El gobierno, tras vivenciar una derrota electoral de envergadura el pasado domingo, informó el inminente lanzamiento de medidas económicas con el objetivo de atenuar el descontento popular expresado en las urnas. De todas maneras, los anuncios en ciernes no implican una ruptura con la política de ajuste que encarna el oficialismo, en aras de acordar con el FMI.

Dentro de las medidas se encuentran el aumento de las asignaciones familiares, un bono de $6.000 para los jubilados que cobran la mínima y el incremento del 10% hasta diciembre del salario mínimo. A su vez, el gobierno estaría evaluando reponer el IFE de manera “segmentada” (es decir, restringida) y largar una línea de créditos a tasa cero para los trabajadores. En definitiva, una aspirina para intentar recomponer la imagen gubernamental.

Se trata de migajas que no revierten en absoluto el cuadro de hambre y miseria en el cual se encuentran sumergidas millones de familias trabajadoras. De ninguna manera los anuncios en puerta tuercen el rumbo de ajuste adoptado por el gobierno, al servicio de cumplir con las exigencias del FMI para arribar a un acuerdo. Sin ir más lejos, en breve Martín Guzmán dará a conocer el Presupuesto 2022, el cual está confeccionado con la pluma del fondo.

Las iniciativas pergeñadas muestran a todas luces la perversidad de un gobierno que se encargó de sumir en la pobreza a amplios sectores de la población durante todo su mandato y ahora pretende “reconquistar” al electorado con “chaucha y palitos”. Es sencillamente un insulto para los jubilados que cobran el haber mínimo de $26.000, para los trabajadores cuyos ingresos están atados a la evolución de un salario mínimo de $29.000 -las trabajadoras de casas particulares o las personas que perciben un programa social por la mitad de esa cifra, por ejemplo- y aquellos que cada día hacen fila en los comedores populares en busca de un plato de comida. Es la demagogia electoral en su expresión más miserable, ya que estos sectores seguirán percibiendo ingresos de indigencia a pesar de los nuevos anuncios.

En ese sentido, los bonos a discreción para los jubilados que cobran la mínima mantienen intactos los haberes de miseria, sobre los cuales se calculan los nuevos incrementos. A su vez, la nueva fórmula de la movilidad del gobierno divorcia los aumentos del índice inflacionario, consagrando así jubilaciones de indigencia a perpetuidad.

Alberto Fernández hizo uso de un cinismo extremo al afirmar que “escuchó las demandas de la sociedad” a partir de conocer los resultados de las PASO ¿Acaso no sabía que quitando el mísero IFE dejaba sin ingresos a 9 millones de personas, o que con la nueva movilidad jubilatoria que él mismo estableció los haberes previsionales estarán 8 puntos por debajo de la inflación cuando finalice el año? ¿Considera que subir el salario mínimo a $32.076 y aumentar asignaciones que hoy se encuentran en irrisorios $5.000 significa “escuchar las demandas de la sociedad”?

Finalmente las demandas del pueblo trabajador son inaudibles para el gobierno, porque las únicas demandas que canaliza son las del FMI y las patronales. A tal punto que la gestión de Alberto Fernández redujo el “gasto público” y las prestaciones sociales en momentos de mayor recaudación, promovió techos salariales, dejó pasar más de un millón de despidos y no tomó ninguna medida de fondo para evitar la escalada en los precios dando como resultado una inflación acumulada del 32,3% en los primeros ocho meses de 2021. Por otra parte, en lo que va del año gastó $457.341 millones para cancelar vencimientos de deuda y premia con subsidios dolarizados a los pulpos petroleros. Como si esto fuera poco, el BCRA ha erogado $800 mil millones en el transcurso del 2021 en concepto de intereses de Leliqs y Pases, donde los acreedores son los bancos.

Por otro lado, Martín Tetaz, de Juntos por el Cambio, publicó en su cuenta de Twitter -en alusión a las medidas que el gobierno tiene en carpeta- que “cuando ganan las elecciones ajustan a los jubilados y al salario mínimo y cuando pierden los aumentan”. Se trata de una impostura viniendo de una fuerza política que votó y seguirá votando junto al oficialismo todas las leyes del ajuste en el Congreso. A su vez, durante la anterior gestión presidencial el salario real cayó 20 puntos y las jubilaciones perdieron un 19,5% contra la inflación mediante la reforma macrista.

Dicho esto, los nuevos anuncios no son otra cosa que un intento por encubrir las próximas medidas antipopulares que prepara el gobierno una vez que pasen las elecciones, acarreando mayores penurias para los sectores populares. Así es como el Frente de Todos seguirá alimentando el hastío que lo condujo a su reciente derrota electoral. Desde la izquierda tenemos la tarea de organizar la lucha contra estos ataques y seguir construyendo una alternativa política de los trabajadores.

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