Con el Proyecto de Presupuesto 2023, aprobado en Diputados, el gobierno incorporó nuevos aumentos en las tarifas de las distribuidoras eléctricas en 90 días y un plan más que generoso de pago de la millonaria deuda que estas acumulan con la administradora eléctrica estatal, Cammesa. Un cóctel explosivo que se suma a la segmentación en curso y que prepara un nuevo salto antiobrero en las facturas eléctricas.

El gobierno justificó el aumento a las distribuidoras en el marco del “desendeudamiento” de estas con Cammesa, cuya deuda asciende a $502.000 millones, con una participación mayoritaria de las distribuidoras del Amba, Edesur ($116.000millones) y Edenor (112.000l millones).

Sin embargo se trata de una de la deuda impuesta por las distribuidoras, práctica corriente de los gobierno capitalistas que remite a lo efectuado por el gobierno de Macri a mediados del 2019 cuando por medio de mecanismos similares condonó la mayor parte de los más de $40.000 millones de deuda (a valores de aquel entonces) de Edesur y Edenor.

La habilitación de nuevos tarifazos se suma a lo concedido a las empresas transportadoras de energía, las cuales ya tienen convocadas para el 30 de noviembre las audiencias públicas necesarias para proceder a subas en otro de los componentes del servicio eléctrico.

El gobierno había amenazado con trasladarle la factura de las deudas de las empresas eléctricas con Cammesa a las provincias por medio de la afectación de la coparticipación federal, algo que de todas maneras habría impactado en el desfinanciamiento del gasto público provincial y en los bolsillos de los trabajadores. Ahora se echaron atrás por el lobby de los gobernadores, habilitándole el aumento a las distribuidores lo que será reproducido en cada jurisdicción: un gran negocio de Massa para Manzano, Vila, Filiberti y compañia.

Al aumento del tramo de las transportadoras y ahora el de las distribuidoras se suma el proceso de segmentación tarifaria y quita de subsidios que ya se encuentra en curso, y que implica una eliminación del 20% de los subsidios en octubre-noviembre, y el restante 80% en el bimestre siguiente.

Se trata de un proceso que involucra a distribuidoras de todo el país y que tiende a alinear los precios de la electricidad en función de lo que dicten las petroleras y las patronales parasitarias que intervienen en toda la cadena de generación, transporte y distribución eléctrica.

Las distribuidoras acceden a este privilegio que les otorga el gobierno luego de un desfinanciamiento profundo de la inversión en las infraestructura y el tendido eléctrico del servicio energético –bajo el pretexto de la “inviabilidad del negocio” con las actuales tarifas- y sin ningún compromiso de revertir esta situación. Es decir que lo que se espera es un servicio más caro y más deficientes, con sobrecarga del tendido y cortes de luz.

Los trabajadores no podemos quedar en las manos de un puñado de capitalistas parasitarios, que viven de los negocios con el Estado y que comprometen la calidad de vida y la economía de las familias obreras. Necesitamos avanzar en la apertura de los libros de las patronales, para conocer los costos energéticos reales, y nacionalización sin pago de toda la cadena energética para garantizar el servicio y el cuidado de los bolsillos de los trabajadores.

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