En la noche de ayer una veintena de efectivos policiales ingresaron a uno de los complejos de viviendas construidas en Retiro para desalojar a una familia que, ante la falta de solución habitacional, ocupaba uno de los departamentos que se encuentra aun sin ser adjudicados.

El operativo, en el cual no fue presentada ninguna orden judicial, tampoco contó con ningún tipo de protocolo frente a la pandemia cuando, según los propios dichos del jefe de gobierno, la Ciudad se encuentra frente a un nuevo rebrote de los contagios, como viene ocurriendo en varios puntos del país y mantiene al sistema de salud en estado crítico

La crisis habitacional en la Villa 31 no escapa al conjunto de los barrios populares y se enfrentó, a inicios de la pandemia, con un estallido de casos mientras carecían del servicio elemental del agua potable. Hoy las condiciones siguen siendo las mismas.

Urbanización trucha

Esto sucede, además, en el marco de la lucha de vecinos y vecinas por la gran cantidad de problemas estructurales que estas nuevas viviendas poseen y que vienen generando accidentes que ponen en riesgo la vida de sus ocupantes, sumado a las irregularidades en el proceso de traslado de las familias a las que se le otorga la vivienda, y que muchos ya están comenzando a pagar

Desde Prensa Obrera entrevistamos a algunas de las vecinas y vecinos que han realizado la mudanza y dan cuenta de la situación. “Acá hay 3 problemas principales, primero las cloacas que están mal hechas” cuenta Lucila, vecina del sector y agrega “el segundo es la estructura, las viviendas están construidas con chapa y durlock, cuando hay tormentas se filtra el agua, los techos ya se están empezando a rajar por la humedad” y luego completa “algunas escaleras que compartimos con el resto de las viviendas comienzan a romperse, se están saliendo los tornillos y las barandas, no sabemos si estas casas van a durar mas de 5 años”.

Por su parte, María, quien estuvo esta semana en una reunión del grupo vecinos damnificados junto al gobierno y que llevaron el reclamo por esta situación explicó “Ellos tienen que responder a la garantía de las viviendas como corresponde, que nos de soluciones, si no las hay no pueden pedir que comencemos a pagar” y agrega “Se salen las ventanas, no cierran bien las puertas y nos dicen que es por el mal uso, nos echan la culpa como si fuéramos ignorantes, pero sabemos que no es así, que ellos tienen que responder”.

Quien lleva adelante este proceso es la Secretaría de Integración Social y Urbana, comandada por el funcionario Diego Fernández, que responde directamente de Larreta y que viene avanzando en una política en beneficio del mercado inmobiliario. Según trascendidos que tomaron estado público tiene pensado utilizar parte de los terrenos que deberían ser destinados a viviendas, para colocar negocios de empresas privadas, como ya sucedió con la apertura de un banco Santander y un McDonald’s, lo que se encuentra en línea con la política general de la ciudad de privatizar todo, como ocurre en zonas como la Costanera Norte

El camino hacia una urbanización real, que contemple todas las necesidades del barrio, es la lucha común entre propietarios e inquilinos bajo la comprensión de que es necesaria una participación activa, desarrollando asambleas en todos los sectores con los cuidados sanitarios necesarios, que rechace los intentos de desalojos, como sucedió en El Hotelito y que impulse, mediante la organización independiente y la movilización popular, una solución habitacional para cada familia trabajadora.