En horas de la tarde del último sábado otro caso de violencia policial tuvo lugar en la Isla Maciel (Avellaneda), a pocos metros de la cancha de San Telmo. El efectivo de la Policía Federal Nicolás Rendichi asesinó a sangre fría a Lucas Barrios, un joven de 18 años que habría intentado robarle. Sin embargo, pese a que la versión presentada por el policía conlleva varios interrogantes, ni su propia presentación de los hechos puede atenuar que se trató a todas luces de un caso de gatillo fácil.

Los hechos se habrían producido a raíz de que Rendichi y Barrios coordinaron vía redes sociales un punto de encuentro en Pinzón al 1500, donde el policía, que no se encontraba en horas de servicio, le compraría una consola PlayStation. Al arribar al lugar, Barrios le habría tendido, junto a otro hombre, una emboscada para robarle. Según la versión presentada por el efectivo policial, el tercero “lo habría amenazado con un arma”, tras lo cual se identificó y desenfundó su 9 milímetros. Este hecho habría provocado la respuesta del asaltante, que le disparó a Rendichi, motivando una balacera como devolución. 

Sin embargo, la versión presentada por el policía ante la Comisaría 1ra de Avellaneda, donde él mismo acudió tras los hechos, hace agua por todos los flancos. Uno de los primeros puntos que lo colocan en infracción es por qué el efectivo llevaba consigo el arma reglamentaria, en vistas de que no estaba desempeñando funciones. Pero a su vez, restaría definir, sobre todas las cosas, por qué los balazos fueron disparados a Barrios, si el atacante no habría sido él. El dato que probablemente sea el más grave es que este último recibió en total 18 balazos, lo que le causó la muerte tras ingresar de urgencia al hospital Fiorito. Considerando que el arma reglamentaria de la Policía Federal es la Bersa 9 mm, que posee capacidad para 17 balas en el cargador y 1 en la recámara, Rendichi lisa y llanamente le disparó todos los tiros. Lo que da cuenta de que este tenía absoluto control de la situación y decidió actuar de la forma más aleccionadora.

El policía se encuentra ahora, por orden del fiscal Elbio Laborde de la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio descentralizada número 3 de Avellaneda, detenido y en proceso de indagación bajo la carátula de homicidio simple agravado por el uso de arma de fuego. Esto es, cuanto menos, bochornoso. Jamás puede un asesinato en manos de un integrante de las fuerzas represivas del Estado ser caratulado como homicidio ‘simple’. Esto constituye, en los hechos, un primer paso para garantizar la impunidad del policía, o por lo menos, la tentativa de reducir todo lo posible la pena a la que se lo pueda llegar a sentenciar, obviando la cuestión de que Rendichi cuenta con una instrucción “profesional” que lo debería haber llevado a actuar de otra forma, mientras que el resultado apunta a un accionar con alevosía.

La lucha por justicia para Lucas Barrios será entonces parte de la profunda lucha contra todo un régimen del gatillo fácil, que asesina, según las últimas estadísticas de Correpi, a una persona cada 21 horas en nuestro país. Desde el retorno de la democracia, las fuerzas represivas del Estado contabilizan en situaciones similares más de 3 mil muertes, hecho que el correr de los años sólo ha profundizado tras una sucesión de gobiernos enteramente responsables. Mientras el asesinato de George Floyd en Estados Unidos y la pueblada nacional que ha desencadenado ocupan las portadas de los diarios del mundo, dentro de nuestro país se multiplican los abusos, la violencia y los asesinatos policiales. El asesinato de Lucas Barrios se produce tan sólo unos días después de que fuera hallado, luego de varios días desaparecido, el cuerpo sin vida de Luis Espinoza; caso en el que también se pretende garantizar la impunidad desde el poder político y el judicial. Sólo la lucha y la organización independiente de trabajadores y vecinos de las barriadas pueden poner fin, entonces, a la impunidad que el Estado quiere garantizar a estos crímenes que se han visto enormemente amplificados durante la cuarentena. El inmediato desmantelamiento del descompuesto aparato represivo es una tarea fundamental para terminar con estos casos de gatillo fácil.