Aún en plena pandemia, tanto en Chubut como a nivel nacional la cuestión de la deuda pública está en el centro de la escena. La foto de Alberto Fernández junto a todos los gobernadores en la presentación de la oferta a los acreedores privados ha dejado un clarísimo mensaje político interno: “con la deuda no hay grieta”. 

La oferta oficial fue mucho menos “agresiva” de lo esperado. El mercado, que en esto no sabe mentir, saludó el anuncio del ministro Guzmán: los bonos en dólares subieron su precio un 5% y el Riesgo País cayó un 11,7%. Sin embargo, los principales fondos han adelantado un rechazo a la propuesta inicial.

El debate sobre la deuda en Chubut

En este cuadro hay que reflexionar sobre las novedades en Chubut. Esta semana, después de años de letargo, los diputados del PJ “descubrieron” la existencia de una cláusula en el contrato de colocación de uno de los bonos de la deuda en dólares, el más significativo, el Bocade de 650 millones de dólares, que posibilitaría una suspensión de los pagos y una renegociación de los términos ante causas de “fuerza mayor”. En este caso, la pandemia de coronavirus. Enviaron una nota dirigida al Superior Tribunal de Justicia y al fiscal de Estado planteando la postergación de pagos hasta “una vez concluida la pandemia de covid-19”.

Dejando al margen que el STJ ya rechazó expedirse y resolver sobre el tema, esta presentación es reveladora: para el PJ provincial y el ahora Frente de Todos nunca fue una “causa mayor” el no pago en tiempo y forma a los trabajadores estatales del 2018 a la actualidad. Antes, y en sintonía, la Mesa de Unidad Sindical, es decir las direcciones de los sindicatos de los trabajadores estatales, políticamente afines a las diferentes variantes “nacionales y populares”, también se ha pronunciado, por primera vez, por la suspensión de los pagos. 

Exfuncionarios provinciales, economistas locales e incluso portales periodísticos que siguen de cerca el problema de la deuda han visto con buenos ojos la posibilidad de suspender, de renegociar, de blanquear el “virtual default” de la provincia, e incluso avanzar en un camino que ha sugerido el gobierno nacional, un impuesto, aún de incierto alcance y “por única vez”, a las grandes fortunas. 

Es necesario clarificar y poner a discusión de la población, especialmente de las y los luchadores chubutenses, los límites de estos planteos. Al final del camino, matices de una renegociación con los acreedores, más o menos conservadora.

La posición y el programa de la izquierda

En Chubut, el mecanismo de emisión de deuda atada a las regalías petroleras conforma un régimen de entrega de recursos estratégicos y ajustes crecientes, gerenciado por los sucesivos gobiernos provinciales y con complicidad de todo el arco político patronal, fondos de inversión, colocadores locales y las mismas petroleras. 

Cada vez más es más sabido que la riqueza petrolera de la provincia se “debita” automáticamente a los especuladores privados por medio de un fideicomiso que tiene como garantía de pago las regalías. Trascendidos periodísticos sostienen algo que es un secreto a voces: que entre los tenedores de los bonos estarían las mismas operadoras, como PAE, lo que conformaría un negocio redondo: un “reintegro” de regalías.

Este año ya se han pagado cerca de 60 millones de dólares entre capitales e intereses, el equivalente a una de las masas salariales que el gobierno adeuda. El mismo gobierno ha señalado a principio de año que incluso una suspensión de los pagos sería suficiente para eliminar el déficit provincial. A eso se debió el ajuste demandado por Martín Guzmán al gobernador Mariano Arcioni, como condición de nuevos rescates.

Agreguemos que gran parte de los fondos en dólares generados por dicha deuda nadie sabe a dónde fueron a parar.

En una economía que depende del sector petrolero, este mecanismo de petro-deuda compromete de modo cuasi-colonial los ingresos públicos provinciales, que a su vez dependen de variables que el gobierno no puede controlar: el precio del barril, el volumen de producción y el valor del tipo de cambio. Menos aún, una pandemia capaz de agravar la crisis petrolera mundial y hacer caer el precio del barril un 60%.

Sucede que ahora, a partir de esta nueva situación, los ingresos por regalías se ven reducidos casi a la mitad y la producción petrolera se verá disminuida en una magnitud aún desconocida. Este fenómeno volvería objetivamente defaulteable el “indefaulteable” sistema de fideicomiso, pues ni siquiera la totalidad de las regalías podrían alcanzar para “honrar” los intereses y el capital. Consciente de esta ruda y urgente tarea de renegociación, Arcioni puso a los lobos a cuidar al gallinero: contrató los servicios del JP Morgan y el City Bank. Licitación a sobre cerrado y con honorarios aún desconocidos.  

La crisis provincial, preexistente a la pandemia y por ella agravada en términos explosivos, requiere un planteo de fondo y no una rediscusión de los plazos de repago de un entramado de saqueo y expoliación. Rechazamos los planteos del PJ y la oposición testimonial del UCR-macrismo provinciales.

El no pago de la deuda y su investigación que proponemos los socialistas, al contrario del default o una suspensión (es decir, el diferimiento de los pagos), no es una medida aislada sino parte de un plan económico integral dirigido por los trabajadores, es un planteo de clase, anticapitalista. Un puntapié inicial para una reorganización económica sobre nuevas bases sociales, como por ejemplo, la nacionalización, sin pago ni indemnización, de todas las empresas operadoras que, a pesar de haber sido las más beneficiadas en todo el último período, son las que no están cumpliendo con los compromisos que tenían asumidos antes de la cuarentena, y quieren trasladar la crisis a los trabajadores petroleros, con descuentos, suspensiones y eventuales despidos, con complicidad de la burocracia sindical de Jorge “Loma” Ávila, un albertista de la primera hora. 

El planteo programático del no pago y la investigación de la deuda provincial, fuertemente militado por el Partido Obrero y el Frente de Izquierda en todos los terrenos, es una campaña de movilización política y lucha contra el Estado y los capitalistas, que debe incluir, efectivamente, impuestos progresivos y permanentes a los grandes capitales, para garantizar los salarios, jubilaciones, los puestos laborales y el fortalecimiento del Sistema de Salud en el marco de la pandemia.

En esta tarea urgente, más que el requerimiento vía nota de la opinión de un poder judicial cómplice es necesario conquistar los más amplios pronunciamientos por parte de las y los trabajadores y sus organizaciones, a favor del no pago y la investigación de esta deuda fraudulenta, para quebrar este mecanismo perverso y terminar con el default de facto al que nos han llevado.

Un golpe de la clase trabajadora, en defensa de los derechos más elementales, al intolerable gobierno de Arcioni, Massoni y a todo un régimen podrido, sostenido por el actual gobierno nacional.