El gobierno nacional, por medio de la ministra de Trabajo Raquel “Kelly” Olmos, anunció que los trabajadores que reciban el bono de $60.000 en dos cuotas estarán impedidos de acceder al dólar oficial. Por esta vía, el gobierno bloquea el mecanismo de ahorro al cual acceden alrededor de 800.000 trabajadores, mientras garantiza los dólares girados por el FMI para la fuga de capitales del sector financiero.

El anuncio de la ministra se hizo extensivo a la compra de dólares en todo el mercado cambiario, lo que abre el interrogante de si adicionaran restricciones al dólar MEP por medio de un decreto y/o intervención de la Comisión Nacional de Valores. Cabe agregar que actualmente existen unas 13 restricciones para el acceso al dólar oficial.

Olmos justificó esta medida señalando que “lo que nosotros queremos es que esto no vaya a la brecha, queremos que vaya a consumo”. Pero el principal responsable del derrumbe del consumo es el propio gobierno que, pasadas las Paso del 13 de agosto, procedió a una devaluación abrupta del 22%, liquidando el ahorro y los ingresos de los trabajadores.

Tampoco existe claridad de cómo se efectivizaría la medida debido a que el gobierno “controlaría” directamente solo aquellos casos de pequeñas y medianas empresas en las que colaboraría total o parcialmente con el pago del bono, pero no así en las empresas más grandes del sector privado.

Además, como el bono es obligatorio e irrenunciable las restricciones al dólar ahora tendrán el mismo carácter, obligando a los trabajadores que quieran cubrir sus tenencias a dirigirse al mercado paralelo donde la cotización orilla los $750.

El gobierno ya viene estableciendo medidas de este tipo por medio de las restricciones al dólar ahorro para quienes acceden a los subsidios en las tarifas de luz, agua y gas.

La política oficial tiene un marcado sesgo social, debido a que mientras extiende el cerco restrictivo sobre los trabajadores se ha caracterizado por habilitar regímenes excepcionales de acceso al dólar para los exportadores, y garantiza la fuga de capitales por medio de la intervención directa en el mercado de cambio. Además, el gobierno cubrió a los capitalistas ante la devaluación con bonos atados al dólar e indexados a la inflación, pero dejó al descubierto a los trabajadores.

Si tomamos las dos cuotas de $30.000 del bono impulsado por el gobierno estaríamos hablando de un total de 94 dólares al precio oficial ($640). Lo acotado de este impacto demuestra que el propósito es bloquear que una porción de los actuales 800.000 trabajadores que accede al dólar oficial puede resguardarse en el mismo, generando un ahorro adicional para el gobierno a expensas de los trabajadores.

Cuando la ministra afirma que el bono “es para acompañar a los trabajadores en el impacto de la devaluación impuesta por el Fondo Monetario Internacional (FMI) que trajo el macrismo a la Argentina”, omite señalar que la devaluación del 22% fue pactada por el gobierno y el FMI a espaldas de los trabajadores, y que el curso ajustador de la política oficial se aviene sin reparos a los dictámenes del Fondo.

Con esta política el gobierno vuelve a dejar en claro que toda su intervención es contraria a los intereses de los trabajadores: atacando el poder adquisitivo de los sectores obreros y populares y allanándole el camino a los negocios del capital financiero y los especuladores.

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