Según datos del Indec, se ha registrado una caída interanual del consumo de servicios públicos del 2,2%. En el caso de la electricidad, gas y agua, el consumo ha disminuido un 3,7% en el transcurso de un año. Esta variación se explica, por un lado, debido al derrumbe de la producción, y, por otro, a causa de la reducción del consumo en los hogares fruto del desplome que han sufrido los ingresos de la población.

Lo primero lo prueba el hecho de que al 10 de junio de este año, el consumo de energía eléctrica no residencial midió un 3,3% menos con respecto al mes anterior, es decir, la utilizada en la producción. En definitiva, es un elemento que delata el fracaso de un gobierno que asumió con la promesa de reactivar la producción y el consumo popular, y, finalmente, su gestión transitó el camino opuesto.

En el 2020 el PBI nacional se contrajo en un 9,9%. La caída de la actividad en hoteles y restaurantes fue del 49,2%, la de la industria manufacturera del 7,7% y la construcción cayó un 22,6%, por mencionar algunos sectores de la economía. La disminución acumulada el año pasado del 13% en el consumo privado y del 13% en la inversión contribuyó en configurar esta realidad. Todas las proyecciones coinciden en afirmar que este año no se recuperarán los índices previos a la pandemia.

En lo que va del 2021, rubros como la construcción continúan en picada. La misma disminuyó su actividad en junio 2021 un 2,2% en relación al mes anterior, un 6,5% con respecto al promedio del primer trimestre del año y un 11,6% comparando las cifras con el último trimestre del 2020.

La recesión económica también se expresa en el amplio porcentaje de capacidad ociosa que existe en la industria, del orden del 36,5%. Esta cifra alcanza  el 35,2% en la industria alimenticia, el 47,6% en la industria textil, el 46,3% en la industria metalmecánica, el 44,1% en la industria gráfica, el 60,9% en la industria automotriz y el 47,9% en la industria plástica y del caucho. Vale aclarar que muchas de estas ramas venden también al exterior, por lo que el gobierno les acaba de conceder la posibilidad de comprar dólares en el mercado oficial para girar dividendos, en caso de haber superado los niveles de exportación del año pasado. Es decir, el oficialismo premia a las empresas permitiéndoles fugar divisas, sin importar lo poco que invierten en el país.

La reducción del poder adquisitivo de los trabajadores, motivo que inhibe a las familias a la hora de utilizar los servicios públicos, también genera un efecto descendente en el consumo -el cual ha llegado a caer un 26% interanual en marzo 2021- que acicatea la recesión económica, golpeando al aparato productivo. Esta situación se verá agravada a través de los próximos aumentos previstos en las tarifas de la luz y el gas y la suba del precio de los alimentos, que ha sido del 4,4% mensual en lo que va del año, superando el índice de inflación.

El avance de la carestía se pone de relieve cuando observamos que la inflación interanual hasta abril 2021 fue del 46,3%, mientras que el porcentaje de incremento salarial del sector privado en el mismo período fue del 35,6%. Esto es producto de los topes salariales que ha promovido el gobierno de Alberto Fernández, en alianza con las patronales y las burocracias sindicales. Lógicamente, el retroceso del consumo también fue alimentado por medio de la pérdida de puestos de trabajo, que, entre 2019 y 2020, según datos oficiales, afectó a 276 mil empleados del sector formal, a 151 mil cuentapropistas y a 633 mil trabajadores informales.

Otras políticas oficiales, como las trabas a las importaciones en pos de preservar los dólares del país para el repago al FMI, o la tasa del 38% que mantiene el Banco Central para sostener la precaria “pax-cambiaria” también son responsables de la recesión económica imperante.

Por su parte, la caída en el consumo del servicio de telefonía -que fue del 0,3% interanual- se profundizará en adelante puesto que el gobierno autorizó, no solo el aumento del 5% en el precio del servicio en el mes de enero, sino también, una suba el 8% en la factura de junio. Esta medida reviste mayor gravedad en tiempos donde la virtualidad está instalada en las trayectorias educativas y laborales de las personas, a raíz de la pandemia.

Resulta fundamental combatir la caída en la producción recomponiendo el ingreso de los trabajadores, y, por lo tanto, su capacidad de consumo. Para eso, es necesario que exista un salario mínimo de $63.000; prohibición de despidos, suspensiones y rebajas salariales; reparto de las horas de trabajo sin afectar el salario para que no haya desempleo; un seguro al desocupado de $40.000; un plan de viviendas que utilice a mano de obra desocupada bajo convenio colectivo de trabajo; pase a planta de todos los precarizados; reapertura de paritarias, sin techo e indexadas a la inflación; jubilación equivalente a la canasta de la tercera edad; estatización de toda empresa que cierre, despida o reduzca salarios. Apertura de los libros de las empresas para que los precios guarden relación con los costos reales.

Es preciso reactivar la industria por medio de un plan dirigido por los propios trabajadores, que destine los recursos del país para tal fin. El mismo debe contemplar la nacionalización de la banca y de los hidrocarburos bajo control obrero, el repudio de la deuda usuraria y la ruptura con el FMI. Esto forma parte del programa del Partido Obrero y el Frente de Izquierda Unidad y es la única vía posible para dar lugar a un desarrollo nacional que resuelva las necesidades sociales.

 

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