Políticas
4/8/2026
A las calles contra la entrega nacional
Editorial de 14 Toneladas T3E24.
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Es probable que sea el peor momento de Milei. El gobierno tuvo una determinada cantidad de dificultades que las fue resolviendo. Por ejemplo la crisis en su momento con Adorni, que le había generado un impacto negativo en la opinión pública que se registraba en una caída de las encuestas. Denuncias judiciales por hechos de corrupción gravísimos, como el caso Libra, que por el manejo que el gobierno tiene de la justicia está relativamente neutralizado, por lo menos temporalmente.
Estos hechos se fueron de alguna manera diluyendo en la realidad política más inmediata. Sin embargo, en vez de fortalecerse el gobierno, emergió con mucha más fuerza la crisis económica que ha generado. Una muestra de que la crisis es consecuencia directa de la inviabilidad de las premisas (económicas) que estableció. La semana pasada estuvo acá la presidenta del FMI, Kristalina Georgieva.
Y en las reuniones que mantuvo con funcionarios, empresarios y también con sectores de lo que se llama la "sociedad civil", si bien manifestó un apoyo al rumbo político del gobierno, dejó en claro que hay preocupaciones muy de fondo sobre la situación que vive Argentina.
La contracción del consumo fue del 14,5% en el primer semestre, en alimentos y productos básicos. Es la comparación con el año pasado, que también había sido malo. El aumento de la morosidad está en el nivel más alto desde la crisis del 2001, incluso superior al momento de la pandemia. El incumplimiento con las billeteras virtuales llega al 31,5, donde se endeudan en general los sectores que se llaman no registrados. Esto refuta una información que el gobierno agita mucho.
El gobierno admite una caída de los ingresos de los trabajadores públicos, de los de trabajadores registrados (en blanco), pero dice que los que no están registrados tuvieron una "suba histórica de sus ingresos".
La industria registra una utilización de la capacidad instalada de solo el 54%. Es decir, que de dos máquinas, una está parada. También hay una caída de la construcción, importante tenerla en cuenta ya que muchos dicen: “hay importaciones que sustituyen a producción local". Son importaciones de productos, dicen los libertarios, de mejor calidad y a un precio más barato.
La paralización de la construcción se debe fundamentalmente a dos hechos. En primer lugar a que la obra pública, motor fundamental, está parada. En segundo lugar está parada la construcción privada, porque no se vende. En la actualidad hay una caída de precios importante; y por lo tanto no es redituable, con los precios en dólares tan altos que tiene hoy la construcción en Argentina, poder construir (casas, departamentos) para vender. No hay reemplazo de importaciones en este sentido, porque no es viable: nadie puede importar un departamento desde China.
A la vez, está en curso una fuga de capitales que es permanente, de entre 2.500 y 3.000 millones de dólares mensuales, lo que marca las contradicciones del crecimiento del superávit comercial –Argentina vende más al exterior de lo que compra- del que se jacta el gobierno.
El escenario es de crisis, lo que se registra en las encuestas. Y Georgieva lo dijo: “cuidado con esto, porque todas las encuestas están marcando que el gobierno está en un momento político muy frágil, porque este impacto de la situación social y económica empieza a golpear la base electoral del gobierno”. Especialmente ha golpeado sobre la base de jóvenes de los sectores más populares que habían votado al gobierno en las elecciones pasadas. Milei se queda con la base electoral más histórica de la derecha.
Con todo, va perdiendo su base popular. Entonces, en este cuadro, el gobierno dice: "¿Qué hacemos? ¿Qué hoja de ruta nos damos?" Frente a esta crisis económica y social decidieron dos cosas.
En primer lugar armar una campaña fascista. Dijeron: "Volvamos a las fuentes", para tratar de distraer la atención sobre la situación económica centrándose en campañas políticas. En este sentido lanzó el decreto que modifica las normas para las personas extranjeras que ingresan al país, con el objetivo de echar a todo extranjero que "ataque" a la Argentina por su condición de país. Como se denuncia que hay una “campaña antiargentina”, si una persona dice que Argentina es “esto o aquello”, el gobierno se reserva el derecho a expulsar a un migrante por sus manifestaciones. Es decir, se establece un delito de opinión.
En las redes sociales –obviamente con perfiles financiados con dinero público en negro, especialmente de la Side, el aparato que responde directamente a Santiago Caputo- salió a hacer una campaña tratando de mimetizarse con la Selección Argentina, tomando algunos ataques que ha habido de programas o redes sociales de otros países contra nuestro país y tratando de ser “empático” con un sentimiento de unidad nacional. Otro aspecto importante lo constituyen los viajes que ha hecho Milei, especialmente a Brasil. Milei tomó en sus manos, a partir del intento de Trump de que gane Bolsonaro, una campaña de tipo fascistoide contra Lula.
Es interesante que el gobierno que quiere establecer un delito de opinión contra extranjeros en Argentina haga una campaña en Brasil contra el gobierno brasilero en los peores términos posibles (con insultos y el lenguaje soez que es clásico de los grupos fascistoides). También apoyó a Fujimori en Perú.
A su vez, ha avanzado en una profundización del ajuste. Todas las medidas que anunció el gobierno y que se van a tratar en el Congreso en las próximas semanas tienden a ir más a fondo en las premisas que lo han llevado al fracaso que estamos viendo.
Una de ellas es la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central, básicamente para darle a los acreedores internacionales una seguridad de que van a cobrar su deuda. Se establece la prohibición de que el BCRA financie al Tesoro con emisión, con el argumento del crecimiento de la inflación. Sin embargo, el Banco Central puede seguir adquiriendo bonos en el mercado secundario: se los compra a los bancos con una emisión que conduce a un financiamiento indirecto mediado por los primeros.
"Vamos a quitar todo tipo de financiamiento debido a un supuesto déficit que puede darse", dice el gobierno. Con esta medida, se establece una norma que se copia de Estados Unidos –aunque allá tiene que ver con la capacidad de endeudarse del Estado- pero con la diferencia de que se cierra el Estado si se supera determinado tipo de déficit. El Estado no se cerraría para las jubilaciones porque es un derecho cobrarla e impedirlo sería motivo de judicialización; tampoco para el pago de la deuda.
Pero, por ejemplo, sí afecta a la educación, a las universidades que dependen del Estado nacional. El Estado eliminaría las transferencias a las provincias, lo que impactaría muy fuertemente en todo el territorio nacional. Estas medidas muestran que el gobierno se está atando la mano para lo que viene, porque no está diseñando un “plan platita” para las elecciones de 2027 en función de ampliar un poco el gasto. "No, vamos a ajustar más y a intentar cerrar filas con los acreedores internacionales para tratar de que esto no se hunda", dice.
También se establece la posibilidad de que las empresas locales tomen obligaciones negociables en dólares. Hoy está prohibido eso, es una medida que se tomó luego de la salida de la convertibilidad: que las empresas que facturan en pesos no se endeuden en dólares, ni con el sistema financiero ni en obligaciones negociables. Si te endeudas en dólares y facturas en pesos, si hay una devaluación monetaria no podes devolver la deuda. Es evidente que el gobierno está buscando armar un negocio financiero.
Una parte de las reservas que el gobierno acumuló se explican por el endeudamiento privado, lo que también hay que devolver y es parte finalmente del endeudamiento general del país. También se modifican determinadas normas sobre los seguros, algo importante especialmente porque se quiere establecer para el sistema previsional la posibilidad de recurrir ya no a una jubilación sino a seguros de retiro -lo que afectaría a los sectores más bajos. Esto, porque los sectores más bajos no van a poder ingresar a ese tipo de negocio; es para los sectores económicamente “más acomodados”. Entonces, se arma el descreme: es un proyecto más de largo plazo. Quienes tienen mayores ingresos se pasan a un seguro de retiro y los demás van a quedar en el Anses clásico. Algo parecido a lo que pasa con las obras sociales: los sectores con mayores ingresos se pasan a una prepaga llevándose su aporte, y quedan para las obras sociales sindicales, en general, los sectores con menos ingresos –eso ha generado que se rompa el llamado sistema solidario.
El gobierno está muy interesado en una política de ajuste que también apunta a evitar cualquier tipo de movimiento del tipo de cambio. A raíz de esto se generó una crisis, cuando el vocero que reemplazó a Adorni dijo: “Ojo que el dólar se puede ir a $1.800”. Rápidamente salieron a corregirlo y tuvo que decir que se equivocó.
Pero tenía que ver con la llegada de Georgieva a Argentina, porque el FMI presiona por una devaluación monetaria. ¿Y por qué? Porque el Fondo quiere que Argentina acumule reservas para pagarle y para pagarle a los acreedores. Para acumular reservas hay que comprar dólares, y si vos compras dólares aumenta el precio del dólar; y el gobierno está buscando que el dólar no aumente, pisarlo en la cifra actual, y que el FMI le refinancie las deudas que tiene por delante.
Un problema es que el tipo de cambio actual está generando una crisis industrial muy importante –una caída de la actividad económica con un impacto en el empleo. La tasa de inversión en la actualidad es una de las más bajas de las últimas décadas. El gobierno está buscando, con un tipo de cambio planchado, que venga inversión desde afuera. Y eso se demuestra en los proyectos que están en el Congreso sobre la Ley de Tierras, que se presenta como ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada. Constituye una modificación sustancial de la propiedad de la tierra en Argentina: buscan quitar todo tipo de límites a la venta de tierras en el país.
Muchos dicen que hoy la venta de tierras a extranjeros se permite hasta un 15% y que la propiedad total enajenada sería un 5%, así que podría triplicarse sin necesidad de modificar esta ley. Pero eso no es cierto. Ese 5% es un promedio nacional, y la ley vigente dice que el tope vale tanto para el territorio nacional como para cada provincia y municipio. Entonces, en determinados municipios donde hay un interés particular –por ejemplo, un emprendimiento minero, sojero o de data center-, ahí supera el 5%.
El problema es quitar todo tipo de límite, incluso en zonas fronterizas, para tratar de interesar una inversión extranjera que el gobierno quiere apuntalar pero que hasta ahora no llegó, ni llegue probablemente en el próximo período. Es que además está en crisis la posibilidad de reelección del gobierno.
También se establecen desalojos de manera mucho más sumaria. Si yo quiero vender la tierra y hay comunidades originarias tengo que poder echarlas; en un largo proceso judicial nadie me va a comprar una tierra donde hay personas que están viviendo y bloquearían una determinada iniciativa que tenga.
Con esta ley está, asimismo, el intento de modificar las expropiaciones por parte del Estado. Esto afecta, por ejemplo, a los compañeros de Fate. La ley de expropiaciones actual permite que, sin necesidad de expropiar definitivamente una empresa –como el caso de Fate, cuando un capitalista se retira y hace un lockout patronal-, el Estado pueda hacer una “ocupación transitoria” para asegurar en ese período la continuidad del proceso productivo y especialmente de los puestos de trabajo. El gobierno quiere eliminar la figura de ocupación temporaria.
El gobierno ha decidido encarar el proceso que viene tratando de atarse a Trump y al capital financiero internacional. Una apuesta incierta porque una de las posibilidades es que agrave todas estas contradicciones económicas: la tendencia recesiva, la caída del salario y de los puestos de trabajo. Es justamente lo que está llevando a que el gobierno pierda apoyo popular en las encuestas.
En este marco no tenemos todavía medidas de lucha importantes de los sindicatos tradicionales. Este lunes hubo paro docente, aunque aislado. Está lejos de ser un plan de lucha real de Ctera. No hay en los sectores privados, en la industria, medidas de lucha de los gremios. Pero aparecen algunos hechos que terminan catalizando la bronca popular, como lo muestra la marcha prevista para el 6 de agosto. Al gobierno se le suma una crisis adicional: no sabe si tiene los votos para aprobar la ley en los términos en que la mandó Sturzenegger.
Se habla de que hay 15 proyectos dando vueltas, pero si el gobierno tiene que cambiar mucho el proyecto de ley posiblemente ya no le sirva para la finalidad que persigue. Obviamente, esto hay que tomarlo con mucha cautela porque los senadores que tienen que votar el próximo 6 son vendidos; y los gobiernos a los cuales responden esos senadores han acompañado a Milei en otras iniciativas reaccionarias. Por eso es importante salir a las calles.
También tenemos la marcha del 7, convocada por el tema de San Cayetano, una especie de ritual. Está en el itinerario anual de la burocracia sindical y la burocracia piquetera de la Utep, que trabajan en común. Es una movilización a la que la CGT no tiene pensado darle continuidad. Arma una especie de plan de lucha trucho: un día acompaña a los jubilados, otro día a San Cayetano, pero nunca hay un paro por el salario, por los puestos de trabajo o contra la reforma laboral. Es un plan para disimular su complicidad con el gobierno de Milei.
Pero nosotros, entendiendo que tenemos una situación realmente muy difícil en los barrios populares y que están en juego un millón de planes sociales del programa Volver al Trabajo, vamos a participar con una columna propia saliendo desde Constitución y yendo a Plaza de Mayo. Hay que tomar estas medidas de lucha en nuestras propias manos, porque la situación del gobierno es frágil y de crisis; lo único que el gobierno tiene a su favor es que el partido opositor más importante, el peronismo, está en una situación peor: dividido, sin liderazgo y sin programa.
