El gobierno anunció un aumento del 40% en el monto de la Tarjeta Alimentar. Con el nuevo incremento, el subsidio estatal quedará en $12.500 para quienes tienen un hijo, embarazadas o hijo con discapacidad; $19.000 para las personas con dos hijos y $25.000 a los que tengan tres hijos o más, cuando la canasta básica alimentaria (CBA) que mide el Indec alcanzó $62.106 para el mes pasado.

En octubre la CBA aumentó un 9,5%, consagrando un aumento del 88,4% en los primeros diez meses del año y 100,8% en términos interanuales, es decir duplicó su valor con respecto al mismo mes del año pasado. Todos índices que superaron a la inflación general, ya que esta varió 6,3% en octubre, 76,6% en el acumulado 2022 y 88% interanual. Así, el rubro alimentos sigue liderando la estampida inflacionaria y complica sobre todo a las familias trabajadoras y a los comedores populares.

El gobierno, por su parte, es el principal responsable de este desmadre inflacionario en el precio de los alimentos, porque atiza el encarecimiento de los mismos mediante políticas en favor del agronegocio, por ejemplo, como el dólar soja. Esta cotización preferencial que le otorgó Massa a las exportaciones encareció los precios de los alimentos en el mercado interno y ahora el ministro promete una segunda edición. Por otra parte, la iniciativas oficiales en pos de contener los precios de los alimentos, tales como los fideicomisos del aceite y del trigo o las regulaciones en las góndolas, han fracasado una por una.

En paralelo, el equipo de Massa ajustó en diez meses un 7,9% en las políticas alimentarias, las cuales incluyen el recorte canallesco en la partida de alimentos destinada a los comedores populares, mientras deja que los montos de las prestaciones y programas sociales pierdan constantemente contra la inflación, con lo cual cada vez sirven menos a la hora de paliar el hambre de los sectores más vulnerables.

Es el caso de la Tarjeta Alimentar (para familias con dos hijos), en octubre del año pasado se podía comprar con ella el 29% de los productos de la canasta alimentaria, y, al cabo de un año, solo alcanza para pagar el 21% de estos. Esta pérdida del poder de compra de la asistencia estatal da la pauta de hasta qué punto el oficialismo se vale de la escalada inflacionaria para licuar el gasto público y perseguir las metas de ajuste del FMI.

A esto se suma la destrucción de los ingresos populares, resultado del reguero de paritarias a la baja y la extensión del trabajo informal que han consagrado las patronales, con la anuencia del gobierno y la burocracia sindical. Este mismo pacto antiobrero se evidencia en las cifras irrisorias del salario mínimo, que hoy se halla en $57.900, por debajo de la línea de indigencia de octubre, al igual que lo estará la jubilación mínima en el mes de diciembre, con aumento y bono incluido.

Con esta realidad no llama la atención la estadística que ubica a más de la mitad de los chicos de país en la pobreza y muchos de ellos en la indigencia, donde más de 4 millones de personas no logran satisfacer una dieta alimentaria mínima. Por este motivo la Unidad Piquetera se encuentra movilizando al Ministerio de Desarrollo Social, reclamando la entrega de alimentos a los espacios comunitarios y luego se movilizará al Ministerio de Trabajo, en el marco de la reunión del Consejo del Salario Mínimo, por un salario mínimo de $139.738, por el 82% móvil para las jubilaciones y por trabajo genuino y por convenio.

Quienes nos gobiernan imparten la doctrina del hambre, en beneficio de los capitalistas y el Fondo Monetario. Sobran los motivos para que irrumpa un paro nacional y un plan de lucha en Argentina.

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