La orden de desalojo de la toma de tierras en Guernica está dictada con fecha del jueves a la hora de la salida del sol. Las miles de familias que se han visto obligadas a ocupar ese espacio son el reflejo de la miseria que avanza sobre las masas más empobrecidas del conurbano bonaerense. Los testimonios en el lugar dan cuenta de familias enteras que se han quedado sin trabajo a partir de la irrupción de la pandemia y de los términos e intereses de clase con los que el gobierno dispuso la cuarentena.

Horas antes, el miércoles por la tarde, el Indec dará a conocer los datos oficiales de pobreza que harán políticamente más compleja la decisión del gobierno provincial de Axel Kicillof de avanzar con un desalojo. Es que los pronósticos indican que el anuncio rondará el 40%.

Se trata de una suba de 4,5 puntos con relación al 35,5% que se conoció en marzo y que daba cuenta de los datos del segundo semestre de 2019. Sin embargo, la cifra del 40%, que revela un crecimiento del número de pobres de algo más de dos millones, no pone de relieve la realidad. Es que su agregación semestral (se trata de un promedio) no solo no permitirá discriminar el impacto de los tres meses en los que la cuarentena golpeó de lleno sino que, por ese motivo, resulta una foto del pasado.

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Estudios realizados por distintos especialistas dan cuenta de que, el promedio del segundo trimestre que va de abril a junio podrían llevar la pobreza hasta un 46%. Los análisis surgen de proyecciones realizadas sobre la base de los datos de inflación y distribución del ingreso realizados por el IPyPP conducido por el ahora oficialista Claudio Lozano y del economista Martín Rozada de la “ortodoxa” Universidad Torcuato Di Tella que cree que la cifra para ese trimestre podría ubicarse en un 43% pero con un margen de error de hasta el 45,1%.

Así las cosas, durante esos tres meses, la pobreza habría escalado del 34,6% (es el número en el que coinciden ambos estudios para el primer trimestre) hasta, digamos, un 45%. Esos 9,4 puntos equivalen a casi 5 millones de nuevos pobres que, a la luz de los datos económicos, podrían atribuirse a “la crisis generada por la pandemia”.

Sin embargo, el derrumbe de la economía (acumula en el año un 12,6% de retroceso) fue claramente pagado por los trabajadores. El informe de distribución del ingreso del segundo trimestre de 2020 publicado días atrás da cuenta de que, durante la pandemia, se produjo un salto brutal en la regresividad del ingreso en la medida en que el diez por ciento más rico de la población se apropió de 25 veces de lo que percibió el 10 por ciento más pobre cuando, un año atrás, la relación era de “apenas” 20 veces.

Esa variable, claro, es resultado de la política económica adoptada. No se trata de una fatalidad ajena a las decisiones que hubiera adoptado el gobierno que se ufana de ser progresista y que debiera poder mostrar cifras diferentes. Es que, incluso, una caída de los ingresos de la población trabajadora en términos absolutos como resultado de una reducción general del producto podría traer como desenlace una mejora en la distribución del ingreso si la decisión fuera que el peso de la crisis caiga sobre la espalda de los capitalistas. Pero el gobierno, lo dicen los números, hizo precisamente lo contrario.

Más allá del congelamiento de las paritarias durante varios meses y el cierre de contados acuerdos por debajo de la inflación, la política de asistencia social del gobierno también resultó marcadamente limitada.

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El IFE, de apenas $10 mil, fue otorgado tres veces durante los seis que lleva la cuarentena. Se trata de $5 mil mensuales por familia que apenas superan un cuarto de los $18.792 que necesita una familia para no caer en la indigencia.

A pesar del decreto antidespidos, se perdieron, sin que mediara reacción alguna por parte del ejecutivo, 300 mil empleos registrados y 1,4 millones de puestos de trabajo no registrados. El DNU hubiera sido una oportunidad para inducir a que esos trabajadores denunciaran ante las autoridades su situación laboral y de esa manera avanzar en una registración que, además, hubiera impactado en la recaudación de la Anses. Por otro lado, alrededor de un millón de cuentapropistas (algunos monotributistas con relación de dependencia encubierta) también quedaron sin empleo.

Cuatro millones de personas se retiraron directamente del mercado laboral. Ese es el motivo por el cual el desempleo no llegó formalmente hasta el 29% y haya quedado fijado en un 13,1%.

Un dato que sirve para ilustrar el alcance de la política del gobierno y dar cuenta de su responsabilidad en los ya 20,5 millones de argentinos que viven en hogares en situación de pobreza lo demuestra el alcance del proyecto oficialista de impuesto a la riqueza: los $16 mil millones que podrían recaudarse equivalen a exactamente la mitad de la transferencia de recursos que se produjo durante cada uno de los meses de la cuarentena entre el decil más rico y el más pobre de la población. Además, de ese total, la mitad se destinará a subsidiar a las patronales petroleras entre otras.

En el primer semestre de 2003, el porcentaje había llegado hasta el 54% para reducirse al 47% en el segundo semestre. En el pico, 19,4 millones de personas se encontraban en esa situación. El 45% de la actualidad equivale a 20, 25 millones. La cifra más alta en la historia del país. Así las cosas, el gobierno “nacional y popular de la inclusión social” ya ostenta el récord histórico en cantidad de personas pobres en la Argentina.

No es el resultado de la pandemia ni de la cuarentena sino de su orientación política y social capitalista.

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