La nueva secretaria de Energía, Flavia Royón, sostuvo en la conferencia de prensa donde presentó el esquema de segmentación energética que no se trataba de “un aumento de tarifas, sino una redistribución de subsidios”. Lo cierto es que los hogares que apenas logran superar el umbral de la pobreza deberán afrontar subas en los servicios públicos, volviendo más ardua la tarea de llegar a fin de mes. Pasando en limpio la información intrincada que brindaron los funcionarios, y seleccionando algunos ejemplos, veremos cómo impactará lo anunciado en el bolsillo popular.

En un hogar con un ingreso (entre $104.216,80 y $364.758,80) los servicios de luz y gas aumentarán de la siguiente manera: si es usuario de Edesur y consume 300 kW por mes, pagará en la factura de luz de septiembre 2022 aproximadamente $818 más que en la de agosto. Si se excede en el tope de consumo subsidiado de 400 kW, deberá abonar la tarifa plena sobre el excedente aunque no hubo precisiones acerca cuánto dinero extra significa eso. Tampoco se informó cómo serán los aumentos en la boleta de electricidad a partir de octubre para cada categoría de usuario. A su vez, dicho hogar pasará a pagar en la boleta de gas de enero 2023, en promedio, alrededor de $496 más que en la de junio 2022, en tanto y en cuanto no supere el 70% de consumo promedio entre el umbral mínimo y máximo de la zona geográfica a la que pertenece. En caso de franquear ese tope, se cobrará un aumento sobre el excedente del 167%, no en el precio final de la factura sino en uno de sus componentes que es el precio mayorista de gas. Ahora bien, la incertidumbre de un ciudadano de a pie sobre cuál es ese consumo promedio que no habría que superar es total.

En el caso de Aysa, la segmentación por niveles socioeconómicos adoptó un criterio geográfico y no de ingresos percibidos, el cual no fue explicitado. Como el ejemplo exhibido en la conferencia de cómo quedarían los aumentos se basa en un consumo mínimo, carece de sentido reproducir en esta nota los números absolutos; en su lugar mostraremos los porcentajes. Para junio de 2023, un hogar ubicado en una zona geográfica considerada media tendrá un aumento en la factura de agua que rondará el 149,7%, es decir, que pagará dos veces y media lo que hoy. En el caso de las zonas “medias-bajas” oscilará el 112%, por lo que tendrán que pagar más del doble. Los usuarios no residenciales, por su parte, llegarán pagando aproximadamente 149,6% más de agua.

Sin dudas, esto recién empieza. Los criterios de segmentación están sujetos a cambios que podrán añadirse a lo largo del tiempo, incorporando paulatinamente nuevos usuarios al grupo poblacional que no recibirá subsidios en su boleta. De hecho, en cuestión de meses ya se agregaron topes de consumo que no figuraban anteriormente y se extendió a la tarifa de agua, cuando desde un inicio se preveía segmentar únicamente las tarifas de gas y luz.

Lo cierto es que los anuncios no llegan a conformar al FMI ya que apenas suponen un ahorro fiscal hasta fin de año de alrededor del 0,06% del PBI, cuando el objetivo es bajar el gasto en un 0,7% en función de alcanzar la meta anual impuesta por el organismo. Sin embargo, el gobierno avanza a los tumbos condicionado por una aceleración de la inflación en una situación social ya crítica, y en un terreno que ha suscitado rebeliones populares en varios países del continente y el mundo.

Como sea, los trabajadores nos vemos obligados a afrontar sucesivos aumentos en los servicios públicos, en nombre de reducir los subsidios estatales para ponerse a tono con la austeridad fiscal que reclama el FMI pero sin perjudicar a los capitalistas involucrados. Así las cosas, debemos pagar boletas más caras, mientras que los libros de las privatizadas y de Aysa permanecen cerrados, lo que nos impide verificar a dónde fueron dirigidas las transferencias millonarias que recibieron durante más de 20 años. A juzgar por la deficitaria red de agua potable, de gas natural y de electricidad que existe en el país, podemos ver que lo que prima es la desinversión por parte de estas empresas.

Por caso, las distribuidoras eléctricas acumulan una deuda con Cammesa que supera los $370 mil millones ($70 mil millones solo de Edenor y Edesur), un rojo que si sigue siendo cubierto con fondos públicos consumirá buena parte del “ahorro” que se propone el gobierno con esta segmentación. Es una muestra de la total improvisación, que no toca los pilares del sistema energético, y, por lo tanto, todo ajuste en un eslabón de la cadena genera cortocircuitos en otro (entre los costos de generación, de transporte y de distribución que se fijan por separado).

A su vez, la suba de tarifas elevará los costos industriales y de los comercios, lo cual será trasladado a los precios afectando a los sectores populares, y, al mismo tiempo, suscitará choques entre las distintas fracciones de la clase capitalista. A su turno, generará rispideces entre el Ejecutivo y los gobernadores, que actúan como voceros de sus burguesías locales y además quieren evitar echar leña al fuego del descontento social que sobrevuela en sus provincias. Recordemos que el tope de consumo eléctrico subsidiado se extiende apenas a 550 kW para aquellas regiones que no cuentan con gas natural pensando únicamente en la calefacción, pero sin tener en cuenta el mayor consumo que requiere paliar las altas temperaturas en el norte del país.

Mención aparte merece el papel del kirchnerismo, que, luego de haber ensayado una pose antiajuste, se terminó alineando con la política tarifaria estipulada por Massa, que, al ampliar la segmentación, plantea mayores incrementos que la pergeñada por Guzmán. A tal punto, que el propio Federico Bernal, del riñón cristinista, fue uno de los anunciantes de los aumentos en puerta.

Ahora bien, en un momento donde crujen las tensiones sobre el tipo de cambio, debemos señalar que una devaluación de la moneda puede dinamitar todo el esquema, ya que el precio del gas en boca de pozo se encuentra dolarizado y se trata del insumo base de toda la cadena energética -y del agua, que utiliza electricidad para su producción. Como vemos, el gobierno camina sobre arenas movedizas y por eso la improvisación está presente en cada una de las medidas que toma.

A la luz de esta situación, es prioridad defender un salario inicial de $180 mil, aumentos indexados a la inflación y trabajo bajo convenio para todos. Necesitamos un paro nacional y seguido de un plan de lucha para que los trabajadores intervengamos en las crisis con nuestras reivindicaciones y quebremos el ajuste del gobierno, la oposición de derecha y el FMI.