La caída de los salarios en un contexto de alta inflación tiene su correlato en una contracción del consumo privado, que el año pasado estuvo en los mismos niveles de la crisis de 2002 (tras la megadevaluación de la salida de la convertibilidad), ya que representó un 61,8% del PBI en 2021.

Son datos del centro Cifra, que en un estudio afirma que “los salarios reales cayeron 2,3% promedio en 2021, en los trabajadores registrados del sector privado, mientras que en los no registrados la baja fue del 7,1%” (Ámbito, 18/4). Esto en el marco de una inflación galopante, que en lo que va de 2022 se acelera al ritmo de los tarifazos y la transferencia al mercado interno del alza de los precios internacionales de las materias primas, que repercute sobre todo en el precio de los alimentos a pesar de que se producen acá.

Un ejemplo de toda esta situación es la caída del consumo de carne, que en febrero marcó una disminución interanual del 2,7%, a pesar de que estaba ya en mínimos en un siglo. En ese mes los precios aumentaron un 8%. El caso sirve para mostrar el completo fracaso del programa del gobierno que determina siete cortes de carne que no se exportarían con el fin de asegurar el consumo popular, como el asado, el vacío y el matambre, entre otros. A este programa Precios Populares la industria y los supermercados vuelcan apenas el 5% de lo que se consume. Mientras tanto, los frigoríficos registran una mejora del 41,8% en sus exportaciones, explicada casi en su totalidad por el aumento del precio promedio declarado.

Estos programas oficiales para simular cierto control sobre los precios solamente responde al intento del gobierno por poner un techo a las negociaciones paritarias, pero evitando una irrupción de reclamos salariales. Es el motivo de las reuniones cotidianas que incluyen a la UIA y la burocracia sindical de la CGT. De los resultados de esta política también da cuenta Cifra, que afirma que en 2021 “se registró el mayor crecimiento de los márgenes apropiados por las empresas privadas (3,7%)”. Esta tendencia tiende a agravarse con índices como el 6,7% de inflación en marzo.

El gobierno incentiva a las grandes exportadoras, porque esas divisas son las que ofrece como garantía de pago al FMI. El anzuelo para tentar inversiones en agronegocios, petróleo y minería es precisamente el abaratamiento de la mano de obra, además de facilidades para girar dólares al exterior y exenciones impositivas. Esto no revierte la huelga de inversiones de los capitalistas, pero sí se expresa en la presión de los precios internacionales sobre el mercado local. Lo que es claro es que el aumento de la capacidad de consumo de la población y la recomposición salarial son contrapuestos a los que se estipulan en el pacto con el Fondo.

La actualización miserable del salario mínimo de un 45% a diciembre en cómodas cuotas, el crecimiento del trabajo no registrado y la inflación como método de confiscación y licuación del poder adquisitivo, lo confirman.

Esta pulverización salarial solo puede ser revertida por una intervención de los trabajadores en la crisis, para romper los techos paritarios y arrancar salarios y jubilaciones acordes a la canasta básica, para terminar con la desocupación y el trabajo precario.

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