En medio del escándalo por el vacunatorio VIP que funcionaba en el Ministerio de Salud de la Nación y el inicio de la inoculación para mayores de 80 años en la Ciudad de Buenos Aires, la nueva denuncia gira en torno a la privatización del proceso de vacunación por la entrega de partidas del gobierno de la CABA a hospitales privados, mediante contratos con coberturas prepagas y obras sociales.

El contexto de escasez de vacunas contra el Covid pone sobre la mesa la necesidad aún mayor de que el registro de personas y la adjudicación de las mismas estén en manos del Estado, pero dichos contratos rompen el registro único de vacunación privilegiando a un sector de la población por encima de la que no tiene cobertura de salud paga. Así, la privatización de la vacunación implica la no garantía de los criterios del orden de vacunación y se saltea la prioridad fijada por el gobierno nacional y el gobierno de la CABA.

En este sentido, Gabriel Solano denunció la privatización del sistema de vacunación y agregó que “la gestión de las mismas por parte de los privados genera las corruptelas que hemos visto por parte del Estado nacional. Dueños de empresas de medicina prepaga y burocracias sindicales que dirigen las obras sociales se están vacunando discrecionalmente”. Es el caso de Amadeo Genta (quien supuestamente representa a los enfermeros y enfermeras de la Ciudad de Buenos Aires, aunque se vacunó antes que ellos) y de la familia Moyano. En ambos casos se vacunó porque sus obras sociales recibieron las vacunas por fuera de cualquier prioridad.

El manejo actual del proceso de vacunación muestra el fracaso de los gobiernos, tanto nacionales como provinciales, para llevar adelante una campaña de inoculación exitosa que tenga como prioridad a los trabajadores y, a su vez, pone de manifiesto el uso que se hace de los recursos del Estado para mantener los beneficios de clase. El control de la vacunación debe estar en manos de la población.

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