Los salarios del sector público fueron una de las grandes variables de ajuste de este año, y lo serán el año que viene. Por la depreciación de la masa salarial de los estatales nacionales en relación al índice de precios al consumidor, el Estado nacional se habrá ahorrado este año entre 60.000 y 80.000 millones de pesos. Si consideramos además a los trabajadores de los estados provinciales y municipales, la confiscación salarial se acerca a la friolera de 2.600 millones de dólares. Esta “desindexación” es un contenido central del programa de ajuste que el gobierno de Alberto Fernández negocia con el FMI.

Según la información oficial del Ministerio de Economía acerca de la ejecución presupuestaria, entre enero y octubre el gasto de la administración nacional por remuneraciones varió un 13,5%, casi exactamente la mitad que la inflación acumulada medida por el Indec (26,9%). Si comparamos con el poder adquisitivo (ya deprimido) de los sueldos estatales de principios de año, tenemos que solo en octubre el gobierno nacional se ahorró más de 5.000 millones de pesos.

El cuadro se agrava al calor de la aceleración inflacionaria de estos últimos meses del año, por lo que el monto de la confiscación mensual irá en aumento. Pero a Alberto Fernández ya le bastaron los primeros diez meses de mandato para superar el recorte salarial que intentó imponer Ricardo López Murphy en 2001, por el cual fue eyectado tras una extraordinaria huelga de alcance nacional.

Tomando las proyecciones vertidas por Martín Guzmán en el Presupuesto 2021, este año se ejecutarán en total para el pago de salarios unos 551.547 millones de pesos. Contrastando ello con los 439.185 millones de pesos erogados en 2019, arroja una variación del 25,5%, cuando las perspectivas de inflación estimadas por el gobierno rondan el 35%. Traducido a montos, la masa salarial de los trabajadores del Estado nacional habrá perdido casi 60.000 millones de pesos si se cumplen las previsiones del gobierno, en comparación con lo que hubieran cobrado si se mantenía el poder adquisitivo de enero. Si, en cambio, se ratifican las proyecciones inflacionarias de las consultoras que la ubican en torno al 40%, la confiscación alcanzaría nada menos que 80.000 millones de pesos, equivalente a más 1.000 millones de dólares -a un tipo de cambio oficial promedio de 75 pesos. Estos cálculos excluyen a los casi 190.000 trabajadores de la universidades nacionales.

Todo este robo no es sino la punta del iceberg, porque el Estado nacional fija también la pauta para los trabajadores estatales que dependen de las provincias y municipios, que sumados a los de Nación totalizan unos 3.213.006 según el Iaraf (Instituto Argentino de Análisis Fiscal). Este instituto estimó a mitad de año que el salario neto promedio de los empleados públicos era de 46.500 pesos, por lo que si aplicamos la misma depreciación del 10% ante la inflación y la multiplicamos por la masa de trabajadores, el ahorro total anual sería de 194.225 millones de pesos, o casi 2.590 millones de dólares -a la cotización promedio de 75 pesos. Los números hablan por sí solos.

Por otra parte, el gobierno de Alberto Fernández no ha revertido el tendal de despidos en el Estado nacional que dejó la gestión de Macri. Siguiendo con la información oficial del Ministerio de Economía, en el segundo trimestre de 2020 la planta de empleados dependiente directamente del Poder Ejecutivo Nacional se ubicó por debajo de cualquier registro durante el gobierno macrista (con 343.206 trabajadores), y la planta total contando las empresas y sociedades del Estado estuvo 10.000 puestos por debajo del tercer trimestre de 2019 (431.706 contra 441.753).

La miserable paritaria del 7% para los estatales nacionales -solo amortiguada a principios de la pandemia por un bono de 4.000 pesos para la mitad de menores salarios-, da una clara dimensión del recorte. Según los últimos registros de variación salarial publicados por el Indec, a agosto los salarios de todo el sector público aumentaron un 14,3% en relación a diciembre del año anterior, casi cinco puntos por debajo de la inflación percibida por el mismo organismo para ese período (18,9%). Estos recortes también tensionan hacia abajo el Ripte, que se usará para calcular la movilidad jubilatoria; un robo a varias bandas.

El golpe es todavía mayor porque los rubros que más aumentan son los esenciales y de mayor consumo popular, como arroja el informe del Indec sobre octubre, según el cual se ubicaron muy por encima del promedio del índice de precios al consumidor los incrementos de alimentos y bebidas no alcohólicas (con 32,5%) y las prendas de vestir y calzado (¡un 48,9%!).

Apuntemos además que la previsión del Presupuesto 2021 estima una variación anualizada de las remuneraciones de los estatales del 35%, cuando el relevamiento del Banco Central calcula que la inflación puede superar el 52% -acicateada por los tarifazos anunciados. Un ajuste de proporciones astronómicas.

Esta es la verdadera política de “desindexación de la economía” que anunció Alberto Fernández al asumir. Este mismo principio que rige para la política salarial es sobre el que se asienta la reforma jubilatoria: desvincular los salarios de la inflación, lo cual lleva aparejado a una desvalorización histórica de los ingresos de los asalariados. Esta desindexación de salarios y jubilaciones implica una confiscación anualizada en torno a 3.500 millones de dólares.

Tanto es así que según la Junta Interna de ATE Indec el sueldo de bolsillo de un trabajador debería haber sido en agosto de 72.707 pesos para cubrir la canasta de consumos mínimos de una familia tipo, pero contando los incrementos paritarios el salario inicial de la categoría mayoritaria de la Administración Pública Nacional será de 28.890 pesos de bolsillo, y la remuneración promedio de 37.450 pesos. Nada de esto aminoró al estampida inflacionaria, porque esta no es producto del costo laboral sino del costo empresario.

Esta poda es una ofrenda clave en la mesa de negociaciones que mantiene Martín Guzmán con el Fondo Monetario, en función de sellar el pacto que Alberto Fernández presenta como una tabla de salvación. Para los trabajadores es ruinoso. Por los salarios y las jubilaciones, más que nunca está planteada la necesidad de un paro nacional y un plan de lucha de todo el movimiento obrero contra este intento de unidad nacional de neoliberales y nacionalistas para implementar un programa fondomonetarista.

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