras no han respetado estos cortes en los últimos meses, reduciendo drásticamente los del diésel a alrededor de un 7%. Esto despertó las quejas de los productores de biodiésel de la zona centro del país. Los cortes del etanol provenientes de la caña de azúcar se redujeron en porcentajes menores, pero lo suficiente para tener inquietos a los ingenios azucareros del norte.

Otro factor que afectó al sector fueron las restricciones que impuso el gobierno de Donald Trump para las exportaciones a Estados Unidos, fijando aranceles del 130% al biodiésel argentino. Ahora los productores locales están esperanzados con que el nuevo presidente Joe Biden permita retomar la exportación a ese mercado gigantesco, pero es una expectativa que tiene poco asidero porque la nueva administración no parece estar dispuesta a cambiar de fondo la política de comercio exterior que apunta a recomponer la primacía del imperialismo yanqui.

Las petroleras alegan que los combustibles de origen vegetal (cuyos precios están regulados) son más caros que los hidrocarburos, y esos mayores costos no son libremente trasladados al precio en surtidor porque el Estado fija una pauta a partir de YPF, que concentra el 60% del mercado de expendio. Es decir que quita una porción del mercado a las petroleras y se lo entrega a los ingenios y cerealeras que ya cuentan con 54 plantas industriales funcionando en todo el país.

A principios de este año el gobierno actualizó el precio de los biocombustibles otorgando aumentos de hasta el 90%, una concesión a las cerealeras que lo venían reclamando desde principios de la pandemia. Esto reavivó la presión de las petroleras para aumentar los naftas y gasoil, lo cual fue concedido con el gobierno desde la segunda mitad de 2020 -desde entonces los naftazos mensuales le ganan a la inflación, y la incentivan. Ahora, cuando el gobierno desespera por evitar que se fuguen divisas por la importación de gan en el próximo invierno y otorga subsidios millonarios para revertir la declinación de la producción en Vaca Muerta. Este lobby cruzado pone en jaque al gobierno y mantiene trabada la cuestión.

Este episodio grafica la contradicción entre los incentivos al mayor complejo exportador del país cuando el gobierno de Alberto Fernández ha atado su suerte a los dólares que ingresen por la exportación agraria, con los estímulos ofrendados a los pulpos petroleros para revertir un déficit energético que puede consumir las exiguas reservas internacionales. Es el síndrome de la frazada corta, tironeada entre grandes empresas con fuerte incidencia de capital extranjero.

Los platos rotos se cobran a los trabajadores

La factura de la crisis se traslada a los trabajadores, con aumentos de los precios de los combustibles en surtidor -lo que acicatea la aceleración inflacionaria-, y con despidos y suspensiones en ambas industrias. Un ejemplo lo tenemos en el sector azucarero.

En este cuadro, el secretario general de Fotia y legislador oficialista de Tucumán, Roberto Palina, salió presuroso a defender los interés de las patronales azucareras. Se queja de que no se haya prorrogado la ley y habla de la importancia económica de la actividad para el norte del país. Nada dice de la pérdida que sufrieron los trabajadores ante la paritaria firmada el año pasado, donde los trabajadores quedaron 10 puntos por debajo de la inflación, ni de la creciente precarización laboral en los ingenios donde cada vez son menos los trabajadores permanentes, los cuales son suplantados año tras año por temporarios o contratistas fantasma que luego desaparecen.

La industria petrolera en general, y la argentina en particular, se encuentra en una profunda crisis. La caída de los precios internacionales del petróleo dejaron a pulpos norteamericanos del fracking al filo de la quiebra, o efectivamente en extinción, por los mayores costos de producción. Esta inviabilidad vale más aún para Vaca Muerta, cuyos costos son mayores. El gobierno afronta la contradicción de subsidiar la producción petrolera cuando la promete al FMI una fuerte reducción del déficit.

Son las contradicciones de regir la economía en base a un rumbo fondomonetarista de repago de la deuda externa. Una política energética debe orientarse en función de las necesidades de los trabajadores y empezar por la nacionalización sin indemnización de la industria energética, bajo control obrero. La nacionalización del comercio exterior es otra medida fundamental para reorganizar la vida productiva del país sin ser rehenes de las presiones patronales hacia uno u otro lado. En definitiva, para zanjar estas contradicciones hace falta un plan económico bajo la dirección de la clase obrera.