La fuga de divisas protagonizada por las patronales exportadoras e importadoras, a través de distintas maniobras, constituye una de las causas que están detrás de la quiebra del Banco Central y está cimentada en que el comercio exterior de Argentina se encuentra en manos de un puñado de grupos económicos.

Hace algunas semanas trascendió que, entre 2021 y los primeros seis meses de 2022, la Afip registró 1.400 casos de filiales de empresas extranjeras que operan en suelo local que habían adulterado los precios de transferencia -los que se facturan en las operaciones realizadas entre las distintas subsidiarias de una misma multinacional. El grueso de las irregularidades detectadas se concentraron en el sector agroexportador. A su vez, la Aduana intimó recientemente a 150 empresas importadoras que traían mercadería de China pero la facturaban desde otra plaza radicada en Estados Unidos a un precio mayor.

Estas prácticas son moneda corriente, provocando una sangría que hasta pone en crisis las metas fiscales y de acumulación de reservas fijadas por el FMI, lo que llevó al gobierno a incorporar nuevas herramientas de control. Entre otras cosas, firmó un acuerdo con la Internal Revenue Service (la Afip yanqui) para acceder a información tributaria sobre las multinacionales estadounidenses que triangulan con filiales instaladas en Argentina. Sin embargo, de ninguna manera logra revertir el problema ya que mantiene intacto todo un andamiaje que permite que proliferen esos mecanismos de triangulación para evadir impuestos y fugar divisas.

Muchos capitalistas exportadores subfacturan sus envíos al exterior para declarar menos dólares de los que en verdad reciben. En primera instancia le envían la mercadería a un “destinatario intermedio”, que puede ser una sociedad offshore de la misma empresa -donde los controles fiscales son nulos- o a otra filial de la misma multinacional que esté radicada en un país no cooperante, es decir, fuera del alcance de los convenios de intercambio automático de información entre las agencias tributarias. Este intermediario, a su turno, le “revende” al destinatario final a un precio más alto, quedándose con el resto de las divisas que no se declararon en el país de origen. A la inversa, las patronales importadoras sobrefacturan sus compras para obtener una mayor cantidad de dólares oficiales, los giran a una cuenta propia pero que se halla a nombre de una sociedad offshore y de allí le transfieren al proveedor el verdadero valor del producto o servicio importado.

¿Cómo es posible que prosperen maniobras que podrían erradicarse tan solo comparando las cifras facturadas por las empresas con los valores de referencia de los bienes o servicios que se importan o exportan? Sucede que todo el comercio exterior de Argentina está al servicio de los negociados capitalistas y el saqueo nacional, en detrimento de la población trabajadora. El ejemplo más nítido es el del complejo agroexportador, donde el 64% de las exportaciones de granos recae en apenas 6 multinacionales, que, a su vez, controlan 16 de las 21 terminales portuarias ubicadas sobre la ribera del Río Paraná. Por otro lado, el transporte fluvial está monopolizado por empresas extranjeras como Hamburg Süd, Mediterranean, Maersk y flotas pertenecientes a los pulpos cerealeros. Asimismo, la principal ruta fluvial, la Hidrovía del Paraná, volverá a manos privadas una vez finalizada la licitación. En esa vía navegable solo el 2% de las embarcaciones que circulan pertenece a la Marina Mercante.

Una fuente de drenaje de divisas constante fruto de “dejar al lobo al cuidado de las gallinas”. Para revertirlo, es necesario desarmar todas las artimañas patronales mencionadas anteriormente; así como también priorizar las importaciones según las necesidades de la economía nacional, poniendo fin al sobrestockeo en el que incurren las empresas importadoras para especular con la brecha cambiaria. A su vez, es preciso establecer un sistema centralizado de compra de productos primarios que fije un precio interno único, lo cual evitaría que se sigan trasladando los altos precios internacionales al de los alimentos que se venden en las góndolas criollas, y, además, desalentaría el acopio de granos de soja que reina en la actualidad, donde los productores los mantienen en las silobolsas a la espera de una devaluación y dejan de liquidar así alrededor de USD 14 mil millones. Lo anterior solo es posible nacionalizando bajo control obrero el conjunto del comercio exterior, dado que es la clase trabajadora la que paga con hambre y carestía las consecuencias de este régimen de saqueo, y, por lo tanto, es la única clase social interesada en terminar con semejante oprobio.

Esto permitiría reabsorber la renta exportadora y redirigirla a una planificación económica al servicio de las necesidades populares. De este modo, se podría poner en pie una flota naval de bandera, industrializar el país, impulsar un plan de viviendas y obra pública y crear empleo genuino. También desarrollar un sistema de transporte de cargas, estatal y gestionado por los trabajadores, lo cual permitiría, entre otras cosas, combatir el contrabando de granos que se lleva a cabo en la frontera mediante el desvío de camiones. El programa planteado debe ir de la mano de la nacionalización bajo control obrero de otros resortes económicos como la banca y la cadena energética, el repudio de la deuda usuraria y la ruptura con el FMI.

 

 

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