Capsa tiene la concesión del Cerro Catedral de Barioche hasta 2056, e intenciones de monopolizar los servicios en la montaña: desde los medios de elevación hasta la oferta hotelera y comercial, controlando de facto toda la infraestructura. Cuenta para eso con el visto bueno del intendente local Walter Cortés.

Este proyecto, impulsado pese a que viola la normativa ambiental y las recomendaciones de especialistas y estudios existentes, nació desde el Ejecutivo y tuvo el impulso también de concejales del PRO y de La Cámpora, demostrando una vez más que la grieta nunca existió cuando se trata de negociados capitalistas.

El proyecto trata de instalar un megahotel a 1.200 metros sobre el nivel del mar y crear diversas áreas residenciales, desnaturalizado el centro de esquí y generando una estructura privilegiada, además de condenando a la ciudad al colapso de su infraestructura de servicios (luz y agua).

El Estado está afiladísimo en atender este tipo de proyectos en desmedro de les vecines.
El Consejo de Planeamiento Estratégico (CPE), tal como lo establece la Ordenanza 1994,
en lugar de dedicarse a promover este tipo de proyectos tendría que ser una instancia para abordar la crisis habitacional, la falta de atención médica en distintas zonas de Bariloche, los problemas de transporte, de falta de cloacas y otros servicios esenciales, etc.

Este tipo de proyectos busca volver más elitista aún el derecho de acceder a la
montaña y disfrutar de ella. La teoría del derrame, de la copa que rebalsa y genera ganancias para todes, no existe.

Exigimos que no se trate este proyecto y reclamamos una urgente respuesta a las problemáticas reales de la comunidad barilochense antes mencionadas.

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