Lejos de crear fuentes de trabajo, los gobernadores como Capitanich proponen que sean las provincias las que manejen los planes sociales y los repartan a conveniencia del poder político de turno. En criollo, significa profundizar la precarización laboral y el aparato punteril, pero también es otro ataque al movimiento piquetero que está masivamente en la calle reclamando trabajo genuino, que viene de desarrollar movilizaciones masivas de carácter nacional, acampes, una Marcha Federal y está militando para preparar el paro nacional frente a la parálisis de una burocracia adepta al gobierno, responsable de la falta de trabajo y la caída de los salarios.

En Chaco, una de las provincias más pobres del país, con un movimiento piquetero en ascenso debido a años de creciente despidos y falta de empleo, que el gobierno administre los planes no garantiza ninguna solución. Estamos hablando de la fuerza política que se robó la leche para niños y niñas desnutridos en el 2017, que se robó más de 200 viviendas para los pueblos originarios, que como parte del gobierno otorgaba becas de desarrollo social para que fueran administradas por la puntera amiga de Capitanich, Elida Mambrin, quien fue condenada por la Justicia Federal por trata de personas, porque prostituía a las becadas de la fundación “No me olvides” amenazándolas con que sino les sacaba el beneficio, y desarrolló una red de prostitución que funcionaba en el centro del poder político; oficinas de casa de gobierno, el Ministerio de Transporte, la policía y demás instituciones del Estado.

De las 70 intendencias en el Chaco 45 son dirigidas por peronistas y 17 por radicales. Ninguna dio soluciones básicas a los vecinos y vecinas. Peor aún, ante la falta de empleo y crecimiento del hambre, son las organizaciones piqueteras como el Polo Obrero las que organizan merenderos y comedores para los barrios. Las y los dirigentes comunales lo único que hicieron fue reprimir los reclamos.

Así sucedió hace poco menos de dos meses en Resistencia, donde el peronista Gustavo Martínez reprimió a las compañeras del Polo Obrero. Pero también en Sáenz Peña donde Bruno Cipolini, intendente radical, lo viene haciendo hace años.

Esta orientación de los gobernadores alineados con el kirchnerismo, pero que le viene como anillo al dedo a radicales y del PRO, solo puede mostrar la incapacidad de sus gestiones para terminar con la desocupación. El Polo Obrero propone que se cree trabajo genuino y bajo convenio colectivo de trabajo. Hemos presentado proyectos para el pase a planta de precarizados y la creación de más de 10.000 puestos de empleo, lo que permitiría reactivar la obra pública y construir viviendas.

Los planes sociales son una expresión del fracaso de todos los gobiernos para generar empleo. El discurso de transformar los planes sociales en empleo encubre la pretensión de crear más trabajo precario. El manejo de los planes sociales por parte de los gobiernos ha servido además para un reforzamiento de la relación de estos con los punteros, estas gestiones están manchadas de corrupción y violencia, de precarización laboral y solo sirve para eliminar los derechos de la clase obrera.

No se puede tapar el sol con un dedo, si al gobernador le preocupa que miles de familias concurran a organizaciones como el Polo Obrero para pelear por trabajo, entonces que cree puestos de trabajo bajo convenio; si al gobierno le preocupa que los merenderos y comedores se mantengan con aportes de sus trabajadores, entonces que garantice la higiene y la comida en esos merenderos y comedores; y si al gobierno le preocupa que las organizaciones como el Polo Obrero propongan salir a pelear por soluciones económicas porque no hay trabajo, entonces que universalice los planes sociales para que las personas que los necesiten puedan inscribirse libremente y sin intermediarios.

El problema sigue siendo el hambre y la desocupación, y quienes les quitan la comida de la boca a nuestros hijos demostraron que no pueden solucionarlo. Necesitamos la unidad de trabajadores ocupados y desocupados, copar las calles y ponerle un freno a los gobiernos del ajuste y la corrupción.