Este jueves 22 de febrero se llevó adelante una sesión extraordinaria en la Legislatura de Chubut donde se produjo un largo debate respecto a 11 proyectos de ley enviados por el Ejecutivo provincial de Juntos por el Cambio. El proyecto que suscitó mayor tensión, aprobado con 24 votos afirmativos y 2 en contra, fue la creación de un “Comando Unificado” en la provincia del Chubut, que habilita la actuación de las fuerzas federales de seguridad en todo el territorio provincial a requerimiento del gobernador Ignacio Torres.

Santiago Vasconcelos, diputado provincial por el Partido Obrero, realizó una intervención incisiva para fundamentar el rechazo a la iniciativa, denunciando la complicidad de todos los bloques para recrudecer la agenda represiva en esta provincia lejos de resolver el problema de la inseguridad cuyo argumento esgrimen. Tras esa alocución, el presidente del bloque Arriba Chubut (PJ provincial), Juan Pais (impulsor de la zonificación minera que en 2021 desató el Chubutazo), pidió una “cuestión de privilegio” y exigió sanciones para Vasconcelos, lo que fue acompañado por el bloque oficialista, las bancas del partido libertario e incluso por el presidente de la Legislatura, Gustavo Menna, también vicegobernador de Chubut, quienes tergiversaron los dichos y derivaron el asunto a la Comisión de Asuntos Constitucionales y Justicia.

La diputada de Juntos por el Cambio, Andrea Aguilera, aprovechó la ocasión para volver a criminalizar a los movimientos sociales y al movimiento piquetero.

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Resulta evidente que estas acciones buscan no solo censurar sino también disciplinar a la única fuerza de ese recinto que denuncia los pactos políticos y la complicidad de todos los bloques para garantizarle a la gestión Torres amplias facultades para seguir con el ataque brutal a trabajadores y jubilados, el saqueo ambiental y territorial y la represión al conjunto de los chubutenses que salen a luchar.

Dentro de la intervención en rechazo a la instalación del Comando Unificado se destacaron varios puntos que desmantelan el argumento del oficialismo: entre ellos, la falacia de utilizar el problema de la inseguridad en un territorio determinado y habilitar la actuación de las fuerzas federales de seguridad en toda la provincia; las modificaciones que propone el PJ para maquillar el proyecto y poder acompañarlo dado que el Comando Unificado no solo va en línea del protocolo represivo de Patricia Bullrich sino que también es patrimonio de Anibal Fernandez, dando como ejemplo el operativo de desalojo en Villa Mascardi que se llevó detenidas a las mujeres mapuche en 2022; la necesidad de combatir uno de los nudos del problema que es el entrelazamiento del Estado, las fuerzas policiales y la Justicia con el delito organizado como el narcotráfico; la orientación de las fuerzas represivas del Estado de atacar a la población más vulnerable en nombre de la prevención que derivó en renombrados casos de asesinatos perpetrados por la policía (caso Fredes, Labbe, Huichulef, Tino John, Antillanca); la acusación y demonización al pueblo mapuche – tehuelche por parte del gobernador Torres, en el contexto del incendio del Parque Nacional Los Alerces y el acuerdo con el FBI para investigar; entre otros que, en un contexto de agudización de la pobreza y ataque a la población trabajadora, tiene como objetivo primordial por parte del gobierno nacional como provincial desatender los reclamos genuinos de los movimientos de lucha y recrudecer la línea represiva.

Desde el Partido Obrero en el Frente de Izquierda Unidad rechazamos el pedido de sanciones al diputado Vasconcelos por defender los intereses de quienes enfrentan y luchan contra el ajuste, el saqueo ambiental y el ataque a la población trabajadora. Llamamos a todas las organizaciones a pronunciarse contra este intento de  amedrentamiento que sentaría un antecedente grave de censura en la Legislatura de Chubut.

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