El gobierno convocó a una audiencia pública para el 30 de noviembre en función de definir aumentos en las tarifas luz, habilitando subas en uno de los componentes de la boleta, el que embolsan las empresas transportadoras de energía. Son incrementos que se suman a los de la segmentación, y que abre la puerta al reclamo de otro eslabón de la cadena energética que es el de la distribuidoras (como Edesur y Edenor). Esto, cuando en el Congreso se frustró la pretensión oficial incluida en el Presupuesto 2023 para presionar por una normalización (a bajísimo costo) de las deudas multimillonarias que estas empresas mantienen con la estatal Cammesa, a la cual no le pagan la mayor parte de la energía eléctrica.

Las empresas transportadoras de energía eléctrica, encargadas de las redes de alta tensión, habían pedido al Enre una actualización de los valores que cobran porque la inflación triplicó las proyecciones tomadas en las audiencias de marzo. El gobierno accedió, aún reconociendo en un comunicado oficial que “está más que claro que las empresas utilizaron las partidas de inversión, que en ningún caso superan el 23% de lo comprometido, para el financiamiento del pago de salarios”. Quiere decir que conceden nuevo aumentos a pesar de que las patronales profundizan una huelga de inversiones, que volveremos a sufrir en el verano con los constantes cortes de suministro. Este parasitismo refuta todo el verso oficial sobre el ahorro energético, porque redunda en menor eficiencia y peores servicios.

Con esta convocatoria a audiencia pública, el gobierno deja servido a que reclamen el mismo trato las distribuidoras Edenor y Edesur, e incluso a que lo hagan las otras privatizadas en las provincias. Sin embargo, estas también encuentran la forma de financiarse para cubrirse de cualquier pérdida. Resulta que las distribuidoras acumulan una deuda con Cammesa (la empresa estatal mayorista que les despacha la energía eléctrica) que asciende nada menos que a unos 502 mil millones de pesos -más de la mitad la tienen Edesur (116 mil millones) y Edenor (112 mil millones) que operan en el AMBA. En criollo, no pagan la mayor parte de la electricidad que reciben, y así cubren sus gastos operativos.

Es una hipoteca que el gobierno busca saldar, para lo cual ofreció un plan de regularización que consiste en darles a las empresas seis meses de gracia y permitirles una devolución en ocho años a una tasa de interés mucho menor a la del mercado, a lo que se suma el otorgamiento de “un crédito a favor equivalente a dos veces la factura media mensual de 2020”. Pero como las empresas no piensan empezar a pagar en pleno la energía, apenas un tercio de las que operan en el país pactó un plan de pagos.

Para presionar el resto de las privatizadas se había incorporado en el Presupuesto 2023 una cláusula que permitía cobrarse las deudas afectando los fondos de coparticipación de las provincias, pero debieron dar marcha atrás porque los gobernadores pusieron el grito en el cielo. Defienden sus cajas, claro, sobre todo en año electoral; pero también ofician de vehículo de los intereses de la privatizadas de sus provincias. En conclusión, estamos ante una política de aumento de tarifas que acicatearán las tendencias inflacionarias, solo para que no pierdan empresas parasitarias que profundizan el vaciamiento energético.

Estos aumentos tarifarios y las condonaciones de deuda se realizan sin abrir los libros de las empresas al control de trabajadores y usuarios, una medida elemental que permitiría ver qué hicieron con todos los subsidios que han recibido durante todos estos años. En cambio, armaron un esquema de segmentación que permite ir abrochando cada vez a más sectores de la población a pagar todo el “costo” de la boleta, tal como reclama afinar el FMI. Las audiencias convocadas para transportadoras o eventualmente para distribuidoras se sumarán así a estos mayores precios de la energía.

Los políticos capitalistas se han mostrando como un fracaso para resolver el vaciamiento energético del país. La única manera de terminar con este desfalco es poniendo bajo control de los trabajadores toda la política energética. La estatización de todo el complejo energético permitiría planificar, de forma centralizada, la inversión que se necesita para que tengamos un servicio eléctrico acorde a las necesidades de las mayorías populares.

https://prensaobrera.com/politicas/filas-eternas-y-pagina-saturada-la-inscripcion-para-cobrar-el-bono-revela-un-derrumbe-social

https://prensaobrera.com/politicas/precios-justos-no-frenara-la-inflacion-pero-garantiza-negocios-con-la-brecha-cambiaria

https://prensaobrera.com/politicas/ganancias-la-impostura-antiobrera-de-los-cortesanos-y-jueces