Hace tiempo que la precandidata presidencial de Juntos por el Cambio, Patricia Bullrich, insiste con el planteo de eliminar los planes sociales. Lo dijo en junio de 2022, cuando prometió terminar con los mismos en “seis meses”. Lo reiteró a fines de enero y, en abril, ante empresarios en un foro desarrollado en el hotel Llao Llao de Bariloche.

La novedad, según un artículo de Página 12 (30/7), es que la exministra de Mauricio Macri quiere hacerle un lugar en ese proceso a la Gendarmería. De acuerdo al matutino, es lo que les planteó informalmente a un grupo de hombres de negocios en el Hotel Palladio, en el barrio de Recoleta. Frente a la inquietud de un productor frutícola por las dificultades para contratar a beneficiarios de planes sociales para la cosecha, la exministra habría respondido: “por eso no te hagas problema, si soy presidenta, ya el día uno elimino todos los planes sociales”. Ante la objeción del empresario de que eso no sería aceptado y desataría un “caos social”, retrucó que “el que no quiera cambiar, va a hacer un servicio civil obligatorio”. Recordó, entonces, que le había propuesto al expresidente Mauricio Macri hacer una prueba piloto al respecto, a partir del entrenamiento por parte de la Gendarmería de 200 personas beneficiarias de planes sociales.

Más allá de la completa vaguedad y falta de seriedad que tiene el planteo, ratifica las obsesiones de Bullrich: el rechazo a la población empobrecida y su amor por las fuerzas represivas.

El lema de supresión de los planes sociales que esgrime la precandidata es acompañado, en algunas declaraciones, con el de un seguro de desempleo transitorio de seis meses y la reinserción de los beneficiarios en el empleo formal. “Estamos trabajando la conversión de los planes sociales en un seguro de desempleo para cambiar totalmente los incentivos y vamos a ir dando deadlines de acuerdo a las capacidades que las personas tengan” (El Economista, 18/4), dijo en Llao Llao.

A pesar de todas las diatribas y anatemas de la derecha contra los “vagos que no quieren trabajar”, la precandidata admitió en el foro Llao Llao que “tenemos la hipótesis de que hay un porcentaje muy alto de quienes cobran un plan social que a la vez tienen un trabajo informal” (ídem). Y contarían, por tanto, con habilidades laborales que facilitarían su contratación formal.

¿Pero cómo piensa la exministra de Macri lograr que los empresarios contraten a esa gente? Mientras que el planteo de supresión de los planes es drástico y diáfano, lo otro queda en el aire. “No podemos imponerle al privado el empleo que tiene que generar, es al revés, tenemos que preguntarle qué necesita, y entonces generar el contexto para que se dé el empleo, ésa es la lógica que va a imperar”, según una de sus asesoras, María Oneto (Mdzol, 6/7).

Bullrich balbuceó en Llao Llao que se necesitan “sistemas de seguridad social más simples y más económicos” (ídem). La línea sería, entonces, dar mayores incentivos a los capitalistas, con el objetivo de que sumen más personal. En el mismo sentido, la precandidata reclama una reforma impositiva y laboral. Pero ni siquiera esto asegura la formalización laboral. A pesar de las amplias ventajas de que ya disponen los empresarios (empezando por un salario mínimo que es menos de la mitad de la Canasta Básica Total), no disminuye ni la informalidad laboral ni el desempleo.

No solo Bullrich, Rodríguez Larreta y Milei coinciden en los planteos de ajuste de la asistencia social y en su hostilidad al movimiento piquetero. La actual ministra de Desarrollo Social y candidata del oficialismo, Victoria Tolosa Paz, lanzó el recorte sobre el Potenciar Trabajo y de las partidas para los comedores populares. Todos, empezando por Sergio Massa, que negoció un nuevo acuerdo, son tributarios del FMI, que en su último comunicado reclamó “contener el crecimiento de la masa salarial” y “una asistencia social mejor focalizada” (un eufemismo para hablar del ajuste).

Con un 40% de los argentinos en la pobreza, al revés de todos estos planteos, lo que se requiere es un seguro universal al desocupado, equivalente a la canasta básica. Reducción y reparto de las horas de trabajo sin rebajar el salario. Defensa de los convenios colectivos de trabajo, fin de la informalidad y la tercerización laboral. Pase a planta permanente en el mejor convenio del establecimiento.