La Canasta Básica Alimentaria que mide el Indec avanzó un 7,1% en el alza de precios, acumulando una suba interanual del 89% y complicando aún más la mesa de las familias obreras y el funcionamiento de miles de comedores populares en todo el país.

Esta canasta supone la integración de los alimentos “indispensables” para la nutrición elemental de las personas, y contiene productos varios como pan, harina, arroz, algunas pocas verduras y frutas, lácteos, legumbres, bebida, condimentos y algo de carne.

Los alimentos y bebidas no alcohólicas se encuentran entre los productos que más empujaron la suba del Índice de Precios al Consumidor (IPC) del mes de septiembre, ubicándose en el 6,7%, por arriba de la inflación promedio del 6,2%.

En el rubro de los alimentos frescos se destacan las subas en el tomate redondo (46,5%), cebolla (24,7%), manteca (23,9%), papa (17,6%), zapallo (16,1%), batata (15,4%), azúcar (13,4%), manzana (12,8%), leche en polvo (12,3%), hamburguesas (11,5%).

Muchos de estos productos son indispensables a la hora de pensar en una buena alimentación y para el funcionamiento de los comedores populares, donde se complementa la escasa oferta provista por el Estado, con el esfuerzo y las actividades económicas que organizan las organizaciones sociales y piqueteras.

Cabe señalar que hace algunos días el propio exministro de Desarrollo Social, Juan Zabaleta, tuvo que explicar ante la consulta de la diputada nacional el Partido Obrero y el FIT-U, Romina Del Plá, por qué el Estado con cumple con la variedad de más de 20 productos comprometidos a los comedores populares.

El exministro no tuvo más que decir que las empresas de la alimentación no le venden al Estado porque prefieren exportar y hacer mayores ganancias. Si el Estado “no tiene condiciones” para negociar los precios de los alimentos ¿qué le queda entonces a las familias obreras?

Con esta realidad no llama la atención la estadística que ubica a más de la mitad de los chicos de país en la pobreza y muchos de ellos en la indigencia, donde más de 4 millones de personas no logran satisfacer una dieta alimentaria mínima.

En este contexto, el “IFE 5” de $45.000 en dos cuotas no llega ni a cubrir el valor de una canasta alimentaria familiar en $56.732, por lo que no llega ni al calificativo de paliativo para combatir el hambre y la indigencia. Mientras que el salario mínimo y la jubilación mínima, de los que dependen millones de trabajadores y jubilados, se encuentran por debajo de este umbral de indigencia.

Para terminar con el hambre necesitamos medidas urgentes, como el aumento del salario mínimo y las jubilación mínima por arriba de la canasta básica y la provisión de alimentos, en calidad y cantidad necesaria, a los comedores populares; así como una recomposición general de los salarios por arriba de la canasta familiar, que casi asciende a los $200.000.