Políticas
5/8/2026
Chubut debe ganar las calles contra la ley de extranjerización de la tierra
La experiencia del Chubutazo y las históricas luchas contra la megaminería demostraron que el pueblo chubutense organizado puede derrotar el saqueo.
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El próximo 6 de agosto el Congreso debatirá la llamada Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, un paquete reaccionario impulsado por el gobierno de Javier Milei que profundiza la entrega del territorio nacional al gran capital. La iniciativa flexibiliza la compra de tierras por parte de extranjeros, habilita desalojos exprés, amplía las facultades para expropiar en favor de intereses privados y elimina restricciones para modificar el uso de tierras devastadas por incendios, favoreciendo nuevos negocios inmobiliarios y extractivos.
En Chubut, esta ley profundiza un proceso que conocemos desde hace décadas. La concentración de la tierra en manos de grandes terratenientes y capitales extranjeros, la persecución del pueblo mapuche-tehuelche y el avance sobre los bienes comunes han contado con la complicidad de los sucesivos gobiernos provinciales y nacionales.
Torres ha sido un ejecutor directo de esta política, anticipándose incluso a la maniobra de Milei. En diciembre de 2024, la Legislatura de Chubut aprobó los proyectos de ley 244/24 y 252/24, que modificaron los Códigos de Procedimiento Civil y Penal para habilitar que, en las causas por usurpación o en los procesos de desalojo, estos puedan ordenarse apenas iniciadas las denuncias. Torres defendía esta legislación en los medios con declaraciones que apuntaban claramente a criminalizar al pueblo mapuche: "Quiero que sepan que este gobierno va a ir hasta las últimas consecuencias contra quienes 'toman' un bien que no es propio y que vayan presos. Estoy hablando de la región cordillerana, donde muchos chubutenses no se sienten seguros. Hay que separar lo que son nuestros pueblos originarios, con quienes vivimos en armonía, de esos chantas, delincuentes, que levantan falsas banderas para cometer delitos. Para hacerse de tierras privadas. O, por ejemplo, tomar el Parque Nacional Los Alerces". Un claro ataque contra la comunidad Lof Pailako, que en ese momento resistía en su territorio ancestral y que meses después sería violentamente allanada.
La criminalización de los pueblos indígenas y de quienes defienden el territorio ha sido una constante en todos los gobiernos chubutenses. Frente a los incendios que arrasaron la cordillera, Torres eligió responsabilizar públicamente a las comunidades mapuche sin pruebas concluyentes, desviando la atención del desfinanciamiento y de la precarización de las brigadas contra el fuego. Junto con Bullrich, además, fue responsable de un operativo de allanamientos, desalojos y represión contra distintas comunidades, como el llevado adelante en la Lof Pailako. El comando unificado, celebrado por Torres y Bullrich lejos de resolver la inseguridad de la provincia, estuvo al servicio de militarizar la zona cordillerana a find e hostigar y perseguir a las comunidades indigenas que allí defienden sus territorios contra el avance de los negocios inmobiliarios y de los grandes terratenientes como Benetton y Lewis.
Bajo el gobierno de Arcioni, la persecución estuvo dirigida contra las y los vecinos que enfrentaron el intento de zonificación minera. Las movilizaciones masivas que recorrieron toda la provincia fueron reprimidas y posteriormente criminalizadas. Naum Vargas y Damián Díaz continúan, al día de hoy, privados de su libertad por haber sido parte de la pueblada del Chubutazo.
Queda claro, entonces, que el peronismo tampoco puede presentarse como una alternativa frente a esta política de entrega. En todos los años de gobierno peronistas, de todos sus tipos, no han revertido en nada la enorme concentración territorial existente en manos de extranjeros. Más cerca en el tiempo, durante el gobierno de Alberto Fernández, el entonces ministro del Interior, Wado de Pedro, promovió acuerdos entre provincias argentinas y la empresa israelí Mekorot para la elaboración de planes maestros del agua, cuestionados por organizaciones ambientales y de derechos humanos. Incluso durante el gobierno de Mariano Arcioni no solo se intentó avanzar con la megaminería en manos de empresas extranjeras, sino que además se consolidó el avance del príncipe de Qatar sobre las nacientes del río Chubut, una muestra de que el peronismo provincial tampoco enfrentó la extranjerización ni la concentración de la tierra.
Los incendios que sufrió la Comarca Andina chubutense durante los últimos años fueron devastadores. Destruyeron miles de hectáreas de bosque, viviendas y medios de vida de las familias de la región, que aún hoy continúan luchando por recomponer parte de lo perdido. No se trató simplemente de una catástrofe natural, sino de la consecuencia directa del desfinanciamiento provincial y nacional y de la ausencia de políticas a la altura del problema por parte de los distintos gobiernos. No se ha revertido la precariedad de los tendidos eléctricos, tampoco el avance de la destrucción del bosque nativo, ni se ha fortalecido la prevención y el combate del fuego. Ahora, con esta ley, no sólo se profundiza ese desfinanciamiento, sino que además se pretende habilitar nuevos negocios sobre las tierras incendiadas.
En Chubut, la pelea contra esta ley debe unificar todas las luchas que enfrentan la entrega del territorio: la defensa de los pueblos indígenas y de sus territorios, la oposición a los desalojos, la defensa de los bosques nativos, la lucha contra la represión y el rechazo al poder de los grandes terratenientes y de los capitales extranjeros. La experiencia del Chubutazo y las históricas luchas contra la megaminería demostraron que, cuando el pueblo chubutense se organiza, puede derrotar los planes de saqueo. Ese es el camino para frenar este nuevo ataque del gobierno nacional y de todos sus cómplices.
