Este jueves 11 de agosto fue la última sesión de Cintia Frencia en el Concejo Deliberante de la ciudad de Córdoba. La concejala del Partido Obrero rotó la banca con la compañera Laura Cubas de Izquierda Socialista, en cumplimiento de los acuerdos de rotación que tienen larga tradición en el Frente de Izquierda.

Como pronosticó Cintia al momento de su asunción en abril de 2021, la banca se caracterizó por estar más en las calles junto a los trabajadores que en el Concejo. En efecto, Cintia asumió en el marco de un acto a las puertas del parlamento de la ciudad acompañada de cientos de luchadoras y luchadores de las barriadas, del sindicalismo combativo, del movimiento de mujeres, del movimiento ambiental y de la juventud. Durante su mandato, tuvieron lugar por lo menos otros dos actos masivos más, en los que alzaron la voz decenas de delegadas y delegados barriales que denunciaron la especulación inmobiliaria, reclamaron un plan de viviendas populares, la urbanización y el acceso a los servicios básicos en barrios y asentamientos populares.

A lo señalado se sumaron profusas conferencias de prensa en las que no solo denunció con tenacidad el ajuste y los atropellos de la gestión del intendente Martin Llaryora, sino que también propuso un programa de salida plasmado en los vastos proyectos presentados.

En un parlamento cerrado y de espaldas al pueblo, plagado de trabas burocráticas y proscripticas, la banca se destacó como anfitriona de numerosas audiencias públicas en apoyo a la lucha de las trabajadoras de casas particulares, de la docencia, por las libertades democráticas y en defensa del ambiente. En los 100 proyectos presentados se expresa la intensa elaboración programática y la incansable tarea de agitación política que desplegó la banca, constituyendo un notable refuerzo a las luchas obreras y populares, contra los ataques del gobierno de Martin Llaryora y la oposición patronal.

Los tres ejes programáticos principales que signaron la actividad parlamentaria estuvieron ligados a las problemáticas más sentidas por la población trabajadora y los sectores populares: vivienda, trabajo, y lucha contra los tarifazos. Pero no fue menos destacable la tarea organizativa y de producción parlamentaria en aspectos referidos a la cuestión de género, ambiental, juventud, contra la represión y otras tantas luchas que tuvieron su respaldo.

Con el oído pegado a los reclamos de las y los trabajadores. 

Desde el comienzo, Cintia se comprometió a fondo con el ascenso del movimiento piquetero y del Polo Obrero de los últimos años. En una ciudad con un déficit habitacional de 120mil familias, el proyecto para desarrollar un banco de tierras, un plan de viviendas populares, la urbanización de villas y asentamientos, y la creación de 50 mil puestos de trabajo fue la insignia de una banca que respaldó la lucha por la tierra y la vivienda. Con la autoridad política ganada de recorrer ocupaciones y barriadas postergadas, fue la única en plantarse contra el nuevo ordenamiento territorial de Llaryora que buscaba favorecer la especulación inmobiliaria y el acaparamiento de la tierra por parte de las constructoras.

Asimismo, denunció la violación a los derechos humanos perpetrada por el gobierno en complicidad con las empresas de servicios públicos Epec y Aguas de Cordobesas S.A, al negar el suministro de energía eléctrica y agua potable a las familias trabajadoras en villas y asentamientos que, junto a la represión y la criminalización, configuran mecanismos habituales de hostigamiento para preparar desalojos ilegales. Los actos convocados desde la banca constituyeron verdaderas tribunas de denuncia y coordinación de la lucha, donde se expresaron representaciones de decenas de barrios como Ampliación Estación Ferreyra, Villa El Capullo, Cabildo, 40 Guasos, barrio Sachi, etc.; no solo de capital sino también de otras ciudades de la provincia, como ha sido la participación de barrio Malabrigo de la localidad de Colonia Caroya, entre otras.

El sello de gobierno de Llaryora ha sido, sin duda, el ataque al convenio colectivo de trabajadores de la ciudad, la precarización y la reforma laboral antiobrera. En una ciudad donde un 30% de trabajadores está fuera de convenio y existe un aumento exponencial de los programas socio-laborales como el de Servidores Urbanos con un salario promedio de $30 mil, planteamos como prioritario la creación de 50.000 puestos de trabajo genuino mediante un plan de obra pública, bajo contratación directa del Estado municipal, tendiente a la vivienda popular y la urbanización de los más de 130 barrios populares.

En abril de este año cuando la derecha de la UCR y Juntos por el Cambio desplegaban el mayor ataque al movimiento piquetero impulsando proyectos de criminalización de la protesta social, con apoyo innegable del oficialismo que cerró filas para avanzar sobre las libertades democráticas en pos de aplicar el ajuste que exige el FMI, la banca se jugó a fondo en la defensa de las y los luchadores, y en defensa de los derechos humanos. En ese sentido, no solo se presentaron variados proyectos, sino que la banca fue impulsora de una audiencia pública en el Consejo de la que participaron representantes de la Mesa de Trabajo por los DDHH de Córdoba; Elia Espen -Madre de Plaza de Mayo Línea Fundadora; Carmen Verdú- Encuentro Memoria Verdad y Justicia; familiares de casos de gatillo fácil; Cesar Arakaki y Sebastián Copello, activistas sociales procesados por luchar; luchadoras por el derecho a la vivienda reprimidas y procesadas por reclamar tierras y servicios esenciales; abogadas de APEL- Asociación de Profesionales en Lucha; activistas de la asamblea de Paravachasca; abogadas del caso de Cecilia Basaldúa; dirigentes del movimiento piquetero; y referentes del Frente de Izquierda Unidad.

Como integrante activa de la asamblea Ni Una Menos presentó diversos proyectos en apoyo a la lucha de las mujeres y disidencias, de protección integral de las mujeres cabeza de familia en ocupaciones y asentamientos; de garantías laborales para las trabajadoras como las licencias de maternidad paternidad, los lactarios en lugares de trabajo privados y públicos; y la aplicación efectiva del cupo laboral travesti- trans entre otros. Asimismo, se convirtió en la portavoz del reclamo de justicia por las víctimas de violencia, entre ellas frente al encarcelamiento injusto de Flavia Saganias, el femicidio de Cecilia Basaldua, Luana Ludueña y Emilse Gajes.

En medio de la disputa capitalista por el reparto de subsidios al transporte, que tuvo a usuarios y trabajadores como presa de los negociados de las empresas concesionarias que lucran con un pésimo servicio, desplegó un planteo por la apertura de los libros y la estatización del sistema de transporte urbano de pasajeros bajo control de los trabajadores y usuarios. Con este programa de salida recorrió puntas de línea y se reunió con delegados suscitando adhesiones de un amplio sector de trabajadores. Como correlato, con implacable afán enfrentó los tarifazos, exigiendo la anulación del aumento del boleto, y reclamó por los recorridos y la frecuencia haciéndose eco de las demandas de los vecinos de los barrios más postergados.

Otro de los ejes fuertes de la campaña del gobierno de Llaryora tuvo que ver con la promoción de una supuesta “Economía Circular” mientras avanzaba en una ciudad dominada por los negociados de la especulación inmobiliaria que llevó a la catástrofe sanitaria y ambiental ocasionada por el colapso cloacal en Villa Páez y Alberdi. Este hecho volvió a sacar a la luz los negociados detrás de la eterna refuncionalización de la planta depuradora de Bajo Grande. La banca se colocó al frente de la lucha por la asistencia, remediación ambiental y el resarcimiento integral a las familias afectadas, visitó los domicilios, llevó adelante una conferencia de prensa desde el mismo lugar del colapso y realizó la denuncia penal contra el Intendente y todos los responsables políticos.

Asimismo, desde el inicio de la actividad parlamentaria apostó a la coordinación y al frente único de las luchas ambientales poniendo en pie una audiencia pública en el Concejo que denunció los basurales a cielo abierto, las conexiones clandestinas de empresas y emprendimientos urbanísticos que liberan residuos sin tratamiento al Río Suquía, el colapso generalizado de las redes cloacales y la complicidad del gobierno con las grandes fábricas y emprendimientos comerciales que tiran sus desechos en lagunas de contención o basurales clandestinos, las fábricas de producción contaminante radicadas en medio de zonas residenciales; y más de 2.500 grandes generadores de residuos sólidos urbanos que no utilizan sistemas de recolección diferenciales.

La abnegación, tenacidad y compromiso de una banca al servicio de la lucha contra un régimen de ataque a los trabajadores merece un particular señalamiento. Las iniciativas y campañas que honor a la brevedad resumimos en esta nota, en reiteradas ocasiones captaron la atención de los medios de comunicación masivos llegando con un programa socialista a cientos de miles de trabajadores que se organizan y luchan. No es menor señalar también que toda esta actividad parlamentaria revolucionaria marcó el paso al reagrupamiento y movilización cada vez más multitudinaria en las calles. Cintia Frencia cumplió un gran rol de parlamentarismo revolucionario.