Desde su creación, el programa de Servidores Urbanos, conocidos como los “chalequitos celestes”, no ha hecho más que consolidarse como política de Estado bajo la gestión municipal de Martín Llaryora.

Recientemente, el Ejecutivo dispuso un “aumento” a los trabajadores del programa que llevó el monto de la beca que perciben de $10.000 a $15.000, más viáticos. Asimismo, se anunció el inicio de un plan de capacitación mediante diversos talleres. El objetivo de dicha capacitación sería formar a los “chalequitos celestes” para desempeñar diferentes actividades en las Bases Operativas que se dispondrán en los CPC (Centros de Participación Ciudadana), para poner en marcha la ya anunciada “descentralización administrativa y operativa”.

De este modo, la gestión de Llaryora avanza un paso más en el reemplazo progresivo de trabajadores de planta permanente del municipio, en este caso de Áreas Operativas, por trabajadores precarizados del programa Servidores Urbanos, quienes perciben una beca que apenas alcanza el 20% del salario municipal.

Con la “descentralización administrativa y operativa”, el Ejecutivo municipal no solo admite permanencia de diferentes modalidades laborales precarias -becas, pasantías, contratados, monotributistas o el propio programa de Servidores Urbanos-, sino que preanuncia su extensión.

Precarización laboral y negociados como política de Estado

Esta avanzada precarizadora de Llaryora supone un ataque de lleno al estatuto municipal y un ataque sustancial a los servicios que brinda la Ciudad de Córdoba, orientando la ejecución de las partidas presupuestarias hacia la contratación de empresas que tercerizan, ligadas a los propios funcionarios de turno. Esta política es contraria al equipamiento de las Áreas Operativas, encargadas del mantenimiento y reparación de servicios y espacios públicos, por lo tanto afecta de manera directa a trabajadores y trabajadoras del sector y, de manera indirecta, a todos los vecinos de la ciudad quienes verán degradado aún más los ya exiguos servicios municipales.

El sistemático vaciamiento de Áreas Operativas, con faltante de insumos y equipamientos, que sentó las bases para la tercerización de servicios como el bacheo, la limpieza, la poda, el desagote, el alumbrado, etc., lejos de suponer un “ahorro presupuestario” para la ciudad, implicó la contratación de empresas a un costo que está por fuera del control presupuestario, ya que rige una ordenanza que permite la contratación directa. Además, los remates (la publicación de las acciones licitatorias) de obra pública se realizan de manera amañada, por una red de empresas ligadas al propio Ejecutivo. Esta política deja obsoleta la capacidad instalada y la fuerza de trabajo con la que ya cuenta la municipalidad para desarrollar esas tareas.

Sin embargo, la precarización no solo se expresa en las Áreas Operativas. En las escuelas, por ejemplo, la tareas de los auxiliares son sustituidas por becarios que, según el estatuto, debieran corresponder al agrupamiento de maestranza. En su lugar, se han ubicado becarios de Defensa Civil para realizar tareas ligadas a la seguridad escolar, sin que cuenten ni con la formación, ni con las condiciones para garantizarla.

Aunque la precarización laboral no es una novedad de la actual gestión (años de gobierno mestrista multiplicaron los contratos y monotributos), lo cierto es que, en el afán de liquidar las condiciones laborales de las y los municipales y abrirse camino para nuevos negociados, el gobierno de Llaryora ha hecho de ésta una marca distintiva de su gobierno. Según cifras publicadas oficialmente, el 23% de los trabajadores que desempeñan tareas para el municipio estarían bajo modalidades precarias de contratación. Estamos hablando de 2.381 trabajadores/as.

La multiplicación exponencial de diversas modalidades de contratación precaria se combina con un ataque en regla a conquistas históricas de las y los municipales, comenzando por la reducción de jornada que implicó un recorte salarial del 15%. Sin duda, Llaryora busca tomar el control del municipio sobre la base de liquidar las condiciones laborales, degradar aún más los servicios urbanos y acomodar a sus propias empresas asociadas en la ciudad.

Vamos al Concejo contra la precarización

El próximo 8 de abril, el Partido Obrero asumirá la bancada del Frente de Izquierda en el Concejo Deliberante, al concretarse la rotación acordada dentro del FIT. Con el ingreso al parlamento de la ciudad vamos a reforzar centralmente la lucha de las y los trabajadores contra la precarización laboral, desarrollando un programa opuesto por el vértice al que plantea el gobierno pejotista de Llaryora.

La defensa del estatuto municipal y sus condiciones laborales es indisoluble de la lucha contra la proliferación de diversas modalidades de precarización laboral en la ciudad, puesto que es una herramienta extorsiva que utiliza el ejecutivo para nivelar para abajo y degradar así las condiciones de vida del conjunto de las familias trabajadoras.

En este sentido es que impulsamos un proyecto por el inmediato pase a planta permanente de todos/as los trabajadores precarios, independientemente de cuál fuera su modalidad de contratación. No queremos ningún trabajador municipal por fuera del convenio; ningún trabajador por debajo de la línea de pobreza. Vamos contra los negociados que habilita la precarización; por la defensa del salario y las jubilaciones de todos/as los municipales.

Con este proyecto, recorreremos cada dependencia y lugar de trabajo para establecer un frente único entre trabajadores precarios y de planta, y desarrollar un plan de lucha en defensa de las condiciones laborales y los servicios municipales.

Comenzamos con un plenario abierto con la combativa agrupación municipal, la Lista Fucsia-Suoem, el próximo martes 6 de abril, para preparar una participación destacada en el acto del 8 de abril frente al Concejo Deliberante, con motivo de la asunción de la bancada.