Políticas
24/6/2026
Caso Agostina: crean la Unidad de Control Nocturno para blindar el negocio de la noche en Córdoba
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Movilización en reclamo de justicia por Agostina Vega.
El intendente de la ciudad de Córdoba, Daniel Passerini, anunció la creación de la Unidad de Control Nocturno, un nuevo organismo que vendría a “coordinar acciones de fiscalización, prevención y control sobre espectáculos públicos y locales nocturnos de la ciudad”. El anuncio viene luego del escándalo de corrupción que destapó el femicidio de Agostina Vega; intenta ocultar las responsabilidades y complicidades políticas del gobierno municipal en los negocios de la noche.
Cambian los gobiernos, continúa el negocio
El femicidio de Agostina expuso los estrechos lazos que atan al Estado con los negocios del narcotráfico, la trata de personas y la prostitución. Tras la detención de Barrelier, presunto femicida y exbecario municipal, se comenzó a desandar una red de complicidades que llevaron a la imputación de Soledad Andreani, expareja de Barrelier, y de Osvaldo Fasseta.
La investigación rápidamente ubicó a Soledad Andreani, quién habría ayudado a Barrelier a descartar el cuerpo de Agostina, como administradora del local Wachitas; de ahí en adelante se desataron una serie de “inspecciones” que terminaron en la clausura de varios locales bailables que operan hace más de dos décadas en la ciudad: Malibú, Luzbelito, Casa Blanca, entre otros.
Según el testimonio de una mujer que trabajaba de manera clandestina en Wachitas, bajo el mando de Andreani, todos estos bares serían parte de una misma red de clubes nocturnos donde funcionan libremente redes de trata, prostitución y narcotráfico, con explotación de menores.
El propio intendente Daniel Passerini afirma que entre 2003 y 2007, bajo el gobierno de Luis Juez, “se le entregó el poder a los empresarios de la noche que hicieron de la noche un negocio oscuro”; durante ese periodo el actual ministro de Seguridad Juan Pablo Quinteros fue subsecretario de Participación Ciudadana, y luego Subsecretario de Control Institucional y Transparencia del Estado de la Municipalidad.
Lo que no dice Passerini es que desde 2019 quién tomó el control de la municipalidad es el PJ, primero con Llaryora, y ahora bajo su dirección, reciclando funcionarios, entre ellos al mismísimo Quinteros. Es en este periodo que estalló la megacausa Bomberos, que terminó con 17 imputados, entre ellos Marcos Gennaro, conocido por ser el "dueño de la noche", ya que tendría bajo su poder el 80% de los bares y clubes de Güemes y Nueva Córdoba.
Al igual que ahora, desde la gestión pejotista afirmaron que “fallaron los controles” y se dispuso la eliminación de la Secretaría de Control y Fiscalización Municipal, para crear el Ente de Fiscalización y Control, un organismo autónomo y autárquico que cuenta con presupuesto propio y libertad de acción, eximido de los mecanismos de control habituales a los que está sometida la orgánica municipal.
Dos años después de su puesta en marcha, los negocios de la noche, que mueven millones, permanecen intactos. La lluvia de clausuras no vino hasta después de la inmensa movilización popular que despertó el repudio masivo por el femicidio de Agostina Vega.
Pasaron gobierno juecistas, radicales y peronistas, pero los dueños de la noche cordobesa siguen siendo los mismos.
Nuevo nombre, mismo staff
La nueva Unidad de Control la integrarían, entre otros, el Ministerio de Seguridad a cargo de Juan Pablo Quinteros, fuertemente cuestionado por su desempeño en el operativo de búsqueda de Agostina; la Policía de la Provincia de Córdoba, que cuenta con varios apartados en su haber por delitos graves; y las cámaras empresariales del sector; es decir, a los mismos que hasta hoy tienen el control de la noche.
Se trata de un nuevo mecanismo de encubrimiento, un nuevo nombre para no cambiar nada. Es lo mismo que habría sucedido con la creación del Ente de Fiscalización que quedó a cargo de Ezequiel Hormaeche, quien era subsecretario de la Secretaría de Fiscalización durante la causa Bomberos.
Y es que el negocio de la noche mueve millones diariamente, permite el blanqueo del narcotráfico y la trata de personas, y es una fuente de enriquecimiento para funcionarios y empresarios. Su funcionamiento es intrínseco a este sistema, y su preservación es cuestión de Estado.
Desde la banca del Frente de Izquierda en el Concejo Deliberante rechazamos la creación de este nuevo organismo, y no solo insistimos con el desarrollo de una investigación independiente capaz de avanzar sobre las responsabilidades políticas, sino que rechazamos las maniobras de oficialistas y opositores que apuntan contra los trabajadores municipales para preservar la impunidad del poder.
