El pasado 23 de septiembre, un tribunal colegiado conformado por los jueces Juan Manuel Kees, Luciano Hermosilla y Juan Guaita declaró culpable a 12 funcionarios y ex empleados del Departamento de Planes Sociales de Neuquén en la mega causa de estafas con planes sociales. Los imputados fueron encontrados responsables penalmente por el delito de defraudación a la administración pública, artículo 173 incisos 7, con penas de 2 a 6 años. Declarada la responsabilidad falta saber la cuantía de la pena que se fijará en el juicio de cesura. En la sentencia se desechó la responsabilidad de la asociación ilícita, que elevaría considerablemente las penas.

Dentro de los condenados se encuentran Ricardo Soiza, director de Planes Sociales y hombre de Estado que pasó por todos los gobiernos del MPN en los últimos 30 años, y Abel Di Luca ex ministro de Desarrollo Social y personajes menores como Pablo Sanz, Marcos Osuna y empleados.

La causa de planes sociales fue uno de los mayores escándalos de la historia provincial, surgida en plena campaña electoral 2022-2023 y consistía en estafas armadas desde el poder a personas que reunían los requisitos para acceder a planes sociales pero cobraban un 10 % del total de lo que les correspondía, empleados del ministerio de Desarrollo Social como beneficiarios y uso indebido de tarjetas de debito. Todo en concurso con el Banco Provincia de Neuquén y para sostener el aparato de Estado del partido provincial, es decir el MPN.

Así, y luego de 5 meses de juicio con más de 100 testigos, se pronunció un fallo de impunidad para los funcionarios y para un régimen de corrupción. Esta afirmación se sustenta en dos aspectos. Por un lado, en el tiempo de investigación. Ocurre que la delimitación temporal del proceso se ajustó desde septiembre de 2020 a julio de 2022, dejando afuera décadas de un régimen de corruptela con los planes sociales. Es que existía un sistema de planes sociales con cheques y, luego de innumerables denuncias, se trasladó al sistema bancarizado. Junto a ello, lo acotado del tiempo de investigación no abarca a los gobiernos de Sapag y primer mandato de Omar Gutiérrez, donde el actual gobernador fue vice gobernador.

El otro aspecto, es que la investigación deja afuera a los actuales funcionarios, diputados y miembros del Banco Provincia de Neuquén. En el propio fallo, el juez Juan Kees criticó el papel de la fiscalía por no investigar y avanzar hacia donde fueron los fondos recaudados. En ese sentido, en el trámite de juicio se ventiló que gran parte de los fondos tenía destino a dos personas con seudónimo denominados como “Emperador y XXX”. Nunca se allanaron las sedes del MPN, municipalidad y otros organismos provinciales.
Pablo Sanz, uno de los condenados y hombre importante en el esquema de planes sociales denunció que el emperador era el actual intendente de la ciudad Mariano Gaido. Y la figura de XXX apunta a la caja azul del MPN en cabeza de la administración provincial.

Asimismo, los funcionarios del Banco Provincia no fueron investigados. Sucede que la maniobra fraudulenta solo podría realizarse con la venia, complicidad y actuación del banco. Ocurre que la acreditación de los fondos a personas fallecidas, empleados públicos y la impresión de las tarjeta y su entrega a los funcionarios solo puede ejecutarse con la actuación del BPN.

Así las cosas, el fallo deja impune un régimen corrupto del gobierno del MPN de las últimas décadas y sin investigar a directivos del banco y a los actuales funcionarios, incluidos el intendente de la ciudad y el actual gobernador. La investigación se cortó en Ricardo Soiza y Abel Di Luca, los cuales tendrán penas que les permiten recuperar su libertad en meses. Vale recordar que Soiza, Sanz y Osuna gozan del beneficio de la prisión domiciliaria y Di Luca nunca fue arrestado.

Por otra parte, la calificación legal (administración fraudulenta) aplicada a estos 12 funcionarios, contrasta con la condena a 4 personas en la misma causa desarrollada en un juicio abreviado el 2 de octubre de 2024. En dicho juicio abreviado, originado en el mismo legajo de la mega causa, se los declaró responsables de asociación ilícita en concurso real por fraude y uso indebido de tarjetas ajenas. Estas 4 personas no son funcionarios de peso.

Este fallo es una lección de la orientación clasista de la justicia y su análisis debe servir para el desarrollo de una campaña en defensa de las organizaciones sociales, los cuales son perseguidos por esta misma justicia, su fiscal Pablo Vignaroli y el gobierno de la provincia

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