En el marco de las restricciones por la crítica situación epidemiológica en la ciudad, el intendente capitalino Martín Llaryora acaba de anunciar una serie de medidas de ayuda económica a industriales, comerciantes y hoteleros. Las mismas incluyen eximiciones impositivas para comercios e industrias, y la reedición de los acuerdos colaborativos establecidos con la Cámara Hotelera, Turismo y demás.

Las disposiciones responden a las demandas de las cámaras de comercio e industria que traccionaron diversas movilizaciones en la provincia durante la jornada del 24 de mayo, en rechazo a las restricciones. Aunque se presente como medidas paliativas para Pymes y pequeños comerciantes, lo cierto es que tras las mismas hay una nueva capitulación del gobierno ante los sectores empresariales que operan en la ciudad y presionan por la liberación total de la economía y la producción.

Sin duda, las medidas de restricción adoptadas por el gobierno municipal, aunque tardías, limitadas y con un escaso cumplimiento, golpearon duramente sobre la precaria economía de la ciudad. Pero los sectores más afectados en este cuadro, han sido omitidos por completo de los anuncios oficiales.

El intendente no anunció una sola medida para los más de 109.000 trabajadores del Gran Córdoba que viven debajo de la línea de la indigencia y quienes han visto bloqueada su única fuente de ingresos -changas y trabajos precarios. Tampoco se estableció ayuda alguna para los miles de trabajadores informales que cuentan con un salario promedio de $18.600, sin espalda económica para soportar la falta de ingresos.

La capitulación de Llaryora ante las cámaras de comercio e industria contrastan con las medidas de ajuste implementadas por el gobierno municipal sobre sus propios trabajadores. Vale mencionar que dentro del 27% de trabajadores precarios que tiene la municipalidad se encuentran centenares de “servidores urbanos” quienes perciben una beca que no llega a los $15.000, y un monto en tarjeta de alimentos. Además, ni siquiera desde el ejecutivo se garantizó la distribución de los módulos alimentarios a los alumnos de las escuelas municipales previo al aislamiento.

En una ciudad con el 40% bajo la línea de la pobreza y con un 13% de desocupación, las necesarias medidas de restricción sin disposiciones que garanticen en ingreso para las familias en situación de vulnerabilidad se pueden transformar en una masacre social.

Por un blindaje a la clase obrera

En la jornada del 26 de mayo los nuevos casos de Covid en la provincia llegaron alrededor de los 4.500, hubo 22 nuevas muertes, entre ellas dos trabajadores de la salud quienes se encuentran en la primera línea de combate en un sistema de sanitario desmantelado, sin personal, ni capacidad de respuesta. De la totalidad de los casos, el 40% se concentra en la ciudad de Córdoba.

Es claro que el cuadro de ascenso exponencial de casos impone la necesidad de prolongar las medidas de restricción de la circulación, evitando las grandes concentraciones de gente en los lugares de trabajo y estudio. Sin embargo, esto se vuelve insostenible sin una política de blindaje económico para las familias trabajadoras.

Desde el Frente de Izquierda hemos impulsado una serie de medidas en el Concejo Deliberante para reforzar un programa de protección a las familias trabajadoras. En ese sentido exigimos la interpelación al intendente Martín Llaryora en el Concejo para que responda ante la nula respuesta a estas iniciativas.

Para frenar la otra pandemia, la pandemia del hambre, es necesario establecer un seguro al parado de $40.000; becas de estudio para todo el que la necesite de $10.000; la universalización del servicio de comedor y del Paicor a todos los estudiantes de la ciudad, con la incorporación de viandas calientes; y avanzar en ponerle fin a la precarización laboral comenzando por el municipio, con el pase a planta permanente de todos los precarizados.

Con la implementación de este programa no solo se protege a las familias más vulnerables, sino que establece una perspectiva para preservar la economía de la ciudad, manteniendo el consumo de los artículos de primera necesidad. Insistiremos en el Concejo con la defensa de este plan de contingencia.

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