El próximo 2 de septiembre, la Justicia citó a indagatoria a Jesús Héctor Guerrero, el gendarme que disparó a quemarropa contra el reportero gráfico Pablo Grillo, hiriéndolo gravemente en la cabeza durante la brutal represión frente al Congreso el pasado 12 de marzo. El disparo, realizado con una escopeta lanzagases a metros de distancia, violó todos los protocolos establecidos para el uso de armas “no letales”. Fue un ataque directo, ejecutado con la clara intención de dañar a los manifestantes y a la prensa que estaba cubriendo.

El hecho formó parte de un operativo represivo planificado por el Ministerio de Seguridad de la Nación, a cargo de Patricia Bullrich, en el marco de las manifestaciones el ajuste a los jubilados. La represión incluyó gases, balas de goma, detenciones arbitrarias y una cacería indiscriminada contra quienes protestaban. La propia Gendarmería respaldó públicamente el accionar del agente, lo que demuestra que se trató de un operativo con respaldo institucional y político.

La citación a indagatoria llega cuatro meses después del ataque, y no por iniciativa del Poder Judicial, sino como resultado de la presión sostenida de familiares, organismos de derechos humanos, sindicatos, medios alternativos y organizaciones sociales. La misma Justicia que persigue y criminaliza a manifestantes y referentes populares con causas exprés, actúa con total demora cuando se trata de juzgar a las fuerzas represivas. Esta doble vara no hace más que reforzar la impunidad con la que operan los responsables de la represión estatal.

La responsabilidad política de Bullrich y del gobierno nacional es directa. No solo dieron la orden de avanzar contra la población movilizada, sino que encabezaron una campaña de legitimación de la violencia estatal, buscando disciplinar a quienes se oponen al ajuste y sembrar el miedo en la calle. En un país donde el salario y las jubilaciones se pulverizan, la represión busca garantizar la aplicación del plan económico cuando el hambre y la bronca empujan a miles a salir a la calle.

La agresión contra Pablo Grillo forma parte de una política de represión a los reclamos populares, como vemos también en las luchas de Georgalos o el Inti. Como la intención es el amedrentamiento, tiene uno de sus blancos en reporteros gráficos y trabajadores de prensa en general. Por eso a los gases, palos y balas se suma el hostigamiento judicial que vemos ahora contra Julia Mengolini y la radio Futurock por cubrir la lucha del Garrahan, como antes las denuncias contra Ariel Lijalad o Carlos Pagni y amenazas contra otros como Hugo Alconada Mon. El ataque a la libertad de prensa es parte de un accionar represivo convertido en política de Estado.

En este contexto, y contra esta avanzada represiva, este miércoles 23 nos movilizamos a Plaza de Mayo junto a los jubilados, para exigir justicia por Pablo Grillo, el fin de la represión y el castigo a todos los responsables. Bullrich se tiene que ir.

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