Políticas
21/11/2024
Código Urbanístico CABA: destrucción de la ciudad a beneficio de los especuladores inmobiliarios
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CABA.
La audiencia pública realizada en la legislatura porteña durante los últimos 10 días evidenció el rechazo de todos los barrios a la reforma al Código Urbanístico del 2018, votada precedentemente en “primera lectura” por la gran mayoría de los legisladores. Los más de mil quinientos participantes expusieron sobre los impactos negativos del código vigente y el agravamiento en las condiciones de vida que se prevén con esta nueva versión.
Esta instancia de supuesta participación pública, forma parte de un protocolo que exige la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires para los cambios de usos del suelo. La primera etapa fue el paso por la Comisión de Planeamiento Urbano, donde decenas de ciudadanos expresaron sus críticas y aclararon que no estaban incorporados los proyectos particulares presentados por vecinos, algunos acompañados por el Frente de Izquierda, para detener la construcción destructiva e impedir la cementación de las tierras ferroviarias y nacionales en general.
A pesar de esto en el mes de setiembre el proyecto de reforma pasó al recinto y fue votado por los partidos de la burguesía. Los únicos votos contrarios fueron de un par de libertarios sueltos y los tres diputados del FIT-U.
A posteriori el proyecto pasó a la Audiencia Pública ciudadana y el 12 de diciembre volverá al recinto para votarse nuevamente y convertirse en ley.
Para promover el sur se satura el norte
Jorge Macri aduce que este proyecto mantendría la identidad de los barrios y promovería el desarrollo del sur de la ciudad. Para esto se plantea el concepto de “capacidad constructiva adicional”, que permite que las constructoras que lleven adelante obras en el sur, donde la densidad poblacional es menor que
en el norte, puedan construir la misma cantidad de metros cuadrados en esta última zona, por encima de lo permitido, donde el valor del metro cuadrado es significativamente mayor, permitiendo mayores ganancias a los especuladores.
Así, si se construyera una torre de 10 pisos en la zona sur podrían elevarse otros 10 pisos sobre el límite de 15, valor que quedará establecido en ciertos corredores del norte de la ciudad, como por ejemplo la avenida Cabildo.
Los vecinos nos oponemos a la “capacidad constructiva adicional”, también a la delegación de facultades al Poder Ejecutivo, al concepto de “corredores” -avenidas que permiten una altura de edificación desproporcionada con respecto a la situación de las viviendas entre esas avenidas- y a avanzar con
los permisos de obra aprobados precedentemente. Además, solicitamos que todos los espacios públicos estatales se conviertan en tierras verdes públicas, con el objeto de afrontar el efecto de isla de calor. Se necesita más espacio absorbente de lluvias, mayor protección del arbolado y menos cemento.
Antecedentes y situación actual de la ciudad
Según la Constitución Nacional, la privatización de las tierras nacionales debe tener el acuerdo del Congreso, pero un Decreto de Necesidad y Urgencia del año 2012 del gobierno de Cristina Kirchner crea la AABE (Agencia de Bienes del Estado) y le da poder para determinar los predios a enajenar.
La ciudad padece un plan sistemático de venta de tierras públicas promovido por el gobierno nacional y el de CABA. Ejemplos sobran: el predio de la Villa 31 ex Coto, pedido por los habitantes para un centro de salud, se habilitó para construcción de torres y, actualmente, en Núñez se quiere eliminar el inmueble del Centro de Salud Mental con los mismos fines. Otro caso fue el de la venta vil del edificio del Ministerio de Educación de la CABA y tantos otros.
El Código Urbanístico sancionado en 2018 fracasó. Así lo advertimos las más de 500 personas que participamos en esos días en la Audiencia Pública: miembros de colegios profesionales, organizaciones de la sociedad civil, consejos consultivos comunales, asambleas barriales. Todos anunciamos lo que finalmente ocurrió: se incrementó la construcción, pero los costos para comprar una vivienda aumentaron y los alquileres también. Y se afectó el perímetro de la ciudad con construcciones desmedidas, se edificó en altura en las esquinas, se perdió asoleamiento, entre otros impactos ambientales negativos.
El objetivo gubernamental de insistir con la densificación de la ciudad llevará a un colapso aún mayor de los servicios en áreas de alto valor del suelo. Esto en una ciudad ya densamente poblada donde se suman 3 millones de personas que ingresan diariamente a trabajar, pero las viviendas que se construyen no son accesibles para este sector.
Durante la discusión de esta nueva reforma, los “logros” obtenidos por los vecinos en materia de espacios verdes fueron escasos. Uno de ellos es que cuatro de los siete lotes del playón ferroviario de colegiales sean destinados para espacios verdes y no para la construcción de más torres. En un sentido similar, se ratificó que el 77% del espacio de Costa Salguero sea destinado a espacio verde público, a pesar de que ya se ha entregado otro tanto para la especulación inmobiliaria con la aprobación en su momento del distrito joven, con el apoyo del peronismo, y la venta de terrenos linderos al río. Por último, se plantea un aumento del porcentaje de suelo que debe ser destinado al pulmón de manzana y sobre el que no se puede edificar, para paliar el desastre de la eliminación aplicada desde 2018. Por fuera quedó el reclamo de determinar como “Urbanización Parque” a una serie de plazas y tierras estatales.
Las villas y asentamientos no están incluidas en el Código, salvo las pocas que poseen leyes de urbanización (Rodrigo Bueno, Villa 31, Playón de Chacarita y Villa 20 en Lugano) de limitada aplicación. No se aprecia una inclusión de las 400.000 personas que viven en forma precaria, con escaso o nulo acceso a los servicios básicos. El 80% de las 49 villas y asentamientos registrados en el Renabap se encuentran en el sur de la ciudad, pero no forman parte del “desarrollo del sur”, propagandizado en esta Reforma. Para colmo, parte del parque olímpico será utilizado para la instalación de la “alcaidía central” de la ciudad, que no es más que una cárcel para 700 personas. Y trasladaron también al sur los recitales que son rechazados en el Norte.
Una vez más, el “blanqueo” de capitales a nivel nacional, para ingresar dólares para el pago de la deuda, aprovechará esta ocasión para la construcción como reserva de valor.
Proponemos
La derogación del DNU N° 1382/12 de creación de la AABE y sus facultades inconstitucionales de venta de tierras públicas.
La implementación de un impuesto progresivo a las propiedades desocupadas (ociosas), la creación de un banco de tierras y viviendas en manos del Estado para bajar los costos y el acceso a créditos hipotecarios para los trabajadores cuya cuota no supere el 25% del ingreso familiar.
Por un código urbano y ambiental elaborado y controlado por los habitantes y trabajadores de la CABA, organizaciones civiles de la comunidad, asambleas de las comunas y barrios populares y las instituciones técnicas y científicas.
Preservación estricta de las reservas, las costas ribereñas y los humedales.
Derogación de las leyes de urbanización de playas ferroviarias y su destino a espacios verdes públicos.
Preservación de los bajo viaductos ferroviarios para uso público, social, cultural y recreativo.
